Los habitantes del inmueble emplazado en la céntrica esquina capitalina de 18 de Julio y Andes recibieron ayer los cedulones con la fecha dispuesta por el alguacil del Juzgado Letrado de Concurso de 2º Turno para que abandonen el lugar voluntariamente, so pena de ser sacados por la fuerza pública. Allí residen principalmente familias y personas de origen peruano, que se han establecido en el país y formado familias, tal como lo evidencian los más de 50 niños que integran la comunidad, la mayoría de ellos con doble nacionalidad.

“La gente tiene una angustia bárbara”, expresó Libio Infantas, que vive en el edificio, a este medio. Explicó que continuarán con las gestiones iniciadas hace varios meses para que aquellas familias o personas que no logren una solución habitacional antes del 14 de agosto puedan obtener apoyo para “no quedar en la calle”. Aseguró que intentarán “demorar el desalojo por lo menos hasta que termine el invierno”, pero aclaró que recién a partir de hoy empezarán a analizar qué caminos recorrer.

Por su parte, fuentes de la Institución Nacional de Derechos Humanos -que intervino en el caso a pedido de la comunidad del Royal- dijeron a la diaria que ayer varios de los vecinos se comunicaron para informar sobre los cedulones que habían empezado a llegarles. En este sentido, se indicó que hoy se llevarán a cabo gestiones e intercambios desde el organismo con los implicados para determinar el universo de personas afincadas en el lugar y cuáles tienen opciones reales de acceder a una vivienda. “Una vez que tengamos eso claro, nos moveremos con los ministerios e instituciones estatales que tienen programas habitacionales y con los cuales ya nos hemos reunido por este tema”, dijeron las fuentes. En este sentido se informó que la Defensoría del Vecino de Montevideo también se sumó como mediadora en esta etapa.

La contraparte

La notificación judicial también le llegó ayer al abogado Pablo Bárcena, abogado de Juan Lestido, cara visible de la empresa Ifamar SA, nueva titular del Royal y promotora de la desocupación. El profesional señaló a la diaria que “se están cumpliendo 32 meses desde que el juzgado dispuso la entrega de la cosa”, en referencia al fallo de primera instancia que había homologado los acuerdos entre algunos de los habitantes e Ifamar para hacer un desalojo consensuado, pero que quedaron sin efecto por diferencias surgidas entre los habitantes del lugar, y entre algunos de éstos y el abogado que los representaban y a quien acusaron incluso formalmente por pactar con Ifamar a espaldas de ellos.

Bárcena agregó que ese intento y uno posterior por alcanzar una salida negociada se frustraron, en la última ocasión porque “dos de los ocupantes no aceptaban las condiciones, y nuestra posición era que tenían que estar todos involucrados”. “La expectativa ahora es que la medida finalmente se cumpla”, remarcó el abogado, quien antes de la feria judicial menor (primera quincena de julio) había anunciando que ni bien se concrete el desalojo y su cliente tome posesión del lugar comenzaría a ejecutarse de inmediato el proyecto inmobiliario previsto.

La primera sentencia había sido apelada, y en junio se conoció el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil (TAC) de 3º Turno, que por unanimidad de sus tres miembros confirmó lo actuado por el juzgado interviniente, en el sentido de no reconocerles derecho alguno sobre el inmueble y avaló el proceso que derivó en la adquisición del edificio por parte de Ifamar. Culminado el período en el cual este dictamen podía ser recurrido ante la Suprema Corte de Justicia, y sin que los demandantes optaran por ese camino, hace diez díaz el TAC devolvió el expediente a la sede original, que retomó las actuaciones hasta desembocar en la nueva fecha para cumplir con la entrega del bien.