Mientras el país se encamina a las elecciones de nuevos gobernantes, la oposición denuncia con firmeza que la actual administración realiza campañas publicitarias para favorecer al partido que actualmente está en el poder, el Frente Amplio.

El domingo, de gira por Salto, el candidato presidencial nacionalista, Luis Lacalle Pou, aseguró, según recogió El Observador: “Cuando lidiamos con la mentira, el invento, y sobre todo con la gran cantidad de recursos que está poniendo el Estado, que son de la gente, para hacer publicidad oficial, para incidir en una campaña, obviamente que es muy complejo”. Otro de los candidatos, Pablo Mieres, del Partido Independiente, propuso que las empresas estatales que actúan bajo un régimen de monopolio no puedan realizar publicidad oficial.

El presidente José Mujica relativizó las expresiones de Lacalle Pou y sostuvo que durante la campaña electoral “hay que sacarle el IVA a todo”. “Si fuera por mí, las empresas no gastarían un vintén en propaganda. Pero son autónomas”, argumentó. En tanto, el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, sostuvo que la publicidad oficial es parte de la gestión de gobierno, que “tiene entre sus funciones transmitir e informar a la población permanentemente de lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer y de por qué y cómo se están haciendo las cosas”.

Algunas de las empresas públicas del gobierno no revelan los gastos en publicidad porque argumentan que divulgar esa información les haría perder ventajas competitivas frente a sus competidoras. Es el caso de Antel, que llegó a enfrentar en una contienda a la Unidad de Acceso a la Información Pública por discernir en los criterios respecto de la necesidad de hacer públicos sus gastos en esta materia.

Germán Riet, vicepresidente de ANCAP, sostuvo que si bien la empresa tiene el monopolio de la refinación del petróleo, compite en el resto de sus actividades, lo que incluye las estaciones de servicio y la venta directa de productos al consumidor. “Nos parece que es una obligación comunicar lo que se hace en ANCAP”, que, según sostiene, “hizo inversiones extraordinarias y hay que salir a explicarlas”. “Nos atacan política y electoralmente [por el balance deficitario del ente], entonces hay que explicarle a la gente, insistir y mostrar cuáles son las inversiones. Y no lo empezamos a hacer en 2014, lo venimos haciendo sin necesidad de que nos peguen”, afirmó.

En tanto, César Briozzo, vicepresidente de UTE, sostuvo que esta empresa, que sí está bajo un régimen de monopolio, busca realizar campañas “relacionadas con los productos” de la empresa o con “información importante para el consumidor”. “Lo que hacemos es informar para que la gente incorpore el mensaje y adopte el comportamiento que signifique nuevas prácticas”.

Pero la publicidad oficial no se limita a las empresas públicas. Algunos ministerios también pautan avisos publicitarios en medios de comunicación. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) publicó ayer un aviso de la Dirección Nacional de Cultura, en el que destacaba algunas cifras desde la creación del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Según dijo el director general de Secretaría del MEC, Pablo Álvarez, es lógico que en esta etapa se realicen “resúmenes para informar cuáles fueron los resultados de una política”. “El mensaje es claro en materia de transparencia. Uno de los mecanismos de transparencia consiste en ver el resultado de las políticas, y este gobierno busca hacerlo”, lo cual, aseguró, no es lo mismo que pedirle el voto a la ciudadanía.

Otro de los organismos que pautan publicidad es la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (Impo, organismo público no estatal). Su director, Gonzalo Reboledo, sostuvo que esta oficina “no hace publicidad”, sino que “cumple con el cometido de difundir normas”. “Seguimos haciendo lo que históricamente se hizo, aunque por otros medios”, explicó. Reboledo admitió que el Impo difunde normas principalmente destinadas a leyes con contenido social, debido a que “son las que tienen mayor impacto y mayor cantidad de gente que las entiende”. “Nos interesan los derechos respecto de sectores de la población que han sido históricamente postergados”, afirmó. Según Reboledo, los spots no contienen una opinión sobre las normas, aunque en muchos de ellos aparecen personas famosas hablando sobre ellas. Dijo que en 2012 se invirtieron cinco millones de pesos en publicidad, cifra que en 2013 aumentó a siete millones, y que este año se mantendrá el mismo presupuesto. Sostuvo que si bien los spots pueden haberle molestado a alguna colectividad política, “la mejor forma de no molestarse es votando” las normas.