Ayer en el stand del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de la Rural del Prado, la presidenta del Instituto Nacional de Colonización (INC), Jacqueline Gómez, expuso sobre los resultados de la gestión 2010-2014 de ese organismo. Comenzó señalando que el Reglamento General de Tierras de 1815 es “el antecedente” y “la esencia” del INC, y leyó dos artículos del documento artiguista. Recién en 1948 se creó el INC, por medio de la Ley Nº 11.029, que establece cuáles son los sectores prioritarios de la institución: “el estrado más bajo de los productores familiares y los asalariados rurales, que tienen mucho que ver con la construcción de riqueza en el medio rural”, añadió Gómez.

En su opinión, el INC tiene que “dar respuesta a las políticas de tierra en el país, promover la radicación y el desarrollo, y dar efectiva respuesta a la demanda de tierras”. “En todos los lugares del país existen grupos organizados que demandan tierras, y estamos en ese proceso de promover la distribución”, dijo. Agregó que el INC compra tierras y las da “sólo en arrendamiento”. “Desde 2005 hasta ahora no se entregó una sola hectárea de tierra en propiedad. Es muy importante que las tierras del INC estén en manos del Estado, porque es lo que determina que podamos seguir teniendo una política de tierras y de distribución de la riqueza”, expresó.

Afirmó que con el precio que tiene actualmente “es muy fácil que la tierra pase a manos privadas y que cualquier empresa agropecuaria, con la rentabilidad que tiene el negocio, se convierta en adquiriente de tierras, por eso mantenerla en propiedad social es lo único que garantiza una política de tierras para el futuro”.

La presidenta del INC expresó que el organismo tiene que “trabajar sobre el desarrollo rural y no sobre el crecimiento, pensar en la conservación de los recursos naturales y promover procesos de construcción colectiva”.

Agrupados

Con el apoyo de una presentación, Gómez mostró que en el período 2010-2014, 66% de lo que gastó el INC se destinó a “inversiones”, es decir, a compra de tierras, y 35% se gastó en recursos humanos. El 53% de los ingresos del INC “corresponde a la mejora de la gestión”, con el cobro de las rentas que permitieron que actualmente 74% de los colonos estén “al día”. “Hasta 2014 se invirtieron en compra de tierras 110 millones de dólares. El 45% de los ingresos de 2013 se obtuvo por la recaudación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales [ICIR]” de 2012, dijo. Si bien el impuesto fue modificado a comienzos de 2013 por el Impuesto al Patrimonio, Gómez destacó: “Ese 45% permitió que otros productores familiares accedieran a la tierra. Eso es una política de distribución de la riqueza”.

El INC pasó de tener 182 funcionarios a 211, “un equipo relativamente chico para la intensidad del trabajo”, expresó, y dijo que se hicieron “cambios en la estructura etaria” como parte del proceso de trasformación del organismo.

Comparó las políticas de compra y venta de tierras llevadas adelante por el INC en distintos períodos. Durante la dictadura (1973-1984) se compraron 25.000 hectáreas y se vendieron 44.000; entre 2000 y 2004, se compraron 45 hectáreas y se vendieron 11.700. Gómez recordó que en 2002 el INC “estuvo a punto de cerrar” y que eso se pudo evitar por la “movilización de organizaciones sociales, productores, movimientos políticos y los propios funcionarios que salieron a defenderlo”.

En los últimos nueve años se adquirieron 100.000 hectáreas, que representan 25% del total de las tierras compradas por el INC desde 1948. Gómez dijo que la mayoría de esas tierras se adquirieron mediante la aplicación del artículo 35 de la Ley de Colonización, que establece que “todo propietario, antes de enajenar un campo de una extensión igual o superior a 500 hectáreas de índice de productividad Coneat 100 está obligado a ofrecerlo” en primer término al INC, que “tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago”. El 11% de las tierras adquiridas se debe a “recomposición de las colonias”. “En las colonias hay campos de propietarios como imitación de la propiedad privada. Esos propietarios deciden vender la tierra, que primero pasa por el INC y hay una definición política de comprarlos”, manifestó la jerarca.

Afirmó que 58% de los emprendimientos colectivos “corresponden a esta administración” y que, si se considera el período transcurrido desde 2005, “se llega a 80%”. “Existen 134 emprendimientos colectivos, con más de 1.900 productores con sus familias, en 66.000 hectáreas”, agregó.

El INC es el mayor propietario de tierras de Uruguay, con más de 590.000 hectáreas productivas en 18 departamentos, 312 colonias y 5.100 colonos que involucran a más de 20.000 personas del medio rural. El Fondo Nacional de Colonización, creado por la Ley Nº 19.231 de junio de este año, administra un fideicomiso de 100 millones de dólares a pagar en 25 años para la compra de tierras.

Antes de la presentación de Gómez, expusieron sobre su experiencia representantes de la Colonia Socio-Pedagógica Maestro Miguel Soler de Cerro Largo. El maestro, que estaba presente, saludó, luego de la intervención de la presidenta del INC, “a la mujer”. “Hay mujeres en la cúpula del INC, en los servicios técnicos, ingenieras agrónomas que salen al campo a trabajar con los productores; y hay mujeres colonas, con herramientas en la mano. Uruguay necesita que este ejemplo se siga multiplicando”, afirmó.