El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el viernes el proyecto que establece por ley la creación del Fondo para el Desarrollo (Fondes), un organismo que hasta ahora funciona con base en un decreto aprobado en 2011 y que se encarga del financiamiento de proyectos autogestionados. El texto será enviado a la Comisión de Hacienda de la cámara baja, pero todavía no fue posible darle ingreso porque el Parlamento se encuentra de receso y no ha habido ninguna sesión de Diputados.

A pesar de esta dificultad, el Frente Amplio (FA) pretende aprobar el texto antes de fin de año, según dijo a la diaria el diputado Alejandro Sánchez (Movimiento de Participación Popular, MPP), aunque su votación quedaría postergada para una vez terminado el proceso electoral. Sánchez precisó que lo ideal sería poder votar el proyecto en noviembre en Diputados, para luego darle la sanción definitiva en Senadores en diciembre.

Propuesta

“Debe reconocerse que existen miles y miles de compatriotas que no son afectos a depender laboralmente de intereses privados, esto ni por asomo significa que deberían revistar como funcionarios del Estado”, establece la exposición de motivos del proyecto. “A juicio del Poder Ejecutivo, contribuir a viabilizar emprendimientos autogestionados por quienes se comprometen laboralmente a ellos es un camino de contribuir al progreso general de la sociedad y cimentar una honda convivencia”, agrega el texto.

El proyecto de ley, de cinco capítulos y 25 artículos, establece la creación del Fondes como “patrimonio de afectación independiente” que dará apoyo a “proyectos autogestionarios viables y sustentables, alineados con los objetivos y directrices estratégicas que establezca el Poder Ejecutivo”, aunque también incluye “otros emprendimientos que también resulten pasibles de su apoyo”.

Los beneficiarios del proyecto no serán solamente empresas autogestionadas, sino también “micro, pequeñas y medianas empresas” que estén en proceso de transformación hacia una estructura autogestionada, que mantengan acuerdos de asociación productiva o comercial con este tipo de empresas, que contengan un “fuerte componente de innovación” o que “se asocien de manera colaborativa a efectos de desarrollar proyectos de interés conjunto”.

A empresas no autogestionadas que sean benficiarias del Fondes se les exigirá en todos los casos “una política de competitividad socialmente responsable, con modelos de gestión integradores” y que promuevan “contextos organizativos favorables para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores”.

El texto establece que el Fondes es el órgano asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y determina que tendrá en su dirección a un representante de esa oficina, uno de Presidencia de la República y un tercero del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

También contará con un “Consejo Social” que emitirá su opinión sobre los planes anuales del Fondes, sobre su memoria y sobre su balance anual. Además, podrá proponer “programas o instrumentos” para que sean incluidos en el plan actual del organismo. Este órgano tendrá representantes de empresas autogestionadas, de “colectivos empresariales” y de “centros de formación vocacional universitaria y centros tecnológicos”. Finalmente, contará con una unidad técnica integrada por miembros de la OPP.

La iniciativa propone que al menos 15% de las utilidades netas anuales del Banco República sea destinado al Fondes. También determina que 60% de los recursos anualmente asignados para ese fin deberán ser utilizados en proyectos autogestionarios y que en ningún caso se otorgará más de 20% de estos recursos anuales a una misma empresa. Por otra parte, ningún emprendimiento podrá recibir más de 15% del total del valor de los recursos del Fondes. Finalmente, se establece que a las empresas recuperadas por los trabajadores no les será aplicable la responsabilidad que la ley impone a los sucesores o adquirientes de establecimientos comerciales o industriales “por obligaciones tributarias, laborales, comerciales, de seguridad social o de cualquier otra naturaleza”.

Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y quien estuvo a cargo de la coordinación con las empresas autogestionadas, destacó la importancia de que el Fondes se apruebe mediante una ley, lo que le dará “mayor certeza jurídica y trascendencia”. No obstante, afirmó: “Somos más partidarios de que [el Fondes] sea para las empresas de autogestión de los trabajadores. Que tenga esa prioridad. Que tenga el formato que tiene actualmente y que la ley le dé mayor fortaleza jurídica”.