A partir de una denuncia presentada por la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) ante el “despido arbitrario” del peón rural Daniel Silvera, se realizó el martes 13 en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) una audiencia entre autoridades de ese organismo, representantes del sindicato, el empresario ganadero Diego Ortiz y el propio trabajador, para intentar arribar a un acuerdo sobre la situación.

Silvera, de 58 años y padre de 9 hijos, vive en Punta de Carretera, Tacuarembó. Es uno de los fundadores del Sindicato de Peones de Estancia (Sipes) y fue protagonista de uno de los videos de la campaña del Frente Amplio denominado “Uruguay cambió en mí”. Se desempeñaba como encargado de las estancias La Tortuga y El Lago, dos de los 14 establecimientos que son propiedad de Ortiz.

En noviembre del año pasado, la UNATRA había radicado una denuncia ante la Dinatra contra el estanciero por irregularidades en el pago de aguinaldos y salarios vacacionales de Silvera. El 9 de diciembre se alcanzó un acuerdo en el que Ortiz accedió a abonar los beneficios adeudados y la relación laboral con Silvera continuó de manera normal. Sin embargo, el 30 de diciembre el empresario llegó a la estancia donde estaba trabajando el asalariado y le comunicó que quedaba despedido.

En el acta de la audiencia del martes, a la que accedió la diaria, consta que tanto la UNATRA como el trabajador “rechazan el monto de liquidación presentado por la empresa”, y que Ortiz manifestó que “dicha liquidación se realizó como resultado de un acuerdo verbal” entre él y Silvera que surge luego de “la inspección ocular realizada en la estancia, constatadas las condiciones de los animales y las amenazas inferidas por el trabajador” hacia el estanciero. La UNATRA negó la existencia de “un acuerdo”, manifestó que el trabajador fue “directamente despedido” y rechazó “los dichos de la empresa referentes a las amenazas por parte del trabajador, las cuales no existieron”. El sindicato, que considera el despido como “arbitrario” y antisindical, reclamó que “el trabajador sea reintegrado a su puesto habitual de trabajo” o de lo contrario que el empresario abone una “liquidación por egreso” que sumando varios “adeudos” y “diferencias” alcanza la suma de 1.199.708 pesos.

El representante de la UNATRA en la audiencia, César Rodríguez, dijo que “los argumentos” de Ortiz son “inconsistentes” y que “no existieron amenazas del trabajador”. “En la negociación anterior se llegó a un acuerdo porque el trabajador era responsable y le servía a la empresa. Ortiz le reconoció la categoría con un sobre laudo, aceptó una licencia sindical de dos días y una indemnización al contado por la acumulación de irregularidades que venía arrastrando”, agregó. Sin embargo, 20 días después despide a Silvera “con una argumentación contradictoria y confusa”, sin establecer una “razón real de despido”. Rodríguez dijo que el estanciero se comprometió a estudiar las propuestas y presentar una respuesta en la próxima audiencia que será el 4 de febrero. Para la UNATRA se trata de un despido “abusivo y antisindical”. “No se trata de un trabajador común por la responsabilidad que tiene a nivel sindical. Es un referente local muy respetado y con mucho prestigio”, afirmó Rodríguez. La UNATRA no descarta iniciar una demanda judicial por el caso.