Mientras que en filas coloradas se ha cuestionado la falta de compromiso de los sectores del Partido Nacional (PN) que apoyaron la reforma constitucional que propone bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, los sectores nacionalistas que están en contra de la reforma comienzan a hacerse sentir cada vez con más fuerza.

Ayer, un grupo de dirigentes jóvenes del PN lanzó la comisión Blancos No a la Baja, con la presencia de algunos dirigentes de renombre, como el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, y los diputados Pablo Abdala, Miguel Otegui y Pablo Iturralde. También enviaron sus cartas de saludos una larga lista de dirigentes, entre los que se encontraba el propio candidato a la vicepresidencia del PN, Jorge Larrañaga, y los intendentes de Colonia y Lavalleja, Walter Zimmer y Adriana Peña, respectivamente, el diputado Jorge Gandini y la ex diputada Beatriz Argimón, que pertenece a Todos Hacia Adelante, el bloque de sectores del candidato presidencial Luis Lacalle Pou, que apoya la reforma. Durante el lanzamiento de la comisión, en una sala del Palacio Legislativo, podía verse a algunos jóvenes con materas en las que tenían pegotines con el logo que identifica al candidato nacionalista, “Por la positiva”.

Si bien este grupo funcionará de forma independiente a la Comisión No a la Baja, la declaración afirma que “promulgará el diálogo con todos los actores sociales que esta causa aúne”, y de hecho ayer estuvo presente la vocera de la comisión, Fabiana Goyeneche. Aseguran que la reforma “no es compatible” con la visión histórica del PN y que no sólo “no será una solución, sino que agudizará la problemática generando la exclusión de un sector etario y social”. La declaración está firmada por varios dirigentes juveniles, entre los que se encuentran el diputado suplente por Cerro Largo, Federico Ricagni, y el presidente de la Juventud del PN, Gonzalo Baroni.

Ricagni, uno de los voceros, expresó la necesidad de los militantes del PN de enriquecer el debate. “Se está dando un debate demasiado blando: ‘Ser joven no es delito’ contra ‘vivir en paz”, graficó. El dirigente de Cerro Largo recordó que en 2010 se hizo un acuerdo interpartidario por la seguridad y recalcó que la baja de la edad de imputabilidad no fue un tema consensuado. Luego se detuvo en las demás disposiciones que establece la reforma, asegurando que el sistema político aprobó el mantenimiento de los antecedentes penales durante algunos años de los menores que cometen delitos y que la creación del servicio descentralizado para atender la delincuencia juvenil ya está “en camino”.

El acto lo cerró Botana, quien dijo que si bien hay problemas de seguridad, invitó a preguntarse “si en realidad los jóvenes son la causa o si somos los padres, que no sabemos estar al lado de nuestros hijos ni darles los valores que les tenemos que dar”. El jerarca se preguntó si no debería sancionarse a los padres en vez de aumentar las penas a jóvenes, quienes, opinó, “sin dudas ignorarán lo que va a significar ese período de sanción en su vida”. Recordó que siendo diputado, presentó un proyecto junto con el ex fiscal Enrique Moller para que en casos de delitos cometidos por menores de edad “se diera la acusación automática en el tema de la omisión a los deberes a la patria potestad”, algo que, sostuvo, “obligaría a cada padre a cuidar a su hijo”.

Finalmente, Botana explicó que en la Intendencia de Cerro Largo viene llevando adelante un convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por el que jóvenes que estuvieron en conflicto con la ley aprenden un oficio en la comuna, bajo la supervisión de los directores de la intendencia, con un “plan de trabajo”. “Aprenden cómo funciona la intendencia, una función y la cultura del trabajo”, contó. Según dijo, todos los jóvenes que pasaron por el programa consiguieron trabajo en el mercado privado.

También hablaron la dirigente nacionalista Matilde Rodríguez Larreta y Geraldine Correa, supervisora de la división Convenios del INAU.