“Vendí la motosierra, compré fertilizante”, dijo en mayo de este año Lacalle Pou, durante un almuerzo en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Los ecos de la “motosierra” de Luis Alberto Lacalle en la campaña electoral de 2009 todavía resuenan, y tal vez por eso el actual candidato nacionalista ha enfatizado, en más de una oportunidad, que no recortará el gasto social. Pero con una salvedad. “Estamos a favor del gasto social, estamos en contra de asalariar la pobreza”, manifestó en noviembre de 2013, cuando competía en la interna con Jorge Larrañaga, durante la presentación de sus equipos técnicos de campaña.
la diaria conversó con Pablo da Silveira, coordinador de los grupos programáticos de Lacalle Pou, para profundizar en las iniciativas en materia de gasto social. Da Silveira comenzó aclarando que para su equipo y para el candidato, las transferencias monetarias directas son “un instrumento válido sólo como una respuesta de emergencia ante situaciones extremadamente críticas, o para ciertas poblaciones muy específicas que no tienen capacidad para ponerse en condiciones de generar ingresos”, como las personas con discapacidad. “En las demás condiciones, nos parece que no son un instrumento válido porque generan dependencia, generan riesgo de clientelismo y vuelven más vulnerable a la gente, porque si yo Estado te estuve pagando a ti directamente durante X cantidad de tiempo y tú te acostumbraste a vivir de eso sin prepararte, sin buscar tus propias oportunidades, si mañana yo Estado tengo problemas de caja, porque tengo crisis económica y estoy recaudando menos y no puedo seguir transfiriéndote, tú estás peor que nunca, porque no sólo te quedaste sin tu ingreso, sino que perdiste hábitos de trabajo, no sos capaz de ofrecer nada en el mercado de empleo”, reflexionó.
Con rostros
El candidato nacionalista dijo el domingo que en diez días anunciará a su equipo económico. Da Silveira no quiso dar nombres, pero aseguró que habrá “nombres viejos” -en referencia a quienes han venido asesorando al candidato hasta ahora- y “nombres nuevos”, que no quiso detallar si pertenecerán al sector de Jorge Larrañaga. Quienes han colaborado más cercanamente con el candidato blanco han sido los economistas Ramón Pampín y Magdalena Straneo. De los técnicos que lo asesoran, el que tiene más experiencia en el sector público es Andrés Pieroni, director del Banco Central durante el gobierno de Jorge Batlle, quien se involucró activamente en la reestructuración de la deuda y la salida de la crisis de 2002.
Aclaró que esto no implica que se vayan a “interrumpir de golpe” las transferencias, sino que se buscará implementar un “giro progresivo” para sustituir las transferencias por “otro tipo de políticas sociales”. Sólo se mantendrían las transferencias para aquellas personas “con discapacidades físicas y mentales muy severas, que les impidan realizar actividad laboral”. Valoró que la manera de asistir a la gente que está en situación de pobreza es “darle alas”, lo que en concreto implica, detalló Da Silveira, “una buena política educativa” y otras políticas sociales que le permitan generar a la gente “su propio sustento”, por ejemplo “buenos programas de microcrédito orientados a fomentar emprendimientos a cargo de personas que hoy están en situación de pobreza”.
Insensibles
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, cuestionó la propuesta. Opinó que es “una barbaridad” y que implica “no tener sensibilidad con los que están peor de lo peor”. Detalló a la diaria que actualmente la tarjeta Uruguay Social asiste a 62.000 hogares y que esa cantidad es menor que hace tres años, cuando se asistía a 90.000. “Se viene reduciendo a medida que la gente mejora su situación”, explicó. La tarjeta supone hoy para el Estado un gasto de 70 millones de dólares anuales, lo que representa 0,5% del presupuesto nacional y 0,13% del Producto Interno Bruto.
Cuestionó la propuesta de otorgar microcréditos porque “en el mundo está demostrado que no sirve”. “Sacar la tarjeta significa dejar a esa gente en banda absolutamente. Es un error ético, político, y financieramente no tiene ningún impacto”, aseguró.