“El problema es real, existe, y demostración de eso es que estamos acá, escuchándolos, para tomar elementos que nos sirvan para mejorar lo que ya existe o proponer nuevas acciones”, dijo el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, ayer en la localidad maragata de Villa Ituzaingó, cuya población había respaldado con 250 firmas una carta en la que pedían que la zona sea declarada no apta para el cultivo de soja. Denuncian haber sido afectados en la salud por los efectos de los plaguicidas utilizados en unas 250 hectáreas de campo que lindan con el inicio del poblado.
La instancia de ayer fue coordinada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que concurrió con su titular y varios funcionarios técnicos, pero también participaron el director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Inocencio Bertoni, la directora de Recursos Renovables de esa cartera, Mariana Hill, y José Carlos Bisensang, director de Higiene de la Intendencia de San José (ISJ), junto con una funcionaria de la comuna. La cita era para las 17.30 en el salón parroquial y comenzó media hora después, cuando una treintena de vecinos ocupó sus lugares.
Recién sobre las 21.00 y tras aplausos de uno y otro lado se dio por terminada la jornada, que fue valorada como muy importante, aunque la primera hora había sido complicada de transitar. Sobre todo porque al tema convocante se sumaron otros (la existencia de un vertedero a la entrada de la villa, por ejemplo) que no estaban en el orden del día, y por el mal relacionamiento que parecía haber entre las personas que fueron al encuentro y el jerarca comunal, que se retiró sobre las 19.00, provocando malestar en el público. Sin embargo, antes de irse dijo cuál era la línea de acción que pensaba recorrer su dependencia.
Bisensang afirmó que la ISJ estudia solicitar medidas cautelares para evitar que en la próxima temporada pase lo que en los últimos años, en los que se registraron denuncias de problemas de salud de los habitantes de la villa, mortandad de abejas, daños a huertas y frutales de la zona, entre otros trastornos.
Sobre el cierre de la reunión, Silvia Lorente, otra funcionaria de la comuna, en este caso de Ordenamiento Territorial, explicó que se evalúa una posibilidad que no está madura aún: delimitar la zona en la que se pueda plantar -y por lo tanto, fumigar- hasta que exista un plan de ordenamiento territorial general que establezca cuáles actividades se pueden desarrollar en Villa Ituzaingó, en una línea similar a lo que ya hizo la ISJ al regular la forestación y la minería en el departamento, a la espera de que se concrete el plan macro.
Otra de las novedades que surgieron ayer en el salón parroquial fue dada por el propio Rucks. El jerarca explicó que la ida a Ituzaingó se había decidido para tomar contacto directo con los vecinos, tras concluir que lo que ellos denuncian y reclaman se repite en muchas localidades de todo el país. Dijo que la intención es reunir insumos que fundamenten la necesidad de impulsar nuevas normativas legales que contemplen estas demandas y estén alineadas con el desarrollo agrícola que ha tenido el país en la última década, y que, dijo Rucks, explica en buena medida “el aumento de las denuncias ambientales que hemos registrado en los últimos años en la dirección”.
En este sentido, el jerarca realizó otro anuncio vinculado al tema. Dijo que para evitar lo que pasó en Ituzaingó (la denuncia les llegó cuando ya no podían comprobar científicamente el daño eventual al ambiente por los plaguicidas) se creó la semana pasada una división especial, a cargo de Laura Bertoni, para recibir dudas, quejas y denuncias online. Para poder hallar los rastros de los productos químicos es necesario tomar muestras antes de las 72 horas de aplicados; en caso contrario no se puede establecer conexiones. Se indicó que en el portal del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ya hay disponible un formulario para hacer los planteos, siguiendo una serie de indicaciones que orientarán el trabajo de los técnicos de dicha unidad.
Toda esta información surgía a medida que los vecinos contaban su experiencia personal. Bertoni aseguró que tanto su repartición como todo el ministerio que integra fomentan y respaldan el desarrollo agrícola, y que ese desarrollo explica el crecimiento económico de Uruguay en los últimos años, fenómeno que definió como beneficioso para todos, aunque aclaró que esto no puede ser a costa de la salud de las personas. Llamó a los vecinos a que recurran a Servicios Agrícolas para alertar y exigir respuesta ante las violaciones de la normativa, que marcan que a menos de 300 metros de un centro poblado no se puede fumigar por vía terrestre, distancia que se amplía a los 500 metros cuando es por vía aérea.
Tanto vecinos como autoridades coincidieron en que este tipo de instancias debe servir para establecer vínculos directos que permitan un mayor control social y gubernamental, por ejemplo a partir de octubre, cuando se inicie una nueva temporada de soja. Asimismo, hubo coincidencia en que el gran ausente ayer fue el Ministerio de Salud Pública, ya que buena parte de las dudas y temores estaban vinculadas con la salud humana. Estaba presente la enfermera del centro de salud de la villa, pero en calidad de vecina, y dijo que ella misma había comprobado un aumento de casos de alergias en personas durante los meses de fumigaciones, y eso no podía ser casualidad.
