¿En qué medida los cambios que vive el agro uruguayo son parte de una trayectoria que apunta a un cambio estructural de la economía? Aunque la economía uruguaya continúa dependiendo fuertemente de las exportaciones de recursos naturales, las políticas públicas implementadas en el agro uruguayo están generando condiciones para un desarrollo social más inclusivo. A mediados del siglo XX, el PIB per cápita de Uruguay era 64% del promedio de los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), pero durante el estancamiento generalizado se observó un marcado deterioro de la relación y por más de 30 años el ingreso por habitante uruguayo fluctuó en promedio por debajo de un tercio y casi un cuarto de los países del G7. Uruguay comenzó una senda de convergencia con los países desarrollados desde 2003. Esto, según el trabajo de CEPAL, se debe a las altas tasas de inversión en capital fijo, que no responden solamente a la búsqueda de oportunidades de inversión de empresas de los países desarrollados, sino a políticas explícitas aplicadas en Uruguay. Varios sectores tuvieron una importancia crucial en el aumento de las inversiones, pero por su peso en la estructura productiva, el desarrollo del sector agropecuario explica la transformación productiva general.
Un indicador de los cambios en el agro nacional es lo que sucedió con la tierra. Su valorización tuvo un ritmo inédito: entre el año 2000 y 2012 se transaron 7,1 millones de hectáreas, lo que significa que 43% de la superficie agropecuaria cambió de manos una o varias veces en el período. Según el trabajo, el valor total de las transacciones de tierras fue en esos 12 años de más de 9.000 millones de dólares. Además, se cita la encuesta de actividades de innovación agropecuaria hecha por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que entre 2010 y 2011 relevó 11 rubros agropecuarios con una elevada propensión a la innovación, tanto en la mejora de aspectos tecnológicos como organizacionales. Según la investigación, estos niveles de propensión innovadora contrastan con el histórico bajo dinamismo tecnológico del sector, y explican la mitad del crecimiento del PIB agropecuario en la última década.
El estudio Cambios en la dinámica agropecuaria y agroindustrial del Uruguay y las políticas públicas indica que las modificaciones institucionales y normativas recientes del sector agropecuario “montan plataformas” públicas que potencian los bienes privados, que son los que alientan un desarrollo competitivo de mediano y largo plazo.
Carne inteligente
Para ilustrar cómo las políticas públicas impulsan los nuevos tiempos del agro, el informe presenta tres casos. El primero es la trazabilidad del stock bovino y de la carne, “que permite un control completo del proceso de producción de los productos cárnicos que Uruguay exporta”. Se destaca que esta base tecnológica y normativa es “única en el mundo en su cobertura nacional global”, y es la que posibilitó la conquista de mercados más exigentes. Según el trabajo, Uruguay es todavía un “originador” de carne hasta el puerto, pero “ha desarrollado capacidades para convertirse en un abastecedor confiable de alimentos terminados de alto valor cercano a la góndola del consumidor”.
El segundo ejemplo es la política de regulación del uso de suelos agrícolas. Un escenario de fuertes inversiones e intensificación de la agricultura implica mayor presión sobre el uso del suelo. Por eso la CEPAL destaca que la obligatoriedad de presentar planes previos a la siembra es también una plataforma de bienes públicos, “que diferencian a Uruguay del resto de los países de la región”. Esta política permite diferenciar la oferta agrícola como una actividad que cuida los recursos naturales y habilita la certificación de producciones sustentables.
El tercer ejemplo son las políticas activas en materia de desarrollo rural y adaptación al cambio climático. En este caso, el documento publicado ayer señala que Uruguay es el primer país que capta recursos para impulsar medidas de adaptación al cambio climático por parte de los productores ganaderos familiares. “Será posible crear desarrollos para certificar carne producida por procesos que no contribuyan a agudizar los problemas asociados al cambio climático y que, por el contrario, busquen producir amortiguando los efectos que dicho cambio genera en la producción”, indica el documento.
Agro y desarrollo
El trabajo destaca algo llamativo: la incorporación de progreso técnico en el agro permitió mejorar los indicadores sociales. En tan sólo seis años, la pobreza rural descendió fuertemente, pasando de 17,9% de las familias que residen en ese medio en 2006 a 2,9% en 2012. En localidades de menos de 5.000 habitantes sucede lo mismo. En los pueblos pequeños -donde reside parte importante de las familias que trabajan en el sector agropecuario-, la pobreza pasó de 35,3% en 2006 a 7,1% en 2010. El trabajo señala, además, la importancia que tuvo la cobertura de seguro social de los trabajadores rurales en la mejora de las condiciones sociales en el campo. En este sentido, el número de trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social pasó de 68.000 a 97.000 entre el año 2000 y 2010. Este hecho, según la CEPAL, obedece a la dinámica propia del mercado de trabajo, que contrata más mano de obra -tanto permanente como zafral-, pero también a los cambios en las normas “que protegen más al trabajador rural en sus derechos”.
Según la CEPAL, en los próximos años el foco debería ser impulsar el desarrollo tecnológico e institucional que permita seguir avanzando en la construcción de competitividad internacional genuina, basada en capacidades nuevas que surjan de la interacción entre los agentes públicos y privados especializados en recursos naturales. Sin embargo, advierten que para mantener la competitividad internacional de Uruguay será necesario seguir avanzando en la creación de nuevas infraestructuras, en la ampliación de la matriz energética nacional y en la educación.