Si bien en el global de casos definidos como intoxicación en ese período (2.602) los relativos a los plaguicidas son bajos (73, lo que representa 2,8%), la encargada del CIAT, la toxicóloga Amalia Laborde, precisó que la cifra es producto de las consultas recibidas y no de un trabajo de campo en las comunidades que en los últimos años han denunciado públicamente problemas respiratorios, alergias, dolores de cabeza y erupciones, entre otros, por la llamada “deriva” de los productos que se aplican durante la temporada de soja transgénica.
Notifíquese
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) comunicó ayer a los vecinos de Villa Ituzaingó que había dado curso a la denuncia telefónica recibida en abril por “fumigaciones con herbicidas y trilla continua de soja desde el 25/4 al 27/4”, durante la cosecha de la oleaginosa. La comunicación añade que “todos los aspectos denunciados por los vecinos referidos a las consecuencias de la cercanía del cultivo de soja en el predio rural ex Linares serán analizadas a través del expediente 2014/14000/7969”, en el que se tramita la solicitud hecha a la Dinama para que declare a Villa Ituzaingó “no apta para la soja”, iniciativa que contó con el respaldo de 400 firmas (más de la mitad de los habitantes del lugar). En agosto está previsto que el organismo convoque a una jornada de intercambio en Villa Ituzaingó, con la participación de referentes de otras instituciones públicas para abordar el tema integral y coordinadamente.
En este sentido, Laborde contó a la diaria que en el marco de los acuerdos de complementación que ha suscrito el CIAT con el Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) -que implican exámenes periódicos a los funcionarios-, se planteó la posibilidad de financiar un programa que apunte a estudiar el tema mediante el rastro de metabolitos de plaguicidas en la orina de los afectados, y a partir de esos resultados valorar el nivel de presencia en el organismo.
Justamente, de la investigación del CIAT, concluida y presentada en setiembre de 2013 en el XVIII Congreso Argentino de Toxicología, se desprende que “si bien el análisis clínico de los casos estuvo fuera de los objetivos de este estudio, los resultados permiten identificar casos y circunstancias de intoxicación para investigaciones clínicas futuras. Los resultados obtenidos permiten orientar nuevos estudios epidemiológicos, actividades de prevención y priorizar intervenciones de comunicación de riesgos e información a la población”.
El mapeo de las situaciones hecho por la dependencia universitaria establece que Rocha, con una tasa de 17,16 casos de intoxicación por cada 100.000 habitantes; Soriano, con un índice de 14,66; Lavalleja, con 14,44; y Florida, con 14,37, son los departamentos con mayor casuística, mientras que en el otro extremo aparecen Montevideo (4,39), Canelones (7,65) y Maldonado (7,85).
El informe también especificó, según la región del país, cuáles fueron los principios activos hallados en esos 73 casos de contaminación ambiental por plaguicidas, entre 110 agentes distintos. Los que más se repitieron fueron el glifosato (seis departamentos) y la cimerpetrina (en otros seis), ambos usados en las fumigaciones de cultivos de soja.
Qué paquete
Al igual que lo han marcado referentes académicos de la región, a medida que pasan los años la situación tiende a complejizarse, ya que las plagas que se quiere combatir también van mutando y aumentando su resistencia a los químicos. “Pasa lo mismo que ocurrió en el ser humano cuando se descubrió la penicilina: se usaba para todo, hasta curaba infecciones. Pero hoy, ¿para qué se usa?”, se pregúnto la toxicóloga grado 5 de la Facultad de Medicina Mabel Burger, ex directora del CIAT. “Hoy en todos los congresos médicos, el gran tema es la enorme resistencia bacteriana a los medicamentos”, graficó la académica en diálogo con la diaria, para luego indicar que con los demás organismos vivos pasa lo mismo.
Laborde, ex compañera de equipo de Burger y quien la relevó al frente del CIAT, precisó que los llamados “paquetes tecnológicos” empleados en los cultivos refieren a una combinación de productos químicos, lo que dificultaría establecer, llegado el caso, cuál de ellos provocó un trastorno de salud.
Tanto Burger como Laborde lamentaron el atraso que lleva el país en estudiar sistemáticamente estos fenómenos. Creen que si se hubiera empezado cuando se conocieron las primeras denuncias de vecinos, hoy habría elementos científicos para aportar a un debate que, actualmente e incluso sin ellos, está ganando espacio en la sociedad civil y organizaciones, aunque no tanto en los medios masivos de información. Si bien no existen trabajos que se hayan concentrado en la situación de los habitantes de pueblos fumigados, sí existen en el ámbito local numerosas pesquisas, algunas de ellas de las décadas del 60 y 70, y la mayoría de 2000 a la fecha.
En muchos el objeto de estudio son los trabajadores involucrados, mientras que otros se enfocan directamente en los alimentos. Con base en este tipo de informes es que se han ido adoptando medidas correctivas, especialmente en materia de seguridad laboral y cuidado de medio ambiente en las zonas o sectores sometidos a estudio. Más recientemente, y en virtud de la literatura internacional acumulada, la Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a realizar exámenes periódicos de los vegetales que se consumen en la capital. El último, correspondiente a 2013, indicó que “10% de las muestras de frutas y hortalizas disponibles en el mercado uruguayo presentan residuos de plaguicidas que superan los límites máximos establecidos por la Unión Europea”, más exigente que la normativa local.
La dimensión
En marzo de 2009, la entonces ministra de Salud Pública María Julia Muñoz le puso la firma a un decreto basado en “la necesidad de reglamentar la vigencia sanitaria de los trabajadores expuestos a los diferentes factores de riesgo laborales”, estableciendo “el esquema básico referente a los diversos factores de riesgo químicos y físicos, los respectivos controles y análisis médicos”. Para los trabajadores expuestos a “plaguicidas inhibidores de la enzima colinesterasa (órganofosforados [OF] y carbamatos)” se ordenaron “al menos dos controles anuales”, el primero “durante la exposición o dentro de los tres días posteriores” y el restante “durante el período de descanso anual, sin exposición”.
La piel del otro
El 22 de mayo de 2012, la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (Rapal) acompañó a comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a Walkiria González, afincada en Costas de San Francisco, Paysandú, quien se declara víctima directa de la deriva de los productos fitosanitarios: “Estoy sufriendo unas 12 o 13 fumigaciones con mosquito [nombre con el que se conoce a los tractores con los que se fumiga] por año. Mi casa tiene disposición urbana, y esto se está realizando frente a mi casa, a menos de diez o 12 metros. He hecho todas las gestiones necesarias ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente -hay expedientes- y otros vecinos han hecho las denuncias ante ese organismo. Concretamente, desde 2008 nos estamos moviendo -solicitamos audiencia con la Junta Departamental, pedimos que se incorporara la inquietud a Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con relación al proyecto de Paysandú-, pero no ha pasado absolutamente nada; está todo encajonado, todo quieto, todo guardado, en la dulce espera”.
“El problema es que las fumigaciones se suceden. En este momento, creo que estoy soportando la fumigación número 51 o 52. En 2008 comencé a evidenciar síntomas de trastornos neurológicos. Hice las consultas pertinentes en la mutualista y me hicieron estudios de todo tipo, tamaño y color. Lo único que se encontró, concretamente, fue que en el sistema nervioso tenía niveles muy bajos de una sustancia neurotransmisora, la serotonina. Probaron darme, en forma experimental, una sustancia que compensara esa atrofia, ese hipofuncionamiento -no sé cómo llamarlo-, la poca presencia de esa sustancia en mi sistema nervioso, y me dieron paroxetina -Blifedan o Paroxet-, que es una sustancia sintética. No evidenciaba ningún cuadro depresivo, pero sí tenía trastornos cognoscitivos y del sistema nervioso. No tengo ningún problema emocional que me haga pensar que sea la causa de eso. Cuando fumigaban comenzaba con temblores muy extraños -parecía que tenía Parkinson-, tenía dormideras en el cuerpo y el ritmo cardíaco se detenía de manera repentina y sin ninguna razón. Eso también me sucedía cuando no estaba realizando ninguna actividad. A partir de ahí pude establecer patrones que me hicieron sospechar, por primera vez y después de varios años, que quizás todo esto estuviera relacionado a que yo estaba muy directamente expuesta a las fumigaciones”.
Finalmente, contó que está siendo tratada “por estos problemas y costeando análisis y medicación con mis propios medios. No sé qué consecuencias pueda traer esto a mis hijos. El señor que realiza estas fumigaciones ha sido sancionado por el MGAP, pero ha continuado fumigando, inclusive en horarios nocturnos para que no lo vean”.
Esta preocupación de la jerarca respondía al nuevo escenario del país, muy diferente del de una década atrás, cuando aún no se percibían como un problema los factores asociados a la decisión que tres años antes había tomado la División de Protección Agrícola del MGAP al aprobar la soja Roundup Ready (RR), conocida así por su resistencia al glifosato. En 1999 Uruguay fue sede de un taller sobre el uso seguro de plaguicidas en países del Mercosur, denominado “Registro armonizado de casos y de productos para toxicovigilancia y prevención de intoxicaciones por plaguicidas”.
La delegación uruguaya presentó un estudio epidemiológico de las intoxicaciones por plaguicidas, fase piloto de un proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Armonización de Registro de datos de la exposición humana a plaguicidas. El informe comenzaba diciendo que “la intoxicación aguda por plaguicidas y el estudio de poblaciones expuestas a los mismos ha sido objeto de numerosos estudios en Uruguay en los últimos 20 años”, aunque reconocía que “hasta el momento actual no se han realizado estudios epidemiológicos para el estudio de la distribución y determinantes específicos de dicha exposición”. En este punto la situación es la misma, en el sentido de que se tienen datos sobre casos “consumados”, pero no hay series históricas que confirmen o descarten secuelas en habitantes de zonas como Guichón, de las primeras que sintieron el auge de la agricultura extensiva.
Para el trabajo se analizaron retrospectivamente 439 historias clínicas de pacientes de todo el país; 43% de los casos correspondió a la capital y 9% a Canelones. Del total, las principales causas de la exposición fueron: 59,2% accidental, 21,9% ocupacional y 18% intencional. De los 260 casos accidentales, 173 (66,5%) correspondieron a exposición a insecticidas y 46 (17,6%) a exposición a rodenticidas. Las exposiciones ocupacionales correspondieron en 55 casos a insecticidas y en 11 a herbicidas. Entre los insecticidas se estableció el predominio de los OF y piretroides, especialmente a nivel accidental y ocupacional.
En aquel entonces, la técnica de la OMS Jenny Pronczuk de Garbino hacía hincapié en que el tema de los plaguicidas exigía una estrategia de toxicovigilancia, definida como “un proceso dinámico y permanente de identificación de riesgos para la salud humana por exposición a sustancias químicas, seguido de notificación a las autoridades competentes a efectos de iniciar acciones para la reducción de riesgos y su prevención”.
Degeneración en generación
La incidencia de los OF en la casuística y el riesgo sanitario potencial determinaron el plan de vigilancia fijado para los trabajadores en contacto con esos productos, causantes de 80% de las intoxicaciones en el mundo. “Son sustancias clasificadas químicamente como esteres (proceden de condensar ácidos con alcoholes) y se nombran como sales del ácido del que provienen derivados del ácido fosfórico y ácido fosfónico utilizadas como plaguicidas para el control de insectos; son biodegradables, poco solubles en agua y muy liposolubles, su presentación más frecuente es en forma líquida. La intoxicación aguda por OF ocurre después de exposición dérmica, respiratoria u oral a estos plaguicidas”, escribió la magíster en Toxicología colombiana Myriam Gutiérrez de Salazar, coordinadora del Centro de Información y Asesoría Toxicológica de la Universidad Nacional de Colombia.
El relato sobre los trastornos experimentados por las personas que habitan pueblos fumigados en Uruguay son consistentes con los descritos en otros países y reconocidos como probables en las advertencias que los productos incluyen en sus envases, tales como diarreas, alergias, erupciones, problemas respiratorios y cefaleas, entre los principales. Por el contrario, no está cuantificado ni aceptado unánimemente, al menos en el país, cuáles son los impactos y problemas asociados por la exposición sistemática a largo plazo, salvo los propios testimonios de los afectados documentados en trabajos de campo de organizaciones sociales, blogs, redes sociales o instituciones públicas como el Parlamento (ver nota vinculada).
Existen, sin embargo, estudios e investigaciones internacionales, usadas como referencias en trabajos locales, sobre esas otras consecuencias. Por ejemplo, una de las profesionales que se han dedicado en su carrera a este tema es Carmen Ciganda, ex integrante del CIAT y directora de la División de Salud Ocupacional y Ambiental del Ministerio de Salud Pública (MSP) desde 2005, lugar desde el que hoy tiene a su cargo la ejecución de programas relacionados con este fenómeno. En diciembre de 2002, por ejemplo, en el marco de un taller sobre salud y medio ambiente organizado por la IM, la especialista aportó nociones básicas sobre el tema, señalando que si bien las sustancias químicas son indispensables porque controlan y previenen enfermedades en los cultivos e incrementan la productividad agrícola, “dañan la salud y contaminan nuestro ambiente”.
En este sentido marcó que la contaminación es inherente al desarrollo humano y que “los efectos más graves ocurren cuando la entrada de sustancias al ambiente rebasa la capacidad de los ecosistemas para asimilarlas o degradarlas”. Lo mismo sucede con el cuerpo humano, comparó. “Todos estamos expuestos a tóxicos químicos”, y la magnitud del daño depende de la cantidad, duración y frecuencia de la exposición, toxicidad y sensibilidad individual. También inciden el sustrato que provoca la contaminación (agua, aire, suelo, alimentos) y la vía de exposición (respiratoria, oral, dérmica, transplacentaria y lactancia), y la especialista precisó que “90% de las intoxicaciones agudas y efectos crónicos ocurren en países subdesarrollados”. Entre ellos enumeró leucemia, aborto, malformaciones, irritación local, alteraciones respiratorias e incluso la muerte.
Previo a su ingreso al MSP, Ciganda había puesto el ojo en la salud sexual y reproductiva, tal como resumió en una de sus publicaciones, titulada “Riesgo químico y daño reproductivo relacionado a la exposición laboral con plaguicidas”. Allí plantea que “la mujer ha ido tomando un rol fundamental al formar parte de la fuerza de trabajo en el sector agrícola, siendo empleada fundamentalmente en invernáculos y en la recolección y manipulación de frutas, donde la contaminación puede alcanzar niveles elevados por el tipo de ambiente donde se desarrolla, con escasa ventilación”.
“La toxicología reproductiva tiene algunas características que le dan una singularidad especial: envuelve a la pareja y no sólo a un individuo, y suele ser ignorada en su dimensión hasta tanto no es buscado el embarazo. Numerosos trabajos han demostrado la relación entre la exposición a plaguicidas y alteraciones reproductivas tales como alteraciones de la fertilidad femenina y masculina, aborto, pretérmino, pequeño para la edad gestacional, malformaciones, bajo peso al nacer y óbito. Sin embargo, a nivel nacional no existe hasta el momento ningún estudio que valore la repercusión de los plaguicidas contaminantes del ambiente de trabajo y/o medio ambiental, sobre la salud reproductiva de la pareja expuesta”.
La académica incluye reseñas de los fenómenos más conocidos, vinculados a trastornos en la fertilidad masculina y en la femenina, en el embarazo y desarrollo, carcinogénesis transplacentaria y período posnatal, asociadas a plaguicidas.