En lo que va de la semana la comisión investigadora de ANCAP ya se reunió dos veces: la avidez por identificar ilícitos en la gestión y las finanzas de la empresa estatal, propósito de la investigadora, todavía no ve luz. Hasta el momento la oposición concluyó que se han dado “desastres en la gestión”, pero no irregularidades, según dijo el senador nacionalista José Carlos Cardoso. Por otro lado, desde el Frente Amplio (FA) Marcos Otheguy aseguró que aún no se puede arribar a conclusiones: falta la comparecencia del actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez (presidente del ente entre 2005 y 2008), y del actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic (presidente entre 2010 y 2013). Ayer la investigadora recibió al ex ministro de Economía y Finanzas durante los primeros tres años de gobierno de José Mujica, Fernando Lorenzo. Las certezas difieren según quién las sostenga.
Las diferentes visiones entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ANCAP refieren al endeudamiento de la empresa con el sistema bancario a partir de 2011. ANCAP aseguró que a partir de ese año el MEF no le reconoció el aumento de costos (sobre todo en recursos humanos y distribución) para elaborar la paramétrica que fija el precio del combustible, lo que llevó a que se endeudara con préstamos en dólares y a corto plazo. Por otro lado, Lorenzo y el titular del MEF, Danilo Astori, sostienen que no todos los costos tienen que estar en la paramétrica.
Más allá de la polémica, Otheguy afirma que Lorenzo ratificó lo dicho por Astori: que la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) y el MEF aprobaron el plan estratégico de inversiones de ANCAP, que significaba un cambio en la matriz energética del país. En ese sentido, el senador concluyó que quedó claro que esos costos eran importantes para el equilibrio financiero de ANCAP y que en enero de 2015 el MEF los tuvo en cuenta para resolver una baja inferior a la pensada en el precio del combustible. Los costos “implican, en buena medida, el desequilibrio que tuvo la empresa y que se empezó a corregir” a partir de enero. Otheguy recordó que las empresas estatales realizan presupuestos anuales y, por ende, afirmó, la OPP y el MEF estaban al tanto del balance de ANCAP y del monto, tasa e instituciones financieras prestamistas. Aclaró que lo que no es controlado “directamente” por el MEF son las inversiones de las empresas subsidiarias de ANCAP -Alcoholes del Uruguay (Alur), Cementos del Plata-, por ampararse en el derecho privado, pero que eventualmente todo lo que se gasta e invierte en esas empresas queda reflejado en el balance anual, que sí es revisado.
La oposición hace otra lectura. Según el miembro denunciante del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado, “las empresas estatales y las controladas [por éstas] deben pedir al Poder Ejecutivo [el aval] al endeudarse con préstamos mayores a los diez millones de dólares”. El diputado aseguró que Lorenzo pidió los datos de las empresas colaterales, y ANCAP se los negó y dijo reproducir textualmente sus palabras: “No me hago responsable de lo que no conocía”. En esa misma línea está Cardoso, quien afirmó que Lorenzo confirmó un “procedimiento muy errático” del endeudamiento de ANCAP, que se realizó “sin participación del MEF, sin analizar las fuentes de financiamiento ni el proyecto de endeudamiento, los plazos, la moneda en la que se iba a endeudar”. Aseguró que Lorenzo informó al gabinete, pero “el gobierno hizo caso omiso” y comparó la gestión con una “operación encubierta” en la que la empresa se “aisló de todos para generar un endeudamiento que tiene a la compañía de rodillas”, y lanzó los números: “supera los 1.000 millones de dólares, y las pérdidas, los 360 millones por año”.