Días atrás, el Ministerio del Interior elaboró un informe de la aplicación de la Ley de Faltas, sancionada en agosto de 2013 por el Parlamento. Desde el Poder Judicial se está realizando un seguimiento mediante pedidos de información a los jueces que tienen competencia en esos casos, pero la información completa aún no ha llegado a manos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), según dijo a la diaria el ministro de ese organismo, Ricardo Pérez Manrique. Si bien el jerarca señaló que hasta no contar con esos números no habrá una evaluación general del impacto de la norma, sostuvo que la Ley de Faltas se está implementando en forma “desigual” en todos los departamentos del país. Mientras que en Maldonado hay una aplicación “bastante intensa”, en otros departamentos “no tanto”, al tiempo que en otros se da “una aplicación más o menos prudente”. Pérez Manrique dijo además que en los departamentos del interior las faltas que más se sancionan tienen que ver en primer lugar con el tránsito, mientras que en Montevideo la principal dificultad se da con la aplicación de las faltas en relación con la ocupación de espacios públicos, en las que debe darse una coordinación entre el Ministerio del Interior (MI) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Consultado acerca de las modificaciones que la aplicación de la ley supuso en las dinámicas de funcionamiento internas del Poder Judicial, el ministro de la SCJ explicó que al momento de su sanción “no se tuvo en cuenta” el presupuesto con el que cuenta la Justicia. A modo de ejemplo, Pérez Manrique mencionó que “se han recargado” los Juzgados de Paz y las defensorías públicas debido a que las faltas que antes no eran tratadas por la Justicia ahora pasaron a procesarse y requieren de la actuación de un defensor público. El jerarca adelantó que la aplicación de la Ley de Faltas será “una de las demandas centrales” del Poder Judicial en el próximo pedido presupuestal.

Los ejecutores

En su informe, el MI aseguró que en Montevideo se destinaron dos equipos especiales de trabajo para ejecutar esta norma, que “regula el uso indebido de espacios públicos y prohíbe ocupar o acampar en los mismos”, dada “la magnitud del fenómeno”. Desde setiembre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2014 se ha detenido a 2.364 personas por infringir las normas de uso del espacio público. 46,5% de estas personas han sido detenidas más de una vez. En total hubo 5.672 procedimientos de desalojo.

Según el informe, 48,6% de estas personas “tienen antecedentes penales y han sido procesadas por diversos delitos”, la mayoría por hurto. El informe asegura que el MI “capacitó especialmente a un equipo de la Policía Nacional para llevar adelante esta tarea”. Este equipo está integrado por 15 efectivos, se señala en el informe. De los detenidos, 62% tiene hasta 35 años y 1,6% es menor de 18 años.

El MI informa que las actuaciones policiales se concentraron hasta el momento en 13 de las 25 seccionales de Montevideo. 91% de las personas detenidas son hombres y 0,8%, extranjeros.

“Desde las 6.00 el equipo policial recorre las calles de la ciudad desalojando espacios públicos ocupados. Las personas son identificadas y notificadas de que están infringiendo una norma y, de acuerdo a lo establecido en la ley, son trasladadas a dependencias del Mides para que se les ofrezca una alternativa a la vida en la calle”, se asegura.

Cuatro de las 2.364 personas “tuvieron que ser derivadas a clínicas psiquiátricas”.