Entrevistada por Radio Uruguay el miércoles, Muñoz anunció que el futuro gobierno planea crear por decreto una Secretaría Nacional que dependa de Presidencia de la República y que “tenga que ver con los asuntos legales, constitucionales y registrales”. El Ministerio Público y Fiscal y la Junta de Transparencia y Ética Pública pasarían de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a la de Presidencia. “Se está trabajando para un decreto en el que pasen como una secretaría nacional a depender de la Presidencia, con los actuales recursos humanos, que son todos muy valiosos”, indicó la futura ministra. “Es la dependencia la que cambia, no el estatus de las personas”, agregó. Tras el cambio, aclaró, “las necesidades presupuestales” que planteen los fiscales “correrán vía Presidencia de la República”.
El diputado nacionalista José Carlos Cardoso cuestionó la idea del próximo gobierno en su cuenta de Twitter. Valoró que el diseño institucional propuesto es “equivocado”, que Presidencia está “fuera del alcance” del contralor parlamentario y que un “ente autónomo e independiente hubiera sido más adecuado”. Consideró que el presidente electo Tabaré Vázquez “concentra poder fáctico”, y se preguntó si en Uruguay “un fiscal acusaría a un presidente, siendo un funcionario de su dependencia”.
El fiscal Juan Gómez, presidente de AFU, cuestionó la propuesta. Primero hizo notar que nadie consultó a los fiscales para proponer esta iniciativa. “Por más que nadie tenía la obligación, es habitual cuando se trata un tema que se escuche la opinión de los interesados de alguna forma”, declaró. “En cualquier caso, la opinión de la Asociación de Fiscales es muy clara sobre el tema y la idea es la de transformar [el Ministerio Público y Fiscal] en un servicio descentralizado”, señaló. Esto permitiría, a su juicio, “no tener ni siquiera la mínima sospecha en cuanto a la independencia” de los fiscales respecto del gobierno.
Indicó que en los sistemas “más modernos” se busca que el Ministerio Público no dependa del Poder Ejecutivo, por “una cuestión de transparencia del sistema” y por “las garantías del sistema procesal penal”. “Nos parece conveniente que esté alejado de los poderes y que tenga el contralor de otros poderes, como el Legislativo, a través de la Asamblea General, como se plantea en el proyecto que oportunamente se presentó en el Parlamento”, afirmó, en referencia al proyecto de ley presentado en 2013 por el gobierno encabezado por José Mujica. Esta iniciativa ingresó en julio de 2013 a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores y nunca fue tratada. Dispone la creación de una Fiscalía Nacional como un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura; establece que será “autónoma” y no estará sujeta a “directivas, instrucciones ni condiciones que se impartan o establezcan por sujetos ajenos a su estructura”.
“La asociación apoya ese proyecto y se ha pronunciado mediante asambleas apoyando la pertinencia de la transformación del Ministerio Público en un servicio descentralizado. Y ningún elemento ha variado de un tiempo a esta parte”, sostuvo Gómez. Dijo que la única modificación vinculada al tema es la aprobación del Código Procesal Penal -que potencia el rol de investigación de los fiscales-, por lo cual es aún más necesario que antes garantizar su independencia. Dijo que no ve “qué se gana” con la iniciativa anunciada. “Ni mucho menos vemos que eso pueda cooperar para transparentar el sistema, por lo contrario, puede llevar a la injerencia de un poder en la actividad jurisdiccional. Nunca hemos sufrido presiones, pero hay cosas en las que no basta serlo, sino parecerlo”, advirtió el presidente de AFU.
Pablo Álvarez, director general de Secretaría del MEC, opinó que lo que se buscó en 2013 con el envío del proyecto citado al Parlamento fue sacar los asuntos vinculados a la justicia del MEC, para que éste pudiera concentrarse en la educación y la cultura. Consideró que el hecho de que ahora el Ministerio Público y Fiscal pase a una secretaría de Presidencia es “más positivo que negativo”.