Fallo de los fallos

-¿En qué consistió el trabajo en el oeste de Montevideo?

-La investigación se publicó en el libro titulado Un silencio a voces. Existe una población que concentra altos niveles de pobreza, se registran situaciones de explotación y la zona viene siendo objeto de la presencia de grandes inversiones que tienen durante determinado plazo un componente de mano de obra masculina [en relación a la construcción de la planta gasificadora] que llega al territorio y puede aumentar la demanda. La demanda también es un factor que produce explotación. Los modelos de desarrollo tienen consecuencias sobre las poblaciones y por eso la necesidad, como se está intentando, de realizar investigaciones y coordinar entre la sociedad civil y el Estado.

-¿Cómo se reforzaron esos mecanismos de amortiguación en la zona?

-La sociedad civil organizada y el Estado participaron en todas las etapas; tuvieron que ver en el diseño y en el armado de la investigación. Luego de alcanzadas las primeras conclusiones, las pusimos a disposición de estos actores para que fueran interpeladas e incluimos aspectos que habíamos desapercibido. Una vez identificado el problema, tiramos líneas tendientes a generar un proceso de sensibilización antes de que el obrador llegue al barrio; hemos tenido conversaciones con Gas Sayago, y vamos a capacitar con cerca de 80 talleres a todo el personal que va a estar trabajando en el barrio, para concientizarlo de la problemática, de que es un delito, en busca de cambiar la lógica machista y generar nuevos espacios de relacionamiento. Nos interesa trabajar con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, para que los trabajadores no sean factor de riesgo, sino de protección; con Cutcsa, para generar concientización y campañas, porque las terminales son espacios de explotación, y queremos resignificarlos en espacios de protección. La creación de una unidad territorial que tenga al tema de la explotación sexual como central, de carácter interinstitucional. Trabajamos con la alcaldía A. No quiere decir que Montevideo oeste sea el único lugar donde ocurre esta problemática: otras investigaciones dan cuenta de la aparición a lo largo y ancho del país.

-Has propuesto crear una ley integral de género y generaciones. ¿Por qué?

-Hacer un análisis jurídico es una tarea central. Aspiramos a la conjunción de distintos esfuerzos que den lugar a un proyecto alternativo al actual, en el que existe una gran fragmentación de normas, algunas pensadas para problemas de hace 70-80 años, y otras que tienen tres-cuatro años de vigencia. Es imprescindible generar dispositivos e instituciones para los problemas del siglo XXI.

-En el caso del empresario de Punta del Este Javier Moya, con otra normativa, ¿habría sido otro el desenlace?

-Nuestras normas permiten una gran discrecionalidad. Un mismo caso de explotación sexual comercial, depende de cómo se haya catalogado o desarrollado, puede ser objeto de trabajo de un juzgado de paz, vinculado al pudor, a la moral, a las buenas costumbres, de un juzgado penal común o de un juzgado especializado en crimen organizado, y muchas veces, existiendo las normas, no se las utiliza. Es clarísimo que era un caso de trata de personas: la víctima es acarreada, como si fuera una cosa, de Cerro Largo a Maldonado, con el objeto y la finalidad de la explotación sexual. Este caso muestra que el accionar del Poder Judicial no es homogéneo. El juez Gandini, quien actuó en primera instancia, utilizó la norma en el sentido de proteger a la víctima y perseguir al culpable del delito de explotación. El Tribunal de Apelaciones no lo entendió así. Vamos a ver qué entiende ahora la Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene en sus manos el caso luego del recurso de casación presentado por la fiscalía.

-A fines de noviembre ocurrió un caso en Paysandú, donde una almacenera llevaba a niñas que servían de anzuelo para que los hombres del pueblo consumieran, y luego tenían relaciones sexuales con ellos. La mujer fue procesada con prisión, pero los hombres sin prisión, porque no se comprobó que hubiera intercambio de dinero. ¿Cómo lo interpreta?

-Son fallos de los fallos. Si no hubo perpetradores del delito, ¿qué delito se le imputó a la propietaria del local?

-A ella se la enjuició por un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, pero a los hombres se los enjuició por un delito de corrupción.

-Si no se comprueba la retribución o promesa de retribución, no se configura delito de explotación sexual comercial. Pero ¿el delito de abuso? Hay una protección cultural que hace que muchas veces el perpetrador del delito desaparezca de escena. Eso no es menor. Tenés un proxeneta, tenés niñas que están siendo explotadas, y el resto desaparece, el tercer actor, el actor fundamental para que el proceso de explotación exista. Ahí es muy importante la mirada del juez y cómo conceptualice el problema. Esos hombres que van a determinado lugar donde parte del entretenimiento es usufructuar el cuerpo de niñas y adolescentes, ¿no tienen ninguna responsabilidad? El hecho de que no hayan sido procesados con prisión reproduce estas formas de impunidad. Si yo estoy viendo que en una comunidad una persona adulta mantiene actos sexuales pagos, prometidos o en el marco de otros consumos, y no pasa nada, es naturalizar un delito.