Ayer de tarde se reunió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC), para analizar el ofrecimiento del presidente electo, Tabaré Vázquez, de participar en el gobierno de algunas empresas públicas, servicios descentralizados y entes autónomos. No hubo sorpresas: los colorados resolvieron formar parte de la gestión y “continuar dialogando”, porque harán “todo lo posible para participar en [el gobierno de] la educación”; Vázquez dejó afuera de la lista a los cargos en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Banco de Previsión Social y el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y la oposición se quejó. En estos organismos hay representación social y el gobierno electo considera que estos representantes cumplen con la función de contralor. “Se irá a un nuevo diálogo y ahí se intentará negociar con Vázquez” por los organismos que no tienen representación social, “que es el argumento que usa [el presidente electo] para no dar lugar. Ahí podremos dar una batalla”, afirmaron participantes en la reunión.

Los colorados pretenden conseguir representación en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), que está dirigido por cinco miembros, y ninguno de ellos es representante social. “Perfectamente puede haber uno de la oposición y dos del gobierno, y ahí no hay ningún riesgo de que quede en minoría. Es muy importante para el PC participar aunque sea en esta área de la educación, entendiendo que hemos tenido pésimos resultados en estos años y tenemos la voluntad de ejercer aportes a lo que es la conducción de la políticas educativas, para tener mejores resultados en el menor tiempo posible”, aseguró el presidente del CEN, Germán Cardoso. La Ineed se creó con la Ley General de Educación en diciembre de 2008, y preveía que su directorio estuviera integrado sin representación de la oposición, pero sus bases se fueron modificando y en abril de 2012 el Poder Ejecutivo designó para uno de los cargos a Beatriz Castillo, en representación del PC, pero el cogobierno quedó trunco cuando Vamos Uruguay renunció a los cargos en agosto. Ahora volverán a pedir ocupar ese lugar.

Estamos

El Partido Independiente también se reunió ayer para analizar la propuesta del presidente electo, Tabaré Vázquez, y resolvió, como ya había anunciado, que la aceptará. El diputado Iván Posada dijo que elaborarán una mención sobre la participación en los organismos de la educación en la misiva que entregarán al presidente electo para oficializar su participación.

Cardoso añadió que se “abrirán instancias de diálogo con la oposición y se le comunicará al [vicepresidente electo, Raúl] Sendic que el PC ve como primordial la participación en la educación”. Aún no han fijado fecha para los encuentros y todavía no se habló de cómo van a repartirse los cargos.

Coincidencia

El líder del Partido Nacional y senador electo, Luis Lacalle Pou, dijo ayer a Radio Carve que sugerirá que “los candidatos a ocupar un puesto en una empresa pública concurran antes de la venia a la comisión que estudia ese tema en el Senado a decir qué es lo que piensan hacer si se les da la confianza política para que integren esos entes”. “Que sea como cualquiera que va a conseguir un trabajo y presenta su currículum”, señaló.

A raíz del comentario, el asesor en educación del PC Robert Silva publicó en Twitter el proyecto de ley que el senador Pedro Bordaberry presentó en abril de 2013 al Senado y que ingresó a la comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: “Normas de conducta de los titulares de cargos políticos y de particular confianza”. Este proyecto tiene como principal postulado lo que proponía Lacalle Pou, que los que ocupen los cargos “deberán producir dentro de los 60 días de su designación el plan de gestión que se proponen llevar adelante”. También estipula que, “al finalizar cada ejercicio anual, deberán presentar una rendición de cuentas de lo actuado. En ocasión de la presentación de la rendición de cuentas antedicha podrán realizar las adaptaciones y modificaciones al plan de gestión”, y para ello se creará el Instituto Parlamentario de Evaluación (IPE), como una institución dependiente del Poder Legislativo, que tendrá por cometido “el seguimiento de la gestión de los cargos políticos y de particular confianza”. El IPE podría penar a los gobernantes en caso de que no cumplieran con las obligaciones: las sanciones serían de “apercibimiento; multa de hasta 10.000 unidades indexadas y, en caso de reincidencia, hasta cinco veces más, y cese en casos graves”. Lacalle Pou lo retuiteó y escribió: “Comparto 100% la idea!”.