El rectorado de Rodrigo Arocena inauguró una serie de medidas que están reformando la Universidad de la República (Udelar). Cuál es el número de la reforma, no sé. Algunos le llaman la Segunda.

Lo que sé es que, como proceso social, siete años (con los descuentos) son insuficientes para consolidar los cambios, y es riesgoso evaluarlos y sacar conclusiones.

En estos años, con antecedentes fundacionales del rectorado del ingeniero Rafael Guarga, se ha vivido en el interior un proceso que podríamos calificar de histórico e innovador. Histórico porque la Udelar empezó a pagar la deuda que tiene con todos los jóvenes del país, a quienes escasamente llegaba. A mí esto me importa. Porque si queremos pensar un país capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI, tenemos que pensar en que su gente acceda o tenga la oportunidad de acceder a la educación terciaria y superior, y en que siga estudiando durante toda la vida. Esto es básico, es un derecho humano y una necesidad nacional.

También es histórico porque, por primera vez, la Udelar contó con un presupuesto que permitió hacerlo. Pero uno puede tener plata y quemarla en fuegos de artificio. Esta vez la Udelar, con toda responsabilidad, trazó primero los lineamientos políticos generales y los particulares de cada región, y luego se abocó a llevarlos a cabo. Sin ningún piso ni colchón de presupuesto histórico, desarrolló un proyecto institucional que no sólo requiere recursos humanos capacitados al más alto nivel, sino también equipamiento y edificaciones especializadas, algunas de las cuales no existían en el país hasta el momento.

Y están cambiando la fisonomía y la vida de las ciudades donde se ha instalado. Basta recorrer Rivera, Salto, Rocha o Tacuarembó para constatar que, entre otras cosas, ha cambiado el valor de las propiedades inmobiliarias, se han movilizado emprendimientos comerciales y de servicios y se ha impulsado la actividad cultural. Eso lo dice la gente. Y uno ve en Paysandú bandadas de muchachos en bicicleta, y en Tacuarembó grupos de jóvenes arremolinados en las esquinas. Ésos son efectos “secundarios”, que de todos modos ningún intendente desconoce. Lo central es que se ha comenzado a construir en el interior del país una institucionalidad de educación superior que no se cierra en sí misma sino que se abre a los territorios, operando como otro agente de desarrollo.

La otra característica es que ha sido un proceso innovador. Se ha ensayado e innovado en varios componentes: en la integración de los órganos de cogobierno, en las modalidades de enseñanza, en el uso de los recursos, en la complementariedad entre instituciones, en los procedimientos de gestión. Cosas tan instrumentales como habilitar el voto por videoconferencia, o tan académicas como definir una región educativa o inaugurar campus conjuntos con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Tacuarembó, Treinta y Tres) o la Administración Nacional de Educación Pública (Rivera). Hace cinco años se hizo el primer llamado a grupos de investigación (Polos), y en la mayoría de los casos los docentes hoy se encuentran produciendo conocimiento, en áreas pertinentes a las regiones y en interacción con otros servicios universitarios o instituciones. Hay problemas, por supuesto: laboratorios en construcción, licitaciones desiertas, grupos que no están completos, docentes que han tenido dificultades para insertarse, procedimientos de gestión tan engorrosos que nos comen gran parte del tiempo. Cada persona tiene una historia; las hay exitosas y de las otras.

Pero en la Udelar no se cuestiona la política de los Polos, que coloca a la investigación como función troncal. Se cuestiona, con clara intencionalidad, el bajo nivel de las dedicaciones totales, cuando se sabe que fueron evaluadas por la misma comisión con que se evalúan las de Montevideo, con los mismos criterios. Las principales críticas al programa del interior durante este debate se focalizan en la enseñanza, justamente la función más demandada por la población, la que reclaman tirios y troyanos. Esa función es la que se señala como de baja calidad académica. ¿Qué indicadores se usan para decir esto? ¿El número de estudiantes cursando? ¿El número de egresos? ¿Los docentes? Que se ha diversificado mucho la oferta y hay carreras nuevas que nadie conoce, dicen algunos. Que hay carreras tecnológicas con bajo número de alumnos, dicen otros. Que se repiten las mismas carreras de siempre y no precisamos más médicos ni abogados. Que los profesores viajan desde Montevideo. Que no se ha contribuido a disminuir la masividad en la capital. Todo esto se ha oído.

Podría ensayar algunas respuestas. Que ampliar la oferta educativa terciaria y superior fue uno de los objetivos del plan porque faltan muchos perfiles de formación en el país, y algunos creyeron que no había que repetir lo que ya se hace en Montevideo. Que hay carreras con bajo número de alumnos porque, además de una desafiliación importante, como ocurre en toda la Udelar, en el interior son pocos los bachilleratos científico- tecnológicos, y menos los muchachos que los cursan. Que al norte del río Negro vive sólo 7% de los médicos. Que los profesores viajan desde Montevideo porque en muchas disciplinas no hay capacidades locales. Y que siete años no son nada.

Detenerse para evaluar y empezar por el interior “antes de la nueva solicitud presupuestal”, como dijo el profesor Roberto Markarian en Paysandú, genera incertidumbre en un proceso que es muy incipiente: la nueva carrera de Química Agrícola está por su tercer año; la de Veterinaria completa en el interior del país, también. Evaluar el interior desde una unidad central, como si no tuviéramos órganos cogobernados capaces de autoevaluar el proceso, o la propuesta de un prorrectorado para el interior sin representación del interior me suena a ninguneo. ¿No hay otras cosas que evaluar en la Udelar? ¿Sólo la política en el interior merece ser evaluada con rapidez? No digo que no haya que evaluar ni que todo esté bien. Pero otra cosa es evaluar por resultados antes del pedido presupuestal.

Rico ha acompañado las decisiones políticas como delegado en el Consejo Directivo Central. Levantó la mano para acompañar las políticas institucionales, y hoy es consecuente con aquel voto. “Evaluar andando”, dice. “Detenerse sería retroceder”, agrega. “Hay que renovar y actualizar los consensos”, proclama. Y todo eso me compromete como universitaria, porque nos remite a la dimensión colectiva del gobierno. Dimensión que defendemos desde una concepción latinoamericana de Universidad y de la educación como derecho. Una Universidad de la República que llegue a toda la República no es una mala idea.

*La autora fue directora del Centro Universitario de Paysandú (2003-2014) y presidenta de la Comisión Gestora de la Descentralización/ Comisión Coordinadora del Interior (2005-2007).