La Ley de Promoción de Vivienda de Interés Social (Ley Nº 18.795) cumplió tres años en octubre. La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) difundió ayer un informe que consigna que hasta noviembre de 2014 se habían terminado 747 viviendas de interés social. La mayoría de ellas (420) están en Montevideo; a la capital le siguen Maldonado (111), Canelones, Salto y Paysandú (entre 46 y 66 viviendas en cada uno) y los departamentos de Colonia, Durazno y Florida (entre diez y 18 viviendas). Pero los proyectos en curso son muchos más: se han presentado a la Oficina del Inversor proyectos por más de 12.000 viviendas, 72% de las cuales están en obra.
Dos de los principales objetivos de la Ley 18.795 son ampliar “significativamente la cantidad de viviendas de interés social” y facilitar el acceso a los sectores socioeconómicos bajos, medio bajos y medios. Para eso, la ley otorga beneficios tributarios a proyectos de inversión vinculados a la construcción, refacción, ampliación o reciclaje de inmuebles con destino a la vivienda de interés social.
Hasta ahora el Poder Ejecutivo ha promovido 305 proyectos que equivalen a 9.522 viviendas con destino a la venta y arrendamiento. De ellas “8.411 se localizan en zonas no costeras de Montevideo, 2.571 en Maldonado, 402 en Canelones y el resto en los departamentos de Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Paysandú, Rocha, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó”, consigna el informe.
Durante el primer año de aplicación de la ley ingresaron al sistema 3.428 viviendas, el segundo 4.349 y el tercero 4.308; el informe destaca que el número de proyectos ha ido en ascenso, sólo que en el último año han ingresado más proyectos pequeños (aquellos que reúnen hasta 20 viviendas de interés social). Los proyectos pequeños son, justamente, los que predominan hasta el momento: representan 60% del total.
En cuanto al tamaño de las viviendas, la mayoría son de dos dormitorios (60%), seguidas por las de un dormitorio (27%), mientras que las de tres y cuatro dormitorios representan 12% y 1%, respectivamente. En Montevideo las viviendas de un dormitorio están por encima del promedio nacional (33%), mientras que en el interior son más espaciosas: en Maldonado las casas de dos y tres dormitorios suman 84% del total de los proyectos, y en Canelones ese porcentaje asciende a 96%.
Casi la totalidad, 94%, de las viviendas en proyectos ingresados son de obra nueva, mientras que 4% son propuestas de reciclaje y 2% son reciclajes más pequeños, refacción, ampliación y finalización de obras inconclusas.
Cuesta lo que cuesta
Los inversores de los proyectos deben informar a la ANV, mediante declaración jurada, cada vez que vendan o arrienden una vivienda de interés social (así como las modificaciones y rescisiones de contratos de alquiler). De acuerdo con esa información, el precio promedio a nivel nacional del metro cuadrado entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014 se ubicó en 1.713 dólares (13.851 Unidades Indexadas). Montevideo es el departamento donde el costo es mayor (1.794 dólares el metro cuadrado) y el informe explica que las variaciones en la capital (cuya gran mayoría oscila entre 1.700 y 2.000 dólares el metro cuadrado) responden a la localización de las viviendas y las propuestas arquitectónicas.
Una de las críticas que ha recibido la ley es que no ha tenido como consecuencia la merma del déficit habitacional, que se estima en 50.000 viviendas. También se objetan los costos, puesto que una vivienda de dos dormitorios -alrededor de 60 metros cuadrados- con todos estos subsidios cuesta en Montevideo alrededor de 110.000 dólares.
“Creemos que la vivienda de interés social, que recibe el apoyo del Estado para su concreción, no debería ser mercantilizada, no debería entrar libremente al mercado, sino que la transferencia de las viviendas que han recibido apoyo estatal debería estar condicionada, reglamentada y controlada por el Estado a través de la ANV”, propuso la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) en un documento dirigido a los candidatos presidenciales en las últimas elecciones nacionales. En diálogo con la diaria, Miguel Leyva, prosecretario de FUCVAM, afirmó que “no hay un control del Estado de qué hace con el subsidio el subsidiado”. Explicó que el constructor está liberado de impuestos y que el subsidio también alcanza a quien compra la vivienda, pero que al convertirse en propietario puede venderla a un precio de mercado, cuando la había adquirido subsidiada. Por eso Leyva sostuvo que “se mercantiliza el subsidio” y advirtió que “el esfuerzo lo termina usando alguien en beneficio propio”.