“Fueron 73 horas y ocho minutos”, cuantificó el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez (Frente Amplio, FA), ayer a las 11.09 de la mañana, sobre el final de la sesión que aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal. Un profundo aplauso le sucedió, no de las barras, porque a esa altura ya nadie hubiera aguantado, sino de los legisladores, que debieron pasar la noche entera votando y discutiendo artículos. Cuando la nacionalista Graciela Bianchi pidió la palabra asomó un tímido abucheo, pero las palabras de la legisladora, que había estado muy activa durante todo el debate, apaciguaron a sus colegas: se limitó a agradecer la “ecuanimidad” con la que Sánchez había conducido la sesión.
Si bien los diputados no estuvieron cerca de alcanzar el límite constitucionalmente previsto (las 23.59 de ayer), las últimas 23 horas fueron ininterrumpidas, salvo por algún que otro cuarto intermedio. Uno de los puntos más álgidos del debate tuvo lugar ya entrada la mañana de ayer, cuando la cámara se dispuso a tratar el artículo 713 del proyecto, que establece que las sentencias que obliguen al Estado al pago de montos por reclamos salariales se efectivizarán una vez que sean autorizadas previamente en leyes presupuestales o en rendiciones de cuentas. Algunos legisladores frenteamplistas expresaron sus reticencias. Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista) mostró algunas dudas respecto de la constitucionalidad del proyecto, aunque dijo que lo apoyaría, Óscar Andrade (Partido Comunista) interpretó que el artículo “recorta derechos” y Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) dijo que “va a tener consecuencias para la fuerza política”.
Estos pronunciamientos oficialistas llevaron al nacionalista Alejo Umpiérrez a quejarse del “strip tease de confesiones sobre inconstitucionalidades” que ofrecía el FA. Luego, el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular) se sumó a las críticas y dijo que se trataba de un artículo con nombre y apellido, que apuntaba a los trabajadores (concretamente, se refería a los del Poder Judicial y al conflicto que mantienen con el Poder Ejecutivo). La defensa en el oficialismo la hicieron Gonzalo Mujica (Espacio 609) y Pablo González (711). El primero sostuvo que “se protege a las arcas del Estado de erogaciones imprevistas que destruirían la posibilidad de cumplir con las políticas públicas”.
A la hora de votar las modificaciones al Fondo de Solidaridad, la oposición presentó una moción para que los artículos se desglosaran y pasaran a la Comisión de Hacienda. El diputado independiente Iván Posada advirtió que con los cambios, los egresados de carreras inferiores a cuatro años se verían notoriamente perjudicados, ya que a partir de los diez años de su graduación deberían aportar el doble de lo que les corresponde hoy en día. Los artículos fueron aprobados sólo con los votos oficialistas.
Capítulo II
El proyecto pasó al Senado y será discutido en la bancada de los legisladores oficialistas el lunes.
La senadora Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular) explicó que la idea es modificar el texto lo menos posible. “Les habíamos planteado a nuestros compañeros de Diputados que trataran de hacer la mayor cantidad posible de avances”, expresó. Se mostró conforme con la reasignación de recursos que acordó la bancada y dijo que es un trabajo que “hay que respetar”. También sostuvo que trabajará para buscar una forma de aumentar los salarios del personal subalterno de las Fuerzas Armadas. El proyecto preveía un artículo con aumentos de entre 800 y 2.000 pesos, pero como los aportes provenían de la supresión de 50% de las vacantes de los cargos de soldados de primera y segunda, y los diputados oficialistas Víctor Semproni, Sergio Mier y Darío Pérez se negaron a votar el artículo, los aumentos no prosperaron. Según Topolansky, habrá que buscar otra alternativa: “Poner lo mismo sería como meterles un dedo en el ojo. Hay que ver cómo se puede rescatar esa plata”. La senadora también estudiará alternativas al pasaje de la Dirección Nacional de Policía Caminera a la Guardia Republicana, algo que tampoco fue aprobado porque no contó con los votos de estos legisladores.
Disconformes
La Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural y otras gremiales rurales emitieron un comunicado en el que alertan que el Presupuesto contiene medidas que atentan contra el “Uruguay productivo”. Se quejan de la eliminación de la exoneración del 22% a la contribución inmobiliaria rural. “Se trata de un total despropósito que ignora las circunstancias difíciles a las que se enfrenta la producción agropecuaria, promoviendo una escalada de impuestos que no se compadecen con los resultados económicos del negocio productivo”, sostienen.