Sin cruces
Previo a la reforma constitucional de 1996, que, entre otras cosas, creó el balotaje y separó las elecciones nacionales de las departamentales, el sistema de partidos había consensuado, mediante la aprobación de una ley constitucional, la posibilidad de votar en las elecciones siguientes (a realizarse en noviembre de ese mismo año) por el candidato de un partido a la presidencia y de uno de otro partido a la intendencia. Pero el pacto parlamentario entre colorados, blancos y frenteamplistas no superó la prueba ciudadana a la que debía enfrentarse indefectiblemente, ya que todas las reformas constitucionales en Uruguay deben obtener el respaldo popular. El 28 de agosto de 1994 se llevó a cabo dicho plebiscito, que sólo fue acompañado por 28,5% del electorado, lejos del porcentaje requerido para que la norma fuera ratificada.
La decisión que tome el Frente Amplio (FA) será clave para habilitar o no la posibilidad de que en mayo los ciudadanos puedan votar por candidatos de diferentes partidos a la intendencia y a los municipios. La presidenta del FA, Mónica Xavier, explicó a la diaria que el espíritu que domina en el oficialismo es “el de otorgar la más amplia libertad al elector”, pero condicionó el respaldo a que se alcance un “amplio consenso” en torno a la propuesta.
En 2010, con una correlación de fuerzas distinta, el FA y el Partido Nacional (PN) formaron una mayoría circunstancial de siete ministros que logró frenar esta opción, que había recibido el respaldo de los cuatro ministros que representaban al Partido Colorado (PC). De acuerdo con las consultas realizadas por la diaria tanto en fuentes de la Corte Electoral (CE) como partidarias, existe actualmente una suerte de empate técnico entre los nueve miembros del organismo, situación que no configuraría el “amplio consenso” que el oficialismo pone como barrera.
En este sentido, se inclinarían por habilitar el cruzamiento electoral el presidente del organismo (José Arocena, sin filiación partidaria), los dos ministros colorados (Alberto Brause y Gustavo Silveira) y una de las nacionalistas (Margarita Reyes), mientras que su correligionaria Sandra Etcheverry mantendría la postura que adoptó el PN en 2010, cuando se asoció con el FA para rechazar esta alternativa.
En cuanto al FA, las fuentes hacen referencia a un empate entre los cuatro ministros identificados con el oficialismo: Wilfredo Penco, Walter Pesqueira, Pablo Klappenbach y Washington Salvo. Penco y Salvo eran los ministros del FA en 2010, cuando sumaron sus votos a los tres que tenía el PN en rechazo de la posibilidad del voto cruzado; en principio, según las fuentes, mantendrían sus argumentos técnicos. Sin embargo, el análisis que haga el FA y las conclusiones que de él surjan serán clave para promover una votación en bloque a favor de la iniciativa, que, en caso de concretarse, finalmente permitiría alcanzar ese amplio consenso del que hablaba Xavier, con un 8-1 a favor de esa habilitación.
La presidenta del FA señaló que en la última semana de enero, cuando los organismos de conducción de la coalición retomen sus deliberaciones, éste y otros temas empezarán a definirse. Dados los tiempos políticos y los electorales, no está claro aún si el oficialismo podrá debatirlo en todas sus estructuras.
Picó primero
Voto cantado
El 12 de mayo de 2010, el actual presidente de la Corte Electoral, José Arocena, hacía un primer balance de la votación que había inaugurado el tercer nivel de gobierno, y daba a entender que estaba a favor de que se pudiera votar por un partido en lo departamental y por otro en lo municipal. Lo hacía en su calidad de sociólogo en la radio El Espectador: “Es todo un tema. Hubo una discusión en el Parlamento, hubo diputados que pensaron que había que ir al voto cruzado, pero creo que predominó la lógica de los partidos, que en Uruguay es una lógica de control. El partido político siempre tiene una lógica de control, pero la lógica de control centralista característica de Uruguay hace que se tema al voto cruzado, que se le tenga miedo. Lo mismo ocurrió con otra cosa que también se discutió: ¿por qué los candidatos a alcalde debían ser propuestos por partidos políticos?, ¿por qué no podía ser candidato un vecino que lograra una cierta adhesión de otros vecinos? Esto también se discutió y también se rechazó”.
A principios de diciembre, el senador electo por el Partido Independiente y presidente de esa colectividad, Pablo Mieres, envió una carta al titular de la CE en la que pedía una reunión (que se concretó días después, con la presencia de ministros de todos los partidos) para solicitar formalmente que la institución habilitara el voto cruzado en mayo de 2015; de esta manera se posicionó ante la opinión pública como promotor de la iniciativa. Sin embargo, los ministros ya tenían este tema agendado para expedirse, tal como habían tenido que hacerlo sus antecesores en 2010.
“La CE tiene la obligación de decidir qué hará con lo que aparezca dentro de los sobres de votación, y como la ley no prohíbe a texto expreso la posibilidad de votar por diferentes partidos, tenemos que saber y transmitir a la ciudadanía qué criterio será el que prevalezca”, indicaron a la diaria fuentes de la CE. Aludían así a la Ley 18.644 (de Descentralización), que, entre otras cosas, creó el tercer nivel de gobierno y cuya reglamentación validó que las listas de candidatos para los municipios y las listas de candidatos para los cargos departamentales vayan en hojas separadas.
El fundamento del pedido de Mieres y de aquellos que se inclinan por permitir esta experiencia hasta ahora inédita en Uruguay es que lo que la Constitución y la ley no prohíben está pemitido. Sobre los motivos que podrían llevar al FA a cambiar la opinión que tenía en 2010, Xavier indicó que aquélla era la primera votación para el tercer nivel de gobierno y el consenso amplio estaba lejos de ser una realidad. En aquella oportunidad la falta de acuerdo se reflejaba claramente entre los ministros blancos y colorados, que con sus votos dejaban la votación 4-3. Fue así que la minoría frenteamplista laudó por la negativa. En la conversión de los cuatro votos que hoy tiene el oficialismo en positivos estaría pesando también “la maduración” que alcanzó la sociedad con respecto al conocimiento y la identificación de los municipios y sus alcances en la gestión.
En la primera sesión de 2015 la CE acordó la organización del trabajo que tiene por delante, que además de este tema, aunque asociado, abarca la reglamentación de ambas elecciones, que serán incorporadas a una ley electoral que debe votar el Parlamento. Además de por el voto cruzado, también es necesario delimitar los municipios que se incorporan y qué series de credenciales corresponden a cada jurisdicción electoral. En 2010 fueron creados 89 municipios que les corresponden a las localidades con más de 5.000 habitantes, con un mínimo de dos por departamento; para esta segunda instancia se incorporan las que tengan más de 2.000 habitantes y se estima que serán 112 en total.