Con el título “Medidas cautelares comunidad Royal” se presentará hoy en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para postergar el desalojo fijado por la Justicia para el 14 de agosto y evitar una salida de las 39 familias y 151 habitantes del edificio Royal -sito en Andes 1342, esquina 18 de Julio-, cuya “población está integrada por migrantes provenientes de Perú, Bolivia y República Dominicana”.

El escrito, firmado por la abogada Valeria España en representación de los implicados, establece que “debido a la inminencia del desalojo y con la intención de que ésta sea una medida de protección para evitar la vulneración masiva de derechos fundamentales se solicita muy atentamente se interpongan medidas de carácter urgente para prevenir la irreparabilidad de los daños que esta situación puede generar”. “El otorgamiento de medidas cautelares permitiría a los habitantes encontrar una alternativa de vivienda posible de manera coordinada con el Estado”, agrega el pedido, que reseña el periplo judicial (fallo de primera y segunda instancia que dispone el desapoderamiento del bien).

“Desde el mes de mayo, incluso antes de la notificación del fallo del Tribunal de Apelaciones, los vecinos realizaron gestiones y diversas solicitudes para encontrar una solución habitacional alternativa, pese a lo anterior no existió por parte del Estado disposición para la coordinación de una instancia de consulta y diálogo”.

En este sentido, se hace un racconto de los caminos recorridos por la comunidad Royal. El último los condujo a la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuyos integrantes exploraron la posibilidad de “postergar la notificación de 
desalojo sin que sus gestiones tuvieran éxito o una respuesta distinta a la recibida por los propios vecinos”. “Como última medida, el 25 de julio de 2014 se llevó una carta al presidente, José Mujica, pidiendo una audiencia, pero a la fecha no se tuvieron novedades”.

Este proceso se enmarca dentro de la liquidación de la anterior firma propietaria del inmueble, Airenor SA, que lo empezó a construir a fines de los años 80, pero que nunca lo terminó porque su titular fue extraditado a Estados Unidos por integrar una red de lavado de dinero proveniente del cártel de Medellín. Disuelta la sociedad e identificados los acreedores, el nuevo propietario, Ifamar SA, impulsó “la entrega de la cosa”, que el 11 de junio, con el dictamen de segunda instancia y ahora con la fecha de desalojo fijada, espera que se concrete para comenzar a desarrollar los proyectos inmobiliarios que tiene previstos.

“Los vecinos asumen que tienen que salir del lugar para no entorpecer el dictamen judicial, sin embargo requieren tiempo para encontrar otra alternativa y evitar ser desalojados en pleno invierno, a la mitad del ciclo escolar (lo cual afecta severamente a los 50 niños y niñas que allí viven) y sin los resguardos suficientes para coordinar un permiso especial en los lugares de trabajo y gestionar las mudanzas pertinentes. Estas condiciones supondrían riesgos adicionales como la pérdida del empleo en el caso de jefes y jefas de hogar y dificultad para asistir a clases en el caso de niñas y niños en edad escolar”.

España explicó a la diaia que una vez que se oficialice el ingreso de la solicitud la CIDH debería pronunciarse antes del próximo jueves, e indicó que la semana que viene la comisión estará sesionando en México, lo cual facilitaría el abordaje del caso.