Custodia pública
Mirtha Guianze, quien actualmente preside la Institución Nacional de Derechos Humanos y que junto a Vomero fue tildada de “corrupta” y amenazada públicamente por Purtscher, contó a la diaria que recibió varios mensajes de apoyo del sistema político. Se pronunciaron públicamente al respecto la senadora Constanza Moreira -quien repudió las afirmaciones del general retirado- y la Vertiente Artiguista (VA), cuya Mesa Ejecutiva Nacional emitió un comunicado en el que expresó su “indignación y repudio” por las declaraciones que “agravian injustificadamente no sólo a personas e instituciones sino al propio sistema democrático republicano, manejando reflexiones propias de las épocas dictatoriales”. “Dichas declaraciones constituyen en sí mismas un acto de insubordinación y desprecio a los tres poderes del Estado, y por tanto, un atentado al régimen democrático republicano de gobierno”, sentenció la VA. Guianze reiteró que no denunciará a Purtscher e informó que no pidió custodia policial, aunque comentó: “Hay una amenaza de venganza, y cualquier cosa que me pase en este momento ya sé a quién atribuírsela”.
Las amenazas del general retirado Wile Purtscher contra un juez y una fiscal motivaron la reacción de las autoridades. El viernes, el Ministerio de Defensa Nacional anunció en conferencia de prensa que el militar recibiría una sanción disciplinaria y se lo sometería a un tribunal de honor por sostener, en una carta a los lectores publicada por el semanario Búsqueda, que quería “venganza” por el procesamiento al general fallecido Miguel Dalmao, y tratar de “corruptos” al juez y a la fiscal del caso, Rolando Vomero y Mirtha Guianze, respectivamente. Dalmao falleció cuando cumplía una pena de 28 años de cárcel por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974.
“Cada oficial sabe, lo tiene claro desde que ingresa a la Escuela Militar, que haciendo determinadas cosas recibe determinadas sanciones; es casi automático”, declaró el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, en la conferencia. También dijo que no conoce “casi ningún militar que no haya recibido alguna sanción en algún momento, por las cosas más inverosímiles”. La ley orgánica que rige las Fuerzas Armadas establece que los militares conservan sus deberes hasta cuatro años después de retirarse, entre ellos abstenerse de “toda actividad política excepto el sufragio”. Purtscher ya está cumpliendo la sanción de arresto a rigor. Fernández Huidobro no quiso confirmar la extensión de la pena y dijo que la decisión se entrega en “un sobre cerrado” al involucrado y “queda entre el que sanciona y el sancionado”; el diario La República publicó el sábado que serían 30 días y El País informó ayer que se extendía por diez días. De todos modos, el ministro sostuvo que se trata de una de las sanciones más duras que se le puede aplicar a un militar.
Además, entre hoy y mañana se firmará el decreto que conforma un tribunal de honor para que juzgue las declaraciones de Purtscher. El ministro dijo el viernes en conferencia de prensa que será un proceso lento, porque debe convocarse a los militares encargados de juzgar, uno de los cuales se encuentra en Estados Unidos. En paralelo, el ministerio pidió a su departamento de Jurídica que evalúe si los dichos pueden constituir un delito penal. “Hay posibilidad de que estas declaraciones o una parte de ellas pueda constituir un delito, en cuyo caso se remitirían los antecedentes a la Justicia competente”, manifestó Fernández Huidobro.
Ayer el diario El País informó que el fiscal Ariel Cancela presentó de oficio en el Juzgado de 4º Turno una denuncia penal contra Purtscher por amenazas a los operadores judiciales.
Por su parte, el Ministerio de Educación y Cultura defendió la actuación de Vomero y Guianze mediante un comunicado y sostuvo que las declaraciones del general retirado “deben ser rechazadas por inexactas”, porque “cuestionan la estructura y funcionamiento del sistema de justicia establecido en la Constitución y en las Leyes de la República” y porque “sugieren la convocatoria a acciones fuera del ámbito del derecho”. Señaló que las sentencias que dispusieron el procesamiento y prisión de Dalmao y la posterior condena “fueron dictadas por jueces independientes, a requerimiento de fiscales designados por el Poder Ejecutivo, previa venia del Senado de la República”. Agregó que en la causa intervinieron “dos Jueces Letrados de 1ª Instancia en lo Penal, tres Ministros de un Tribunal de Apelaciones en lo Penal y tres Fiscales Letrados Nacionales en lo Penal” y que “todos ellos coincidieron en la responsabilidad penal del General Dalmao en el homicidio”.
Cuando se conoció el procesamiento de Dalmao, Fernández Huidobro opinó que el general se había “comido un garrón”. El viernes, consultado por sus afirmaciones de aquel momento, el ministro las ratificó y aseguró que tiene su “propia hipótesis acerca de cómo murió la compañera Sabalsagaray”. Afirmó que “los que realmente fueron culpables” de su muerte son “probablemente de un grado superior al de Dalmao”. Respecto de las críticas recientes a su gestión expresadas por organizaciones de derechos humanos, Fernández Huidobro dijo que la cartera “nunca dejó de trabajar” en la búsqueda de los desaparecidos y que los cuestionamientos cruzados, fundamentalmente con el Servicio Paz y Justicia, para él están “laudados absolutamente”. “Para mí es un tema del pasado”, manifestó.
En tanto, la Institución Nacional de Derechos Humanos formalizó el viernes un pedido de información al Ministerio de Defensa en el que se pregunta a las autoridades de la cartera si existe mérito para una sanción disciplinaria, pregunta que ya quedó respondida en la conferencia de prensa de ese mismo día.