La Asamblea General designó ayer a Juan Miguel Petit para el cargo de comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, que ocupará hasta el 26 de octubre de 2020. La votación fue unánime, con el apoyo de los 107 legisladores presentes.
Petit, abogado y periodista, era hasta ahora asesor de la Organización de las Naciones Unidas en Uruguay en derechos humanos. Su postulación fue una de las 20 que manejó la comisión especial encargada de formular propuestas de candidatos para la designación del comisionado parlamentario. Esa comisión trabajó desde julio a setiembre y llegó por consenso al nombre de Petit; eso fue resaltado ayer por Ivonne Passada, senadora del Frente Amplio (FA) y presidenta de la comisión, quien dijo que en ese ámbito se trabajó con los aportes de todas las visiones políticas representadas en el Parlamento, algo que también fue destacado por los legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente que hicieron uso de la palabra.
El postulante, que había sido electo por la comisión especial el 30 de setiembre, esperaba en el ambulatorio de la sala y escuchaba por los parlantes las referencias que los parlamentarios hacían de su figura. Todos los comentarios fueron buenos y los legisladores no escatimaron en contar anécdotas de fines de la década del 70, cuando en plena dictadura Petit, entonces estudiante en la Facultad de Derecho, se las ingeniaba para organizar asados, relató Pablo Mieres (Partido Independiente). También Ope Pasquet (Partido Colorado) se refirió a la militancia durante la dictadura, cuando en 1980 trabajaron en apoyo del No en el plebiscito por el que el gobierno cívico-militar pretendía institucionalizarse.
Del currículum de Petit, los legisladores resaltaron la defensa por la promoción de los derechos humanos, su labor periodística en los medios Jaque y Tres, especialmente su contribución a esclarecer el asesinato del médico Vladimir Roslik, que murió en abril de 1984, durante una sesión de tortura, en el batallón de Fray Bentos. Asimismo, destacaron el trabajo de Petit en organismos nacionales, puesto que entre 1985 y 1990 fue director del Consejo del Niño y de 2001 a 2005 fue gerente técnico del Centro Nacional de Rehabilitación.
Mucho por hacer
Tras la votación, Petit ingresó a sala y, tal como lo establece la Ley 17.684 del Comisionado Parlamentario, tomó posesión del cargo.
Luego, en diálogo con la prensa, anunció que en este mes y medio visitará los 28 establecimientos penitenciarios para poder formular luego un plan de trabajo. Respecto de la situación de las cárceles, opinó que “Uruguay ha avanzado muchísimo en los últimos cinco, seis años”, pero sostuvo “que todavía está a mitad de camino”. Sobre los avances destacó “el ingreso de los servicios de salud pública al sistema penitenciario, la caída del hacinamiento, la creación de nuevos centros, la creación de una unidad como el INR [Instituto Nacional de Rehabilitación], que tiende a ser autónomo y que no depende de la Policía; hay una gran convicción de que la atención, la asistencia y la rehabilitación son una cosa, y la tarea de seguridad es otra”.
“Imagino un sistema penitenciario que pueda abrirse a alternativas cada vez más diferentes de la prisión, en el que la prisión sea la excepción y no la regla. Un sistema en el que haya múltiples actores involucrados; creo que uno de los desafíos es tener una masa crítica de actores, que la sociedad civil, las ONG, las empresas, la academia, las intendencias y diversos organismos del Estado se involucren en la integración social”, expresó. Opinó que las cárceles deben ser asumidas “como un barrio más de nuestro territorio” y que “como tal hay que encararlas, como un sitio más de nuestra sociedad, en el que tiene que haber educación, salud, cultura, deporte, formación, academia, estudio, para asegurar la integración social de todas las personas, igual que en cualquier otro barrio”. Insistió en profundizar las opciones laborales y de estudio, así como el apoyo al egreso. “El egreso es un momento clave”, especialmente en los primeros meses.
El tema de la rehabilitación durante el proceso carcelario había sido abordado durante la sesión de la Asamblea General por el nacionalista Javier García, quien aclaró que “todo preso es un futuro liberado” y planteó que actualmente siete de cada diez liberados reinciden en actividades delictivas.
Hora de revisar
Petit es el segundo comisionado parlamentario. La figura se creó por ley en 2003; Álvaro Garcé, el primer comisionado, estuvo en el cargo durante dos períodos, desde 2005 hasta octubre de 2014, cuando renunció para postularse como candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional.
“Se inicia hoy una nueva etapa”, evaluó ayer el nacionalista Pablo Abdala, que pidió que “sea superadora” de la anterior. Evaluó que “al cabo de diez años de vigencia de esta institución”, tal vez haya llegado el momento de revisar la Ley 17.684. Habló de introducirle ajustes jurídicos, “porque el comisionado parlamentario es un asesor del Poder Legislativo, con características muy especiales”, ya que la ley “le da la legitimación para iniciar acciones judiciales en defensa de los derechos de procesados y condenados”, y se preguntó si no es hora de darle al comisionado parlamentario “una autonomía todavía mayor”.
Macarena Gelman (FA) destacó la “absoluta vigencia” de la Ley 17.684, pero comentó que “sin duda, a la luz de la experiencia, será necesario realizar algunas modificaciones”. Consultada por la diaria, la diputada prefirió no dar detalles, porque la discusión no se ha dado a la interna de la fuerza política, pero adelantó que “hay cuestiones que tienen que ver con la tarea propiamente dicha y las potestades; si es la institucionalidad que necesitamos en este momento de la situación del sistema carcelario, cómo hemos ido profundizando los cambios, y cómo podemos potenciar las mejoras que necesitamos hacer”, así como “cuestiones que tienen que ver con inhibiciones que en la ley inicial no estaban previstas”.