Entre todos

El subsecretario del MGAP, Enzo Benech, defendió que los temas de política de inocuidad de alimentos “son transversales, no son propiedad del MGAP”, pero acotó que es necesario fortalecer técnicamente el área. Por eso justificó que el proyecto de ley de Presupuesto que elevó el Poder Ejecutivo al Parlamento creara una Dirección General de Bioseguridad, que entre otros cometidos tenía el de “coordinar y ejecutar las políticas en materia de bioseguridad y organismos genéticamente modificados; de inocuidad alimentaria; sistema de control zoosanitario y fitosanitario”. El texto fue cambiado en la Cámara de Diputados, que habilitó a crear la “Dirección General de Control e Inocuidad Alimentaria”, quitándole todos los cometidos relativos a la política de organismos genéticamente modificados, que hoy recaen en el Gabinete Nacional de Bioseguridad, integrado por seis ministerios (MGAP; Salud Pública; Economía y Finanzas; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Relaciones Exteriores; Industria, Energía y Minería).

Benech justificó que lo que su buscaba era unir, dentro de una dirección el área de inocuidad alimentaria, barreras sanitarias, la Comisión de Gestión de Riesgo y el instrumento Evaluación de Riesgo en Bioseguridad, que “terminan estando todos en la Dirección General de Secretaría. Nos parece que estos temas son tan importantes para el país que tenemos que jerarquizarlos, tenemos que ponerles recursos y tenemos que trabajar en eso”. Reconoció que en el proyecto enviado al Parlamento “creamos una unidad a la que le pusimos un nombre que, la verdad, capaz que no fue feliz”, dijo, queriendo despejar sospechas de que el MGAP quisiera captar tareas que hoy corresponden a seis ministerios.

Los cultivos genéticamente modificados se posicionaron en el mundo hace 20 años, y son principalmente cuatro: maíz, algodón, canola y soja. Sólo 30 países cultivan transgénicos y Uruguay se destaca por ocupar el segundo lugar en superficie total cultivable, con variedades de soja y maíz. En inocuidad alimentaria “se nos va la vida como país productor de alimentos”, expresó ayer el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech, en la apertura de un taller sobre este tema que se realiza desde ayer hasta hoy en Montevideo; éste es el sexto de una serie de diez talleres sobre organismos genéticamente modificados que ofrece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Argicultura y el MGAP.

Benech dijo que Uruguay les vende a países “más exigentes que nosotros”, y que en el momento de la comercialización “estos temas de inocuidad aparecen” y “nos tienen que creer los que nos compran y estar dispuestos a pagar un poco más”. Igualmente, manifestó que en Uruguay “hemos hecho mucho esfuerzo en tener un solo estándar, no un doble estándar; no vender lo bueno y comer lo malo, no, los uruguayos tienen los mismos derechos que los que nos compran los alimentos caros”. El objetivo del taller es nivelar la información respecto de los procedimientos de análisis de inocuidad alimentaria y conocer experiencias de otros países.

En contexto

Camilo Rodríguez Beltrán, bioquímico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo de Chile, es uno de los expertos que participan en el taller. Reconoció que éste es un tema en el que “hay más preguntas que respuestas”, pero aclaró que “esto es propio de muchas áreas tecnológicas” y que “hay muy poca investigación en estos temas en nuestros países”.

Después de explicar los detalles de la modificación genética -herramientas de ingeniería que permiten introducir el contenido genético que produce una proteína de interés en otro contexto-, enumeró los interrogantes respecto de los posibles efectos en la salud humana y animal. Al hablar de proteínas cry, que son toxinas para insectos, preguntó qué es lo que ocurre cuando uno consume este tipo de productos. Consultó si el ADN se degrada, si las proteínas sobreviven a la digestión, y mencionó estudios que hallaron residuos de esas proteínas en ratas y un estudio hecho en Canadá en 2011 que detectó la toxina BT (del maíz transgénico) en la sangre de mujeres embarazadas y en la fuente sanguínea del feto. “¿Tiene peligro?”, preguntó.

Rodríguez señaló que el impacto puede depender de las formas de consumo, y por eso sugirió “analizar el contexto” y producir trabajos a nivel regional. Dijo, por ejemplo, que los maíces con altos niveles de lisina, al unirse con carbohidratos, “pueden tener efectos en diabetes, enfermedades neurodegenerativas, cáncer” y que esa exposición “aumenta con los tiempos y temperaturas de cocción” del alimento.

Consultado por la diaria respecto de cómo es la situación en Chile, Rodríguez expresó que es un caso “muy particular”, porque Chile “no acepta cultivar transgénicos pero produce semillas transgénicas”; por eso, su foco está en contextos más globales. Mencionó que hay países, como Perú, “que han decidido por moratorias; la moratoria no es un parar, sino una pausa: queremos generar más conocimiento en estas áreas antes de empezar a abrir un sistema regulatorio para tomar decisiones”, y en ese tiempo generar más investigación. “Otros países tienen un proceso que están recibiendo y aceptando, y con la mejor ciencia disponible generan protocolos”, dijo, mientras que hay otros, como Uruguay, que “produce productos en particular para exportación”; y los europeos “no producen pero los reciben en forma de alimentación animal”. Opinó que cada país “tiene derecho a tomar estas decisiones”, de poner pausas, ir hacia adelante y establecer protocolos, pero subrayó que “la información que estamos usando para tomar o generar cierto tipo de análisis siempre está cambiando. Es responsabilidad de los agentes regulatorios, pero también de los científicos de cada país, generar la mayor información y ciencia que pueda ser utilizada para tomar las decisiones, básicamente porque siempre que tomamos decisiones hay un ámbito de incertidumbre, pero en este caso nos corresponde como país o sociedad decidir si aceptamos esas incertidumbres, y ahí es donde depende de los contextos”.

En cuanto a la tarea de investigar, saludó que poco a poco “hay más grupos en el mundo que a partir de estas preguntas y preocupaciones generan investigación, que muchas veces puede llevar a que estas nuevas tecnologías incorporen algunos de estos conocimientos y hagan tecnologías más seguras, lo que siempre ha sido la intención”. Remarcó que “lo ideal es que se llegue a hacer una ciencia que esté más adelante, que sea más predictiva, que las cosas que se estén investigando repercutan sobre las decisiones que se van a tomar dentro de algunos años y no como actualmente se está haciendo, analizar las cosas que ya están sucediendo”. De todos modos, consideró que la producción científica no está “al nivel de lo que realmente necesitamos, en particular en regiones como Latinoamérica, donde se necesitan más investigaciones, por ser la región donde más se producen transgénicos”.

Lara Taroco, ingeniera alimentaria e integrante del Departamento de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública, también subrayó la importancia de “promover la investigación y estudios independientes en bioseguridad”. La ingeniera mencionó un estudio que revisó la bibliografía internacional y que, además de apreciar que los estudios no abundan, halló “un equilibrio entre los que dicen que son inocuos y los que señalan serias preocupaciones” por el consumo de organismos genéticamente modificados.