El economista dice que “el verdadero partido se juega en la rehabilitación”, y alega que si el joven infractor es encarcelado, la rebaja de delitos es inmediata, pero que a largo plazo “la cura podría ser peor que la enfermedad” si aprende nuevas habilidades para delinquir, porque éstas lo llevarían a reincidir.
La investigación señala múltiples determinantes de la delincuencia juvenil y menciona cuáles son las causas de su aumento y qué medidas se pueden tomar para revertir la situación. También explica que la delincuencia puede ser considerada una respuesta racional de los adolescentes, ya que “el beneficio asociado al delito creció muy por encima del retorno de las actividades legales”.
Por un lado, plantea que, por ejemplo, ser varón y el contexto familiar ejercen una influencia relevante, “ya que una errática disciplina parental, la falta de adecuada supervisión y el rechazo maternal están fuertemente vinculados con la participación futura en actividades delictivas”. Por otro, afirma que 86% del crecimiento de la delincuencia juvenil en Uruguay a partir de 1997 se explica por “la crisis del sistema educativo”, por algunas consecuencias de la aprobación, en setiembre de 2004, del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), los escapes de los establecimientos de internación de adolescentes infractores, y la “epidemia” de la pasta base.
“La baja calidad de la educación” deja “a una proporción relevante de jóvenes con niveles de formación que les impiden insertarse en la economía formal”, sostiene.
Otro de los ejes que analiza el estudio son las consecuencias de la aplicación del CNA. “En particular, medidas como la despenalización de la tentativa y la complicidad en el delito de hurto y el hecho de que los jueces no deban considerar los agravantes en los delitos cometidos por adolescentes redujeron 50% la duración promedio de las medidas cautelares privativas de libertad”, indica. Además, aclara que el Código “le dio a los jueces la potestad de decidir si iniciar o no un procedimiento judicial cada vez que son notificados por la Policía” y que “en promedio los jueces deciden no iniciar un proceso judicial -y por ende dejar automáticamente en libertad- a cerca del 40% de los adolescentes detenidos”. La nueva norma también redujo a la mitad las penas, y determinó, según Munyo, una baja de 10% a 6% de la probabilidad efectiva de ser aprehendidos.
Según la investigación, un tercer factor que explica la evolución de la delincuencia juvenil son los escapes de los establecimientos de internación de adolescentes infractores. “La probabilidad de fuga de los hogares del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU] creció desde niveles cercanos al 10% en 1997 hasta niveles del entorno del 40% en 2010”.
Por último, analiza el efecto de la pasta base de cocaína; concluye que juega un rol importante pero no es el único factor ni el fundamental. La investigación cita un estudio de la Junta Nacional de Drogas que alega que “el 10% de la población adolescente proveniente de hogares con alta vulnerabilidad social consume pasta base con cierta frecuencia, y la incidencia de pasta base entre los adolescentes internados en centros de reclusión del INAU es superior al 50%”. El efecto de la pasta base explica 10% del incremento de la delincuencia juvenil entre 1997 y 2010.
Si se observan los factores en conjunto, 86% del aumento de los delitos cometidos por jóvenes queda explicado por “la crisis del sistema educativo que, en parte, trajo como resultado que el retorno de las actividades legales evolucione por debajo de las ganancias provenientes del delito, una regulación que redujo la probabilidad que enfrentan los adolescentes de ser juzgados y las penas una vez condenados, un elevado porcentaje de fugas del INAU”.
Al finalizar el estudio presenta posibles medidas a seguir para revertir la situación. La primera es mejorar la calidad de la educación. La segunda es incrementar la posibilidad de aprehensión. “La evidencia internacional sugiere que para disuadir a personas con escasa valoración de las consecuencias futuras de sus actos y baja percepción del riesgo es más efectivo aumentar la certeza del castigo y la magnitud de las penas una vez que el infractor ha sido detenido”. La tercera es imponer sanciones más severas y, por ende, modificar el Código del Niño y el Adolescente, lo que podría traducirse en juzgar a los adolescentes de entre 16 y 18 años de edad que cometieron delitos graves como si fueran adultos. No obstante, señala que “tratar a los adolescentes como adultos implicaría, entre otras cosas, una condena promedio de 15 meses en cárceles de adultos, en lugar de 3 meses en hogares del INAU”, lo que significaría exponerlos a “niveles sustantivamente mayores de ‘escuela de crimen’”. “En este caso, el modelo predice una reducción del 35% de la delincuencia juvenil” en el corto plazo, pero un incremento en las tasas de reincidencia “una vez que los adolescentes recuperen la libertad”. “Por un lado, las sanciones severas disuaden a potenciales delincuentes, pero, por otro lado, los adolescentes recluidos generalmente incrementan sus habilidades para delinquir y padecen grados significativos de estigmatización social que reducen las posibilidades de una exitosa reinserción laboral”, evalúa Munyo. Para finalizar, propone también medidas alternativas a la reclusión, como la implantación de pulseras electrónicas de seguimiento.