Ante una sala con estudiantes, docentes, autoridades de gobierno y de los partidos políticos, abrió la jornada Raquel Rolnik, arquitecta y urbanista brasileña que entre 2008 y 2014 ocupó el cargo de relator especial sobre el Derecho a una Vivienda de las Naciones Unidas. Especificó que la crisis hipotecaria que explotó en 2008 fue la crisis de un “modelo hegemónico de política de vivienda y de política de ciudad” que se impuso en los últimos diez, 20 años, dependiendo de cada país: la “mercantilización de la vivienda”. Detalló que el sistema de hipoteca se ha dedicado a financiar la construcción de viviendas de interés social en las áreas menos urbanizadas. Expresó que “la ubicación de la vivienda es central porque, dependiendo de eso, será mas fácil o más difícil para sus habitantes acceder a oportunidades que brinda la ciudad”. Por eso criticó el programa brasileño Minha Casa Minha Vida, creado en 2009, que traslada poblaciones hacia la periferia, donde sólo pueden sobrevivir. Jack Couriel, arquitecto y ex subsecretario de Vivienda uruguayo, acotó que Minha Casa Minha Vida no surgió del Ministerio de Vivienda brasileño, sino del de Economía, y que ése era el problema. Rolnik agregó que no se piensa en crear casas para atender los problemas de la población, sino para atender las necesidades del capital financiero internacional.

Coincidencias y discrepancias

La edila y arquitecta Viviana Pesce representó al Partido Colorado (PC). Remarcó que “la vivienda de interés social necesita de la protección y del incentivo del Estado para su adquisición” y que “el PC no comparte las políticas de asistencialismo puro, sí las políticas de asistencialismo en las que también se refleja el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de las personas”. “Promovemos barrios heterogéneos” dijo. Observó que “hay espacios en la ciudad que están vacíos y con todos los servicios”, entonces propuso “ingresar a inmuebles que están abandonados o subutilizados, siempre y cuando haya un respeto al derecho de propiedad”. Dijo que la Ley 18.795 de Acceso a la Vivienda de Interés Social ofrece grandes beneficios, pero consideró que “está más enfocada hacia la oferta” que hacia la demanda. “Nosotros no creemos en magia, nosotros no creemos en asentamiento cero, creemos en una reubicación en un tiempo prudencial con elementos e instrumentos para lograrlo”. Por último, señaló que el Plan Quinquenal de Vivienda 2010-2015 sólo llegó a 50% de las intervenciones que se había propuesto.

Luis Alberto González, representante del Partido Independiente, consideró que la Ley 18.795 “es una buena ley”, pero lamentó que “no ha logrado el objetivo social”. Identificó el problema en los precios de la vivienda: entre 2005 y 2013 los costos de la construcción se multiplicaron por dos y por tres, mientras que el poder adquisitivo subió 43%. Al igual que el resto de los oradores, propuso recurrir a las fincas abandonadas y mencionó que “hay que cuestionarse” la defensa del derecho de la propiedad privada. Manifestó que existe “una enorme cantidad de tierras, galpones, apartamentos y oficinas ociosas que tiene el propio Estado”, y propuso hacer un registro de esas propiedades. Recordó que de acuerdo con datos gubernamentales, el déficit habitacional es de 60.000 viviendas, y que es precisamente ése el número de casas sin habitar.

Gustavo López, candidato a vicepresidente por Unidad Popular (UP), saludó que Rolnik haya hablado de “la crisis estructural del capitalismo” y observó que en Uruguay 800.000 asalariados cobran menos de 15.000 pesos. UP propone un plan de vivienda bajo la dirección estatal. López opinó que “en los últimos años se ha improvisado”, se han desarrollado “planes focalizados, insuficientes y de dudosos resultados en el mediano plazo”, que se han centrado en “transferir recursos a empresas constructoras”. Dijo que la política de urbanización de asentamientos “termina siendo un suculento negocio para empresas privadas”, a la vez que “elitiza aun más la ciudad”. Propuso expropiar las viviendas vacías y entregárselas a familias jóvenes con planes de pago, “suspender temporalmente desalojos” y eliminar el régimen de libre contratación de alquileres.

El agrimensor Martín Fernández Aspiroz habló en nombre del Partido Nacional (PN). Comentó que “el gran objetivo programático es el asentamiento cero”, que hoy hay 50.000 viviendas en asentamientos y que regularizar 35.000 y realojar 15.000 llevará diez años, mientras que con los actuales programas llevará 30. El PN propone que si hay voluntad de las personas, la mayoría de los realojos se hagan en “zonas centrales o periféricas de la ciudad que hoy están deprimidas”, y opinó que no es posible seguir ampliando los servicios cuando hay zonas centrales vacías. Dijo que por medio de la Ley 18.795, hasta ahora accedió a la vivienda la clase alta. Propuso mantener las políticas de apoyo a cooperativas de vivienda y comentó que “se va a tratar de institucionalizar” el Plan Juntos y de apoyarlo, así como políticas del tipo de las de MEVIR (Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Insalubre).

Lucía Etcheverry, titular de la Dirección Nacional de Vivienda, expresó que el Frente Amplio (FA) “asumió en 2005 con un sistema público de vivienda paralizado y con una industria absolutamente estancada” debido a “políticas basadas en cantidad y no en calidad”, y que todavía se están resolviendo problemas de convivencia, seguridad y carencia de infraestructura que se arrastran de otros gobiernos. “Hoy [las viviendas] son de calidad y con localización adecuada”, aseguró, y mencionó como ejemplo la revitalización de la zona del Mercado Agrícola. Defendió los apoyos del gobierno para la adquisición de viviendas y se alegró de que todos los oradores se hubieran referido a las fincas abandonadas; recordó que el FA presentó un proyecto de ley que está a la espera de ser tratado.

Comentó que para combatir la “pobreza dura” se han instrumentado programas como el Plan Juntos, el Plan de Mejoramiento de Barrios y el Plan Nacional de Relocalización, a los que “hay que fortalecer en la dotación de recursos”. “No pensemos ‘como vive en un asentamiento la traslado de acá para allá’”, dijo, y enfatizó que las personas “deben ser parte del mejor desarrollo de la solución. Esto implica tiempo, no es real hablar de diez años”.