El malestar se hizo público el viernes mediante una carta, reproducida por el medio digital local La Paloma Hoy, que se transformó, a su vez, en una denuncia colectiva por ruidos molestos que los vecinos entregaron en la subcomisaría del lugar. En ella, pobladores de La Pedrera aseguran que sus reclamos no son tenidos en cuenta y que incluso uno de ellos fue demorado cinco horas en la comisaría local cuando concurrió a realizar el planteo.

Pretenden que la Intendencia de Rocha haga cumplir la flamante normativa, promulgada en marzo de 2014, producto, justamente, del malestar que quedó instalado en el departamento al finalizar la anterior temporada, que abarcaba tanto a los habitantes permanentes como a los ocasionales turistas, que vieron truncos sus deseos de descanso por las ansias de diversión y agite de otros.

La ordenanza mencionada incluso es tomada como referencia en la capital del país: la defensora de los vecinos, Ana Agostino, la estudia para tomarla como ejemplo a la hora abordar el tema, ya que desde principios de año también los ruidos molestos encabezan la lista de reclamos que recibe la institución. En ambos casos se trata del denominado “ruido social”, aquel que provocan las personas que se reúnen en las previas a los boliches, o incluso las que se encuentran en estos locales o permanecen en su exterior, y los que deambulan en sus entornos. En Montevideo durante este verano, como en otros, la discordia se concentra en la zona de boliches del Parque Rodó.

En Rocha, el principal foco de conflicto se centra en La Pedrera. La Intendencia de Rocha publicó un comunicado el lunes 5 de enero en su sitio web institucional, en el que recuerda los cambios en la ordenanza departamental que se plasmaron en 2014, y que esta temporada entrarían en vigencia. Entre otras actividades, regula las fiestas privadas, el volumen de la música en los autos y la que se propaga a la vía pública mediante otros artefactos.

Fue el decreto 2/2014 el que aprobó la Junta Departamental, modificatorio del 7/98, de diciembre de 1998. El nuevo texto establece, en su artículo 1º, que los vehículos que no cumplan con lo dispuesto en materia de ruidos molestos “se considerarán inhabilitados para circular y podrán ser retenidos hasta que se elimine la fuente de ruidos”. En el artículo 2º se reduce a 39 decibeles el “límite máximo aceptable para el nivel de ruidos de fondo en casa habitación”. Finalmente, en el artículo 3º se introducen cambios en el artículo 23 del decreto de 1998. A partir de ahora “ninguna persona física o jurídica podrá generar ruidos molestos y/o perjudiciales para el bienestar público, aun cuando se encuentre dentro de los límites de su propiedad”, debiendo respetar “los niveles normales de sonoridad perceptible por el oído humano”, situado en 45 decibeles. Entre las sanciones se prevén multas de entre 5 y 10 Unidades Reajustables, según el caso, pudiéndose incrementar hasta 100% para los reincidentes.

El viernes 9, un grupo de vecinos de La Pedrera daba a conocer la contracara de esta situación: recurrieron a la opinión pública por considerar que todas las acciones que intentaron con las autoridades no dieron fruto. En la misiva, respaldada por una veintena de firmas, explican que recurren a la Policía “a fin de reclamar su urgente intervención para que disponga las medidas necesarias para hacer cesar en forma efectiva los desmanes y contaminación sonora y sanitaria que se producen en La Pedrera ininterrumpidamente desde año nuevo, noche a noche”.

A renglón seguido, recuerdan el ajuste normativo que entró en vigencia y lamentan que “a pesar de las muy difundidas promesas de las autoridades, en el sentido de que 'no se habilitarían boliches bailables', la calle principal se ha convertido de hecho en un boliche a cielo abierto, obviamente sin baños, que inicia sus actividades alrededor de la medianoche y concluye al día siguiente, cuando a sus entusiastas participantes los vence el cansancio, nunca antes de las 8.00”.

“Solicitamos que se tomen cartas en el asunto, lo que va más allá de una multa al propietario, cuyo costo, en todo caso, se diluye entre las decenas de 'inquilinos' que ocupan la propiedad: es preciso hacer cesar efectivamente la fiesta no autorizada en resguardo del descanso de vecinos e inquilinos. Y no consentir el flagrante desacato en que incurren quienes dan a las autoridades un trato notoriamente desconsiderado”.

Siga el baile

Desde el Municipio de La Paloma se reconoce el problema, se lo califica de complejo por todos los intereses que hay en juego, y como ejemplo de esta complejidad se indicó que el hombre que fue demorado en la comisaría cinco horas es de origen argentino, que compró una propiedad hace unos años y abrió un boliche que está a cargo de su hijo, y que su actividad también ha sido objeto de reclamo en otras oportunidades.

Alcides Perdomo es alcalde de La Paloma, con jurisdicción en La Pedrera. Está al tanto de la carta y del malestar del grupo de vecinos. No obstante, sostuvo que la normativa no apunta a los boliches, sobre los cuales dijo que en este arranque de temporada no han sido foco de problemas. Por otro lado, consideró legítima la bronca de aquellos que quieren descansar y no pueden hacerlo, pero en este aspecto sostuvo que la erradicación del problema pasaría por definir qué tipo de turismo se quiere para la zona, dando a entender que en una buena temporada como la actual los beneficios económicos alcanzan a muchos.

Reconoció el problema de los ruidos callejeros y en las casas privadas -incluso mencionó que este año “está la moda de bajar a la playa con baterías de autos para pasar música”-, y aseguró que se han aplicado multas a los padrones en los que se detectó violación de la normativa en cuestión, la cual “recae en los propietarios de esas viviendas, que a veces las alquilan hasta por 400 dólares por día”. Perdomo opinó que una posible solución es la contratación de baños químicos para evitar que los turistas nocturnos orinen y defequen en la vía pública, pero dijo que “el municipio no puede asumir este costo”.

Aseguró que está en permanente contacto con los responsables de las distintas dependencias de la comuna que intervienen en este tipo de situaciones para “seguir buscando soluciones”, y que impulsará acuerdos entre todas las partes, al estilo de los que se lograron años atrás en torno al carnaval de La Pedrera.