-¿En qué etapa de trabajo se está ahora?
-En la primera etapa nos concentramos en la rebaja del IVA. En estos días van a estar saliendo los otros dos decretos: el de la interoperabilidad de las redes de POS [Point of Sale] y el de la promoción para que los comercios puedan incorporar más POS. La segunda etapa tiene que ver con los temas vinculados a pagos de sueldos, jubilaciones y beneficios sociales, y el programa Ahorro Joven para Vivienda, que seguramente salga a principios de setiembre. La tercera tiene que ver con la reglamentación de algunos pagos que regula la ley, por ejemplo, la compraventa de inmuebles, de automóviles, el pago de alquileres y los pagos superiores a unos 5.000 dólares, que no se van a poder hacer en efectivo. Seguramente en fines de setiembre o principios de octubre esté la reglamentación de todos esos pagos. Después es necesario aterrizar eso y ver cómo se implementa. Lo que vemos hoy con la implementación de la rebaja del IVA es que, más allá de problemas muy puntuales que puedan haber existido, fue un éxito en el sentido de que estuvo todo preparado tecnológicamente, todos los equipos programados, para que esto funcionara.
-¿Están trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior (MI) para prevenir ciertos actos delictivos que pueden surgir ante esta nueva modalidad de uso de dinero?
-Sin duda, el hecho de plantearnos que es posible eliminar el efectivo -en ciertas transacciones o en ciertos horarios- va a permitir mejorar las condiciones de seguridad de muchísimas personas que hoy están expuestas, por ejemplo, los taximetristas. Puede pasar que la delincuencia migre hacia otras formas, por ejemplo, la clonación de tarjetas. No es un fenómeno frecuente, pero hay casos puntuales en los que a una persona le han hecho una transacción que no hizo, y esa transacción la cubriría el emisor. Por otro lado, si nos roban la tarjeta de débito o la perdemos, la tendencia que hoy ya existe -por ejemplo, con todas las tarjetas de débito Maestro [de Red BROU]- es que sólo se pueden utilizar si se conoce el PIN, el código de seguridad de cuatro dígitos. No todas las tarjetas de débito lo exigen hoy, pero la tendencia va en esa dirección. Sin duda, hay un antes y un después en materia de seguridad. Los fraudes y los robos van a seguir existiendo, pero, obviamente, con condiciones en términos de violencia física mucho menores a las actuales.
-¿Se van a flexibilizar las posibilidades de las empresas, como una forma de estimular más aun la formalización?
-Nosotros trabajamos para la formalización no sólo de las transacciones sino también en el mercado de trabajo. Lo que prevé la ley para cuando esté vigente el nuevo esquema de pago de sueldos [en forma plena a partir de mayo de 2017] es una norma de orden público, por lo que todo lo que se pacte en contra es como si no existiera. Si alguien no paga a sus trabajadores por medios de pago electrónicos, para mantenerlos en la informalidad, no sólo va a tener que pagar los aportes y las multas, sino que es como si el sueldo que le pagó al trabajador no lo hubiera pagado y, por lo tanto, el riesgo de informalidad para los empresarios aumenta muchísimo.
Por el lado de los comercios, que es el otro tema que hay que contemplar, se han establecido subsidios directos a los pequeños comercios: de 100% del costo del arrendamiento mensual de los POS durante el año pasado, de 70% este año y de 40% el año que viene. Además, se han promovido negociaciones y medidas a nivel de los emisores de tarjetas, para bajar significativamente el costo de los aranceles que cobran a los comercios. Cuando empezamos, en 2010, el arancel por usar una tarjeta de débito era de 7%, mientras que hoy el arancel máximo es 2,5%, y el compromiso de los emisores es que a medida que se extienda el uso de la tarjeta el costo siga bajando y converja a 1,5%. Una de las características del uso de los medios de electrónicos es que se generan economías de escala, es decir, que cuanto mayor sea el uso, el costo de procesar una nueva transacción es prácticamente cero, porque tiene mucho costo fijo, pero cuanto mayor es la cantidad de transacciones, el costo variable es menor. El compromiso y el acuerdo es que esa reducción en los costos se va a trasladar a los comercios. A esta altura, entonces, el principal obstáculo o freno para que los comercios utilicen medios electrónicos está en el costo de la formalidad, ya que los medios electrónicos generan más información sobre las operaciones que hacen los comercios y, por lo tanto, contribuye a formalizar la economía. La única forma de reducir el costo de la formalidad es bajando los impuestos, que es el camino que estamos siguiendo.
-¿Se aseguró la continuidad de la ley en un eventual cambio de gobierno? ¿Tuvieron diálogo con la oposición?
-El Frente Amplio [FA] ha demostrado con hechos que el compromiso respecto de los cambios y los beneficios que genera la ley es muy firme. Pero esta ley, incluida la rebaja del IVA, se aprobó en el Parlamento sólo con los votos del FA. La oposición no la votó. No hemos tenido conversaciones con ellos.
-¿Cómo se compone la estructura actual de transacciones? ¿Tienen alguna proyección a futuro?
-Hasta ahora la estructura de las transacciones era 85% en efectivo y cheque, 10% crédito, 4% con débito automático y 1% con débito. No nos hemos planteado un objetivo o una meta, pero pensamos que en los próximos dos años deberíamos llegar al porcentaje de uso de tarjetas de débito en el total del consumo privado del orden de 25%.
¿Cómo se compone la comisión que trabajó en la ley?
-Cuando comenzamos a trabajar se conformó una comisión integrada por representantes de todos los sectores que directa o indirectamente estaban involucrados: Banco Hipotecario, Banco República, bancos privados, empresas administradoras de tarjetas de crédito, AEBU [Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay], cooperativas de créditos y Banco Central [del Uruguay, BCU]. Como era una comisión grande y no era sencillo transformarla en un ámbito de trabajo, se reunió un par de veces en 2011. Fue más bien un ámbito de lanzamiento de la iniciativa. Después, eso se cambió por encuentros bilaterales; nos reunimos con CAMBADU [Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay], centros comerciales del interior, empresas administradoras de redes de pagos, como Abitab y RedPagos, cooperativas de consumo, ANDA y su sindicato. Fue un proceso muy dialogado a pesar de que algunos actores intentaron mostrar que se trabajó sólo con los bancos.
-¿Cuál fue la reacción de los bancos durante el proceso?
-En un momento, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay envió al MEF una carta en la que se calificaba a la iniciativa como un misil en la línea de flotación de la rentabilidad del sistema bancario uruguayo, afirmación que obviamente no compartimos, pero que de alguna manera muestra cuál fue la primera reacción de los bancos. Ahora que la ley está aprobada, estamos percibiendo un cambio respecto de esa visión crítica que tuvieron algunos actores en el proceso de discusión de la ley, hacia una actitud mucho más proactiva y positiva, en el sentido de aprovechar y potenciar las ventajas que la ley genera. Hay, no obstante, algunas excepciones, como la CNCS.
-¿Se está pensando ya en la campaña educativa?
-Cuando nos planteamos avanzar en la inclusión financiera, es fundamental avanzar en otras dos direcciones en paralelo: en la educación financiera y en la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros; si estas tres patas no van juntas, se complica. En esas dos áreas, el BCU, en virtud de su carta orgánica, tiene la obligación de implementar medidas. Hoy existe un portal del usuario de los servicios financieros [www.bcueduca.com], que brinda muchísima información por medio de mecanismos muy didácticos de comunicación, en lenguaje llano. También son importantes las ferias interactivas a nivel de escolares y liceales, en las que se trata no sólo de enseñar, de educar e informar a los más pequeños, sino también de que operen como una polea de transmisión de información hacia sus hogares.
Además, la Ley de Inclusión Financiera prevé que todas las instituciones que brinden servicios de pago de sueldos, jubilaciones, etcétera, tengan la obligación de proporcionar a las personas que solicitan esos servicios un conjunto de información mínima sobre cómo funciona el sistema financiero, cuáles son sus derechos, las precauciones que tienen que tomar, las características del sistema, y es el BCU el que, por ley, tiene la obligación de establecer cuáles son esos contenidos mínimos.
Desde el MEF hemos tratado de contribuir con la creación de un portal web [www.inclusionfinanciera.uy] en el que no sólo se explican los objetivos de la ley y los beneficios que genera, sino que también hay una parte de preguntas frecuentes y está la posibilidad para el usuario de contactarse directamente con el MEF.
-¿Cuál es el costo fiscal de la implementación de la rebaja del IVA?
-La mejor estimación que podemos hacer hoy es que en última instancia, cuando la exoneración de IVA quede en 2% para las tarjetas de débito, el costo fiscal de la renuncia a la recaudación va a equipararse con el aumento de la formalización. Es decir, a partir del tercer año de implementación, cada transacción que se formalice me hará perder dos puntos de IVA en recaudación, pero en realidad gano 20 puntos que antes no recaudaba, porque ese comercio antes no pagaba IVA, por lo que con cada transacción que logro formalizar puedo financiar diez transacciones que antes no estaban formalizadas. Dependiendo de cómo sea esa relación, el costo será aproximadamente nulo o neutro.
-¿Qué lugar quedaría para el efectivo?
-Uno se podría imaginar un mundo sin efectivo y de repente en algún momento funciona de esa manera. Al día de hoy, incluso los países que están más avanzados en esto no han sustituido completamente el efectivo, que sigue estando para algunas transacciones y algunos pagos.
Seguramente quienes vivían cuando existía el trueque y surgió el papel moneda nunca se habrán imaginado que el dinero finalmente iba a terminar desplazando al trueque. Con el dinero electrónico va a pasar algo parecido. Para la sociedad y para la economía en su conjunto, son instrumentos más efectivos, menos costosos de administrar. Trasladar dinero físico es muy costoso; tener que llevar dinero de un lado a otro implica ir con un blindado, con autos de seguridad atrás, y todo eso tiene costos que son ocultos pero que los pagamos todos, porque, en definitiva, son costos que asume la economía, lo que llamamos costos de transacción, que aunque no nos los facturan, los terminamos pagando en los precios. Entonces, cuando la economía funciona con mayor eficiencia, esas ganancias se trasladan a ganancias de bienestar. Los medios electrónicos significan eso y van a coexistir con el efectivo. Y el futuro dirá qué suerte tienen el papel y las monedas. Es esencialmente un tema cultural.