El reconocimiento explícito de la importancia de los derechos humanos y la preocupación por el cumplimiento de éstos está presente en todos las agendas de gobierno. la diaria identificó en qué contextos de los contenidos programáticos se incluye la mirada de los derechos, consultó a los distintos interlocutores partidarios o a los propios candidatos desde qué concepción se abordan y les pidió que hicieran un orden de prioridad de las medidas.
El programa del FA tiene un capítulo destinado a “Igualdad y derechos” con cuatro grupos temáticos que abarcan, a su vez, distintas áreas: “Componentes sectoriales universales” (educación, salud, vivienda, trabajo, empleo y relaciones laborales, deporte y cultura), “La protección social” (seguridad social, sistema de cuidados, red de asistencia e integración social y política en materia de drogas), “Ciclo de vida” (infancia y adolescencia, juventud, envejecimiento y vejez) y “Las políticas transversales para la igualdad” (género, afrouruguayos, diversidad sexual, discapacidad, población de ascendencia indígena, población migrante). Además, en el capítulo siguiente, “Transformación democrática del Estado y la sociedad”, incluye un apartado llamado “Derechos humanos, participación y compromiso”. En este contexto, el FA promete, entre otras cosas, la implementación de un “Plan Nacional de Convivencia y Derechos Humanos” y un “avance sustantivo” en la reparación integral a las víctimas de la dictadura.
“No hay desarrollo nacional sin el desarrollo de las personas, y el desarrollo económico tiene sentido si hay redistribución y justicia social”, enunció la vicepresidenta de la comisión de Programa, Mariella Mazzotti. “La cuestión de los valores centrados en las personas y sus derechos tiene que ser clave. Libertad, igualdad y justicia son tres pilares indispensables”, explicó.
Para Mazzotti, la “política estrella” en un tercer gobierno frenteamplista sería la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados (ver “Cuidado con los cuidados”), aunque también destacó la continuación y mejora de los servicios de atención de la interrupción voluntaria del embarazo, las políticas vinculadas con la diversidad sexual (en especial con la población trans), y las propuestas para que las “políticas tradicionales” de los derechos a la vivienda, educación y salud tomen en cuenta la realidad específica de los adolescentes y jóvenes.
El programa del Partido Nacional (PN) contiene el apartado “Derechos humanos” en el capítulo “Un país orgulloso de sus instituciones”, que parte de un cuestionamiento al actual gobierno, al que se le atribuye una “visión hemipléjica” porque, “por ejemplo, no han sido considerados en su debida importancia los derechos de quienes son víctimas de la inseguridad”. “Si no se mejora la seguridad, si no se reforman las cárceles, si no se incorpora tecnología asistiva que favorezca la inclusión de personas con discapacidades, las mejores declaraciones de derechos quedan convertidas en letra muerta”, declara.
Cuidado con los cuidados
La primera de las diez medidas que Tabaré Vázquez anunció el día de las internas partidarias fue la implementación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados [SNIC], recuerda Mazzotti. El SNIC busca articular mercado, familia y organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta los cuidados que requieren los niños, los adultos mayores dependientes y las personas con discapacidad. “Actualmente la familia está sola, y dentro de la familia, las mujeres. El Estado tiene un papel de generación del sistema de servicios públicos, de articular, controlar y supervisar la calidad de los servicios”, argumentó.
“Nuestra visión: una concepción integral de los derechos en el marco de una ética del cuidado”, se destaca en el apartado sobre “Derechos humanos” del programa del PN, presentado el lunes 15. “Es el enfoque que estamos abordando, va más allá del simple respeto de los derechos”, reafirma Da Silveira, y subraya la consigna “Un país que cuide a su gente”, que da el título del primer capítulo del programa de gobierno. “Implica que no nos limitemos a proteger los derechos, sino a ser felices y plenos. Por ejemplo, los adultos mayores. Pueden respetarse sus derechos y dejarlos en la soledad más pura. La ética del cuidado incluye tomar decisiones públicas: programas de actividad física para la tercera edad, locales diurnos para ellos. No es nuevo este enfoque, hace más de un año y medio que lo venimos trabajando”, apuntó.
En ese sentido, Mazzotti también marcó el terreno. “Vázquez ya dio los detalles de la implementación [ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/9/cuidando-el-gasto/] para el próximo gobierno, pero en este período hubo avances en este sentido, porque ya estaba en el programa 2010-2015. Se votó la mejora a la licencia maternal, comenzaron los cursos de capacitación y formación de cuidadores y hubo un diálogo con la sociedad civil”, alegó.
Da Silveira expresó que si bien “se expresó una misma sensibilidad” en torno al tema de los cuidados, los resultados electorales determinarán los instrumentos concretos, porque los enfoques “son diferentes”. Para Mazzotti, lo importante en un debate parlamentario sin mayoría frenteamplista es “definir los puntos esenciales para que sea realmente un sistema y no medidas yuxtapuestas”. “Es bien interesante que los distintos partidos definan los cuidados como un tema necesario, porque se puede generar una política de Estado”, consideró. El tema también está en el programa del PI. “El gran tema social es establecer un sistema nacional de cuidados. Habrá que dialogar y buscar acuerdos”, afirmó Mieres.
“Nos importa mucho el respeto de los derechos más tradicionales, porque está pasando una cosa curiosa. Se llevan la agenda los nuevos derechos o los derechos de última generación -minorías sexuales, por ejemplo-, cuando los más tradicionales no están siendo debidamente protegidos: el derecho a la vida (constantemente en peligro en pequeños almacenes y supermercados), el mejoramiento de niveles de seguridad, la integridad física. El Estado no los está consiguiendo proteger. Tampoco están siendo protegidos los de la población carcelaria”, argumentó el coordinador de la agenda de gobierno del PN, Pablo da Silveira.
Añadió que en el plan “Discriminación cero” -que en el programa se presenta bajo la consigna “Más allá de la diversidad”- se contemplarán “medidas de apoyo” para que los alumnos que “vengan de núcleos no tradicionales” no sean objeto de “discriminación o acoso”. “Para nada queremos hacer una oposición entre derechos tradicionales y los otros, nos parecen importantes todos, pero nos corresponde concentrarnos en estos asuntos no saldados”, precisó. Entre las propuestas destacó las relacionadas a la “ética del cuidado” (ver “Cuidado con los cuidados”).
En el apartado sobre derechos, el PN también contrapone las “relaciones fraternales” del gobierno del FA con Cuba y Venezuela y lo “muy estricto” que ha sido ante las violaciones de derechos en el pasado reciente. La estrategia del PN, precisa el texto, “no consiste en tener una política específica de protección de los derechos humanos, sino en trasladar esa preocupación a todas las políticas impulsadas desde el gobierno” a la vez que promover una política exterior “alineada” a los principios de la “política interior”.
El programa del Partido Colorado contiene el apartado “Libertad, transparencia y derechos humanos” en el capítulo “Uruguay libre y seguro”. “Los derechos humanos no son sólo un derecho esencial sino un objetivo para la paz, la convivencia, la seguridad ciudadana. […] El desarrollo de los derechos humanos en la actualidad requiere de los organismos públicos acciones más eficaces para la protección de todas las personas con acento especialmente en aquellas más vulnerables, como ancianos; personas con capacidades diferentes; niños; y víctimas de la violencia, la pobreza y la inseguridad”, contextualizan.
“Nuestra concepción de derechos es la de las Naciones Unidas. En todos los temas se abordan los derechos humanos y hay un reconocimiento explícito de ellos”, aseguró el senador Alfredo Solari (Vamos Uruguay), uno de los referentes programáticos. Consultado sobre cuáles propuestas priorizaría, aseguró: “Todas las referentes al derecho a la educación”.
El Partido Independiente (PI) no tiene en su programa un capítulo específico sobre derechos, pero uno de los destacados de su texto reza: “Un país de avanzada es aquel en el que los ciudadanos sean protegidos adecuadamente en sus derechos sin necesidad de que formen parte de organizaciones corporativas ni dependan de los favores políticos de los gobiernos de turno”. “Eso significa que el sistema político tiene que asumir la protección y defensa de los que no están organizados, de los ciudadanos de a pie. Estamos en la línea de avanzar en la eliminación de la discriminación por distinto origen”, explicó el candidato del PI, Pablo Mieres. Entre las medidas, mencionó el otorgamiento de una prórroga a la Ley de Cuotas, “porque no ha logrado su objetivo”, luchar por encontrar a los desaparecidos en la dictadura, “tal como lo expresamos en la reunión con Amnistía Internacional”, y la implementación de un Sistema de Cuidados (ver “Cuidado con los cuidados”).
Pecado capital
Los tres partidos que actualmente no cuentan con representación parlamentaria pero están en carrera para obtenerla tienen en sus propuestas una visión de derechos estrechamente vinculada a la tenencia de recursos materiales y naturales. “No se puede gobernar para todos. No se puede afrontar la exclusión sin meterse con la riqueza excesiva”, aseguró el candidato de Unidad Popular (UP) Gonzalo Abella. El apartado “Derechos humanos” de la plataforma electoral de UP propone que el sistema carcelario retorne a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, una reestructura del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y “juicio y castigo” para los represores durante la dictadura. También hay uno destinado a los “Derechos de la mujer” que apunta al “aborto legal y gratuito”, “parto seguro” y el alojamiento para víctimas de violencia doméstica.
Abella advirtió que no habrá derecho a la salud, vivienda, trabajo y educación “si no se accede primero a la tierra”. En ese sentido, su concepción de derechos humanos prioriza “medidas de reforma agraria”, como la expropiación de tierras para la “explotación colectiva”, y la eliminación del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas en favor de “fuertes impuestos progresivos al capital”.
“La modificación de las condiciones de discriminación está también vinculada con cambiar las relaciones sociales, es decir, con un programa anticapitalista”, se afirma en el apartado “Diversidad racial, de género, discapacitados” del documento programático del Partido de los Trabajadores (PT). El candidato del PT, Rafael Fernández, precisó que “más allá de reconocer avances en ciertos derechos democráticos, como el matrimonio igualitario, o un avance parcial en la cuestión del aborto, el eje de nuestro planteamiento apunta a los derechos sociales de los trabajadores, que son negados por el capitalismo”. En ese sentido, el PT coloca “una agenda de los trabajadores, en especial para los más jóvenes, que sufren el trabajo precario y los bajos salarios”. Entre otras, mencionó que el salario mínimo sea de 28.000 pesos y, en la misma línea que UP, que se eliminen los impuestos al salario y haya “fuertes impuestos progresivos sobre las grandes fortunas”.
Desde el Partido Ecologista Radical Intransigente, el candidato César Vega aseguró, citando al médico y escritor uruguayo Rodolfo Tálice, que están “predicando” desde la etoecología, ciencia del “bien común”, según sus impulsores, que estudia el comportamiento de los seres vivos en el ambiente. “Exigimos que el ser humano tenga lo necesario para desarrollarse como persona -ni más, ni menos- para que los recursos del planeta den para todos. Tenemos 4.500 hectáreas de tierra arreable para no depredar. Da de sobra, siempre y cuando todos tengamos lo necesario. La pobreza material y la riqueza material son dos caras de una misma moneda”, explica Vega, que hace referencias a Artigas, Gandhi, Martin Luther King y Sócrates.