-¿Cuál es el impacto que se esperaba de la Ley de Promoción de Vivienda de Interés Social?

-Había una expectativa planteada al formular el plan quinquenal, en 2010, de unas 6.000 unidades de vivienda para el período. Hoy hay más de 12.000 viviendas presentadas, más de 9.000 ya promovidas y 700 terminadas. Ha tenido un impacto muy importante por la generación de una oferta que no existía pero también desde el punto de vista urbanístico, porque están realizándose obras en sectores de la ciudad que cuentan con todos los servicios y que hacía más de 60 años que no recibían ese volumen de obras. En noviembre de 2013 analizamos a qué se pretendía llegar y a dónde se estaba llegando con los valores en los que se estaba comercializando la vivienda. Generamos una serie de consultas para introducir algunas variantes en la aplicación de esta ley que se formularon en junio de 2014, de forma de controlar parte de esa producción para que cumpliera el objetivo que nos habíamos planteado. El objetivo general de la ley era que hubiera inversión y que esa inversión no saliera de las arcas del Estado; creo que esto es altamente satisfactorio porque se volcaron al mercado de la vivienda capitales que no se estaban volcando; históricamente en Uruguay toda la producción de vivienda se hacía pura y exclusivamente a partir de los recursos del Estado.

-¿Cuáles fueron los cambios impulsados en junio?

-La Ley de Vivienda pone topes a los valores para todo el interior del país; en Montevideo, en cambio, solamente existía tope en la franja costera, de manera que [la inversión] se fuera hacia otras zonas de la ciudad. En junio vimos que lo que pretendíamos era que se atendiese al sector de la población al que el ministerio no le da respuesta con sus políticas: las familias que están por arriba de las 60 Unidades Reajustables de ingreso (cerca de 46.000 pesos). Pero los valores de comercialización de las viviendas básicamente en Montevideo están llegando a parte del octavo decil, al noveno y al décimo por sus ingresos. Entonces los deciles quinto, sexto, séptimo y octavo no tienen respuesta. Es distinto lo que ocurre en el interior, donde la ley con sus topes posibilita que haya familias del quinto decil en adelante que acceden a estas viviendas. Lo que hicimos [en junio] con la ley fue generar que una de cada cuatro viviendas que se someten a consideración en Montevideo cumplan con determinados valores, de forma tal que no se concentre la oferta en los dos deciles más altos de ingresos de la población. Eso provocó determinadas reacciones por parte de los distintos agentes: algunos concluyeron que había disminuido la cantidad de oferta. También es cierto que cada año electoral se produce una retracción en las compraventas e inversiones. No estamos ante un retroceso en cuanto a la oferta, ésta sigue en términos generales en forma similar. Podrá evaluarse dentro de un año o dos para ver si efectivamente los cambios operados tuvieron el impacto deseado.

-La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua plantea el riesgo de mercantilización de la vivienda, porque quien la compra luego puede venderla a precio de mercado.

-La especulación siempre es un tema que hay que vigilar e intentar generar los correctivos cuando estas situaciones se deforman con respecto a la intencionalidad. Hoy no lo tenemos comprobado, pero es uno de los riesgos, algo que sucedió con buena parte de la producción histórica del país. Estos temas requieren una profundización en la legislación, pero también tener los mecanismos para poder aplicarla y controlar.

-Hay quienes critican que es una ley más enfocada en la oferta que en la demanda.

-Es impensable que el problema de la vivienda en Uruguay pueda resolverse exclusivamente con los recursos del presupuesto nacional. La ley logró atraer capitales para colaborar en la solución de la producción de vivienda. Las preocupaciones refieren a cuánta población integra. Creemos que hay un efecto positivo desde el punto de vista del incremento del stock de vivienda; eso tiene que dar resultados cuando la oferta que hoy se está construyendo termine materializándose. Habrá que ver cómo se ata esta dinámica de oferta-demanda. Uno ve viviendas que se han comercializado a valores razonables y otras que entrañan otros números. Lo que pasa es que son muchos los componentes que juegan: inciden las distintas ubicaciones, la antigüedad y las condiciones de la vivienda.

-¿Qué ocurre con los valores de los alquileres, que no son muy accesibles?

-El marco general de la política de alquileres en el transcurso del tiempo ha sido la libre contratación. Ha habido un enlentecimiento del incremento de los valores de alquileres. Uno de los efectos de la Ley 18.795, cuando haya volumen suficiente, va a ser la tendecia a la disminución, pero tender a la disminución no significa que vayan a bajar en valor absoluto, sino que los incrementos de los valores van a ser menores con el correr del tiempo. Pero mientras que el salario siga creciendo y la demanda siga aumentando, si no hay incremento fuerte de oferta no es factible pensar que vaya a haber rebajas sustantivas en los valores de los alquileres.

-¿Cuál es el déficit actual de viviendas?

-Creo que el déficit sigue en el orden de 50.000. Ni en 2005 ni en 2010, a la hora de la elaboración de los planes, teníamos números ciertos; el último censo era de 1996. Con los datos del censo de 2011 estamos elaborando y construyendo elementos, departamento por departamento, para orientar en cada uno políticas específicas. Hay zonas del territorio que siguen incrementando su población y otras donde sigue decreciendo. Habrá que seguir construyendo este entramado de políticas del ministerio, que ha apostado muchísimo a la descentralización -teniendo como socios a los gobiernos departamentales y formas asociativas de construcción como son las cooperativas-, que ha permitido tener un mapa bien distinto de dónde, con quiénes y para quiénes se está construyendo. Estamos priorizando el uso de los recursos del Estado en aquellas situaciones en las que las familias, sin la ayuda del Estado, no tienen posibilidades de cambiar esa realidad habitacional, y generando instrumentos para que otras familias que solamente precisan pequeños apoyos tengan posibilidades de acceso a la vivienda. En los programas de relocalización de viviendas que estaban en zonas inundables y contaminadas también ha habido avances importantes; en el mediano plazo va a visualizarse en forma creciente.

-Por como habla, parece que dejara un ministerio encaminado.

-Hay una suerte de continuidad que marca un punto de inflexión en 2005, en el cual se dejaron de lado determinadas políticas para tener una visión amplia e integral de la problemática. Somos muy críticos respecto de las políticas “de emergencia” que generaban respuestas de emergencia que parecían una solución pero, en general, eran nuevos problemas. Me refiero a las políticas de la década del 70 por medio de los planes de emergencia, que consistían en una suerte de tinglado de chapas, y las políticas de los núcleos básicos evolutivos, que le daban la misma solución a una familia de dos o de diez integrantes, lo que generaba problemas de hacinamiento e implicaba además desplazamientos a zonas desprovistas de toda contención social. A partir de 2005 esto se dejó de lado y se empezó a dar respuestas de calidad en lo constructivo y en la ubicación.

-¿A qué se le debería hincar más el diente?

-Hay elementos de continuidad que se han venido profundizando, y no es que no hayan estado en el candelero: las fuerzas no dieron para avanzar lo suficiente. Hay temas que hacen a una política de tierras para el desarrollo de programas que son clave; ha habido avances pero falta mucho por avanzar. Hay respuestas a sectores sociales más desprotegidos que hay que seguir incrementando en el marco de políticas mucho más articuladas con el resto de la institucionalidad, y hay temas en los cuales buscamos profundizar, pero no hemos tenido los avances que pretendíamos en la incorporación de tecnologías alternativas.