El miércoles 21, durante un acto de campaña electoral, la senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Lucía Topolansky, pidió a los legisladores que asumirán su banca este año que refloten un proyecto presentado por los diputados de su partido Alfredo Asti y Mauricio Guarinoni (Frente Liber Seregni), que se ocupaba de las viviendas abandonadas y daba al Estado potestades para intervenir al respecto. En diálogo con la diaria, Asti explicó que el proyecto fue presentado en 2012 ante la comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja, que no llegó a tratarlo, debido a la carga de trabajo generada por el tratamiento de otras normas, como el Código Penal.

El legislador anunció que el 15 de febrero, cuando asuma la nueva legislatura, pedirá el desarchivo del proyecto, necesario para que pueda ser considerado en los próximos cinco años. Esta vez pedirá que la norma sea tratada por la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que es “más específica” y no tendrá tanta carga de trabajo como la comisión a la que el proyecto fue ingresado en 2012.

Acerca del contenido del proyecto de ley, Asti señaló que la iniciativa parte de que en todas las zonas urbanas del país, no solamente en Montevideo, “hay muchos inmuebles que han sido abandonados y, además de provocar perjuicios a vecinos del lugar, también se los generan a toda la sociedad”. Para el diputado, esta situación se genera porque se “desaprovecha” la inversión realizada en servicios de trama urbana, como saneamiento, electricidad, pavimento y alumbrado, y también en los servicios sociales, como centros de enseñanza o de salud. Según añadió, “el territorio debe ser necesariamente utilizado de acuerdo a los fines para los que fue previsto”, y en el artículo 37 de la Ley de Ordenamiento Territorial se prevén obligaciones para que los propietarios conserven debidamente sus propiedades inmuebles, pero no hay otra norma que establezca mecanismos para que el Estado intervenga cuando eso no ocurre. El proyecto presentado por Asti busca justamente que el Estado, por medio del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) o las intendencias, pueda comenzar una acción judicial de declaración de abandono al constatar que esa situación se registra desde hace tiempo.

Debido proceso

El procedimiento para lograrlo sería que, al observarse un predio abandonado, el Estado solicite a la Justicia que cite a los propietarios del predio. De concurrir a la audiencia, tendrían que regularizar la situación en un plazo estipulado, y si no concurren, el edificio podría declararse “en abandono” y el gobierno de turno podría disponer que se construyan viviendas en un lugar que ya tiene instalados todos los servicios, explicó Asti. Si el terreno estuviera siendo utilizado como garantía, el proyecto de ley prevé que el propio Estado solicite el remate judicial y preserve el monto de la garantía para quienes tienen derecho sobre ese terreno, pero se cumpliría con el objetivo de liberar el bien para el mercado.

El titular del MVOTMA, Francisco Beltrame, dijo en una entrevista publicada por el portal de Presidencia de la República que la generación de una cartera de tierras que permita utilizar predios ociosos, tanto públicos como privados, en zonas pobladas del país debería ser el primer punto de interés del gobierno de Tabaré Vázquez.

Otros números

Beltrame destacó además que, por medio de distintos programas, más de 54.000 familias solucionaron la problemática de vivienda gracias al apoyo del Estado durante la gestión de José Mujica. El jerarca dijo además que, de las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo, ese logro se pudo concretar también por el trabajo de las intendencias y de las cooperativas de vivienda. En total, desde 2010, se construyeron 14.000 nuevas viviendas en el país, 20.000 se encuentran en obra, 10.000 familias también accedieron a préstamos de refacción de sus casas y 10.000 garantías de alquiler fueron otorgadas por el Estado.

El ministro destacó el llamado a sorteos en el marco del cooperativismo para otorgar 1.000 viviendas y construir nuevas. Acerca del otorgamiento de las 10.000 garantías de alquiler, Beltrame resaltó que ya no se llega únicamente a funcionarios públicos por medio de la Contaduría General de la Nación, sino también a privados, por medio de las garantías otorgadas por el MVOTMA.