Silenciosamente, una comisión interna del Frente Amplio (FA) está aprontando un posible debate sobre la reforma de la Constitución. El cuerpo está recibiendo propuestas de los diferentes sectores de la fuerza política y a fin de año comenzará a preparar una postura común para presentar al Plenario del FA. Si bien aún no se ha llegado a la etapa de puesta en común en esta comisión, las propuestas de los sectores ofrecen coincidencias en varios temas.

Esto quedó reflejado ayer durante una mesa organizada por el FA en su sede. Uno de los temas que sectores y bases quieren incluir en una eventual reforma constitucional es la nueva agenda de derechos (aborto, matrimonio igualitario, política de drogas) y la incorporación expresa de que el derecho nacional debe adecuarse a los estándares internacionales, especialmente en temas de derechos humanos. A su modo, los cuatro oradores del encuentro argumentaron esta necesidad: Manuel Ferrer (bases de Montevideo), Alberto Castelar (Movimiento de Participación Popular, MPP), Manuel Laguarda (Partido Socialista, PS) y Felipe Michelini (Nuevo Espacio, NE).

Los cuatro expositores también destacaron la necesidad de incorporar aspectos ambientales a la Constitución. “Es necesario incorporar las mejores experiencias internacionales para el mejor desarrollo social, económico y productivo, garantizando el cuidado del medioambiente”, explicitó Ferrer anoche.

Con algunos matices, los documentos presentados en la comisión proponen discutir el actual concepto de “ciudadanía” y habilitar el voto en el exterior. Otro aspecto abordado conjuntamente por los expositores implica la incorporación expresa en la nueva Constitución del tercer nivel de gobierno. En el documento que el NE entregó a la comisión, se habla de “constitucionalizar los avances” en esta materia.

El concepto de propiedad es otra noción a modificar. Ferrer dijo que es necesario garantizar este derecho, pero también propuso distinguir entre varios tipos de propiedad: estatal, privada, social y de bienes de producción. Castelar se expresó de forma similar, mientras que el PS propuso una redacción alternativa, “fundamental en relación con aquellos bienes necesarios para llevar adelante una existencia digna y autónoma, pero sometida a límites y controles, en tanto su concentración en pocas manos puede ser un obstáculo para la democratización política y económica”.

Las propuestas de sectores y bases también apuntan a fortalecer al Parlamento frente al poder que goza actualmente el presidente. Ferrer sostuvo que es necesario “reflexionar sobre el veto presidencial” y moverse hacia un régimen “menos presidencialista”. El MPP, cuyo documento contiene solamente aspectos “generales” y no toma partido en muchos de los temas, propuso discutir el “veto” aunque también los mecanismos de censura parlamentaria, mientras que el PS y el NE hablan de la necesidad de que exista “un respaldo parlamentario al gabinete”.

El abordaje del Poder Judicial tampoco escapa a las iniciativas de los sectores y las bases. Castelar propuso revisar el hecho de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sean responsables de los aspectos administrativos y a la vez jurídicos del Poder Judicial. Además, planteó la posibilidad de que existan salas especializadas por materias a la hora de las instancias de casación. En tanto, Laguarda planteó crear un “tribunal constitucional”, mientras que Michelini y Castelar sugirieron que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pase a formar parte de la SCJ.

La cuestión que genera importantes diferencias en el FA es la forma en que esta reforma constitucional podría llevarse a la ciudadanía. El documento del NE descarta “de plano” la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente, ya que no existe tradición en el país para este tipo de convocatorias, y la única experiencia, de 1916, terminó haciendo naufragar las ideas del oficialismo. En cambio, el PS sí defiende este mecanismo. “Es el más democrático. Si el fin es profundizar la democracia, debe adecuarse el medio al fin”, dice el documento del PS. En tanto, el MPP presenta una tercera opinión y se inclina por otro mecanismo: la presentación de firmas de 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional. “No cualquier procedimiento garantiza un empoderamiento de la sociedad y un amplio debate”, dijo Castelar.