El coordinador de la Cámara de Senadores del Frente Amplio (FA), Enrique Rubio, dijo a la diaria que el oficialismo espera aprobar en los días restantes de esta legislatura el proyecto de la Ley Orgánica Policial, la reglamentación del trabajo nocturno, la modificación de algunas disposiciones respecto a la nacionalidad uruguaya para los hijos de uruguayos nacidos en el extranjero y el nuevo Código Penal. Los primeros tres proyectos de ley ya tienen media sanción, mientras que se espera que el último de éstos sea aprobado en la Cámara de Diputados. Este proyecto, que iba a ser votado en Diputados a fines de 2014, recibió varias críticas -no sólo de organizaciones sociales, sino también desde la propia bancada oficialista-, algunas de las cuales fueron consideradas “de recibo”. El coordinador de la bancada de Diputados, Alejandro Sánchez, dijo que si bien los tiempos son acotados, buscará trabajar el texto en febrero. En caso de que eso no ocurra, el nuevo Código Penal será tratado en la próxima legislatura.
Otros proyectos de ley que en su momento generaron expectativa o polémica ahora no tienen chances de ser aprobados. En la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores descansa un proyecto de ley consistente en un acuerdo firmado en mayo de 2012 “para la adquisición de suministros y la prestación recíproca de servicios entre el Ministerio de Defensa Nacional” de Uruguay y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El proyecto, que llegó a ser colocado en el orden del día del Senado para votarse en el Plenario, terminó generando la oposición de algunos sectores frenteamplistas, por lo que el 7 de mayo de 2013 esta cámara decidió enviarlo nuevamente a la Comisión de Asuntos Internacionales para que se rediscutiera. La iniciativa tenía el rechazo del Partido Comunista del Uruguay, de la senadora Constanza Moreira y de militantes de base de la fuerza política. “Se entendió que lo que hay que estudiar es el acuerdo marco de defensa con Estados Unidos, y luego ver si firmamos un acuerdo específico”, explicó en su momento Moreira. El acuerdo facilitaba la “provisión de alimentos, agua, alojamiento, transporte, petróleo, aceites, lubricantes, ropa, servicios de comunicación, servicios médicos, municiones, apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo)”, entre otras disposiciones.
En esa comisión también descansa un proyecto que pospone la elección directa de representantes del Parlamento del Mercosur para 2020. Hasta el momento sólo Paraguay y Argentina aprobaron la elección directa. El senador oficialista Alberto Couriel, que integra dicha comisión, opinó que para que esto fuera posible en Uruguay sería necesaria una reforma constitucional.
Otro proyecto que no será aprobado es el de la creación de la Fiscalía Nacional como servicio descentralizado, sustituyendo así al Ministerio Público y Fiscal. Tampoco prosperó un proyecto presentado por el ex juez Federico Álvarez Petraglia y un grupo de ex presos políticos que apuntaba a crear juzgados y fiscalías especializadas en la investigación y el seguimiento de crímenes de lesa humanidad. Este proyecto no contó con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia.
Otra iniciativa que fracasó fue la propuesta del presidente José Mujica de convertir a la Universidad del Trabajo del Uruguay (conocida como UTU) en un ente autónomo, una propuesta que generó reticencias tanto en la bancada del FA como en algunas autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, y quedó estancada en 2013 en la Comisión de Educación y Cultura de la cámara alta.
También quedó por el camino la propuesta del gobierno de crear un Código Penal Juvenil. El texto subía las penas máximas para algunos delitos penales cometidos por adolescentes y no encontró eco en buena parte de los sectores del FA. También se interpretó que su aprobación podía ser un mensaje contradictorio en momentos en que el FA y el gobierno se oponían a la baja de la edad de imputabilidad.
La otra parte
En mayo del año pasado el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento, que buscaba tipificar algunos delitos informáticos. La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja nunca llegó a discutirlo. El gobierno también buscó modificar la regulación de los juegos de azar mediante un proyecto de ley que creaba la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuesta del Estado “en calidad de servicio descentralizado comercial”, e instauraba la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar. El proyecto recibió media sanción en la Cámara de Senadores pero no se trata en la Comisión de Hacienda de la cámara baja desde mayo de 2014.
Otro proyecto que naufragó fue la institucionalización nacional del Fondo para el Desarrollo (Fondes). El texto no encontró apoyo en el gobierno entrante. El mandatario electo Tabaré Vázquez busca incluir al Fondes dentro del Sistema Nacional de Competitividad y discrepa con que sea una herramienta utilizada únicamente para financiar proyectos autogestionados.
El gobierno también envió un proyecto para regular el consumo de alcohol, pero éste tampoco logró acuerdo en la bancada parlamentaria, especialmente en lo referente a la prohibición de consumo en la vía pública.
Tampoco hubo acuerdo con el proyecto de “Atención sanitaria de adictos en situación de calle”, conocido popularmente como de “internación compulsiva”. La iniciativa generó fuertes reparos en algunos sectores del FA, especialmente al establecer que las personas que se encontraran consumiendo estupefacientes y cuyo consumo podía ponerlos en peligro, o poner en peligro a terceros, podían ser llevadas a un centro asistencial.
Si bien el texto logró media sanción en Senadores, desde la Comisión de Drogas y Adicciones de Diputados admitieron que difícilmente sea aprobado.