En los últimos meses se está desarrollando un debate en torno a la salud mental, en particular a la redacción de una nueva ley de salud mental, que sustituya a la obsoleta ley vigente, de 1936. Debate fermental, generado por los distintos colectivos vinculados con la temática y habitado por los habituales conflictos de poder. Esta urgencia por aprobar una ley es desencadenada por las denuncias sobre reiterados actos de violación de derechos humanos en las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi. Los impulsores de la ley piensan que las decisiones políticas que nunca se tomaron podrían concretarse con la aprobación de dicha ley: cerrar las colonias psiquiátricas y modificar el modelo asilar, paradigma de exclusión y marginación de quienes padecen un trastorno mental grave, de quienes viven en esa condición, de quienes no pueden pedir auxilio o defender sus derechos.

Se trata de una decisión política, de gestión, que no debería depender exclusivamente de una ley. Las leyes son una expresión simbólica que ordena la realidad, tienen la fuerza estatal para su cumplimiento, aunque no son el único camino para transformar la realidad. Desde 1986, con la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental, sabemos cuáles son los objetivos, cuál es el camino, por dónde ir. ¿Qué hemos hecho en estos años? ¿Es que todo empieza ahora, con la ley de salud mental?

En los procesos de cambio en la sociedad, creemos ser Adán, el primer hombre, el origen de la historia, sin ver ni pensar en lo que ha pasado antes. Se pretende empezar de cero cuando hay historia de procesos realizados. Todo “ahora” tiene un antes precursor que lo formatea y configura. El sistema de salud en nuestro país se caracteriza desde hace mucho tiempo por una atención integral y universal; los afiliados reciben atención en sus necesidades, siempre y cuando se refieran a su cuerpo. El dualismo cartesiano alma-cuerpo encuentra su máxima expresión en un sistema de salud: se cubren las demandas de lo biológico, del cuerpo que se enferma, y lo psíquico queda fuera, salvo la atención por medio de medicación, o sea, la psiquiatría en su vertiente biológica.

La reforma de la salud comenzada en 2007 implicó un cambio radical en la cobertura; con la creación del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), los ciudadanos reciben atención médica independientemente de su aporte económico, es decir, se independiza la atención sanitaria de la condición económica. En 2010, al asumir el nuevo gobierno, el entonces ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, anunció que la salud mental sería prioridad. El 23 de agosto de 2011, el entonces presidente de la República José Mujica aprobó la inclusión como prestación obligatoria de la atención en salud mental. Todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, tanto público como privado, a partir del 1º de setiembre de 2011 debió comenzar a implementar estas prestaciones.

El plan dispone tres niveles de atención diferenciados. En éstos se incluye: psicoterapia para niños, adolescentes y jóvenes, así como para las personas con trastornos mentales graves y persistentes. La prevención y promoción en salud -objetivo central de la reforma- se incluye mediante la creación de dispositivos grupales, que atiendan a embarazadas, puérperas, familiares de personas con trastornos mentales, familiares de personas con intentos de autoeliminación, trabajadores de la salud y de la enseñanza. Grupos que se enfocan en la prevención, pues se trata de personas que por su situación vital o laboral pueden pasar por angustias, presiones o conflictos que en un futuro se podrían manifestar en un síntoma o sufrimiento psíquico más grave. La atención en salud mental fue parcial en esta primera etapa, pues se consideró un proceso gradual, que se iba a universalizar al final del período de gobierno. Para financiar estas nuevas prestaciones, las mutualistas recibieron un aumento promedio en sus cápitas de siete pesos por afiliado, a partir del 1º de setiembre de 2011. El Fonasa comenzó a volcar mes a mes, al mutualismo, una cifra aproximada de 14 millones de pesos, si tenemos en cuenta que los afiliados a mutualistas son 2.140.000. Es un gran esfuerzo financiero del sistema de salud para propiciar este cambio. Sin embargo, la atención no comenzó en setiembre; las mutualistas se tomaron su tiempo de preparación, de implementación. Por meses recibieron una importante financiación para una prestación que aún no se brindaba. De a poco, lentamente, el sistema de atención comenzó a funcionar. Uniformizar una realidad que abarca desde mutualistas muy grandes a otras pequeñas puede ser injusto. Algunas lo implementaron con seriedad, compromiso y calidad; otras lo contrario, sin que fueran observadas o vigiladas por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En esta concepción de salud mental que prioriza lo preventivo, también está indicada la psicoterapia para quienes sufren angustia, depresión u otros padecimientos. La psicoterapia es un camino para evitar la cronificación, o la instalación de un trastorno mental grave. La angustia, la culpa y la tristeza, que son parte de la condición humana, necesitan de un espacio de pensamiento, de escucha, de contención profesional para su comprensión y superación. Quienes hoy son internados en los asilos, manicomios o clínicas privadas no tuvieron esa posibilidad; se tomó el camino de la internación como única vía, la solución biologicista excluyente de otros tratamientos. Por supuesto que la medicación es necesaria, y fue uno de los grandes avances de fines del siglo XX para tratar enfermedades mentales.

Los objetivos propios de la proyectada ley de salud mental se podrían lograr si el MSP hiciera cumplir el decreto de prestaciones de agosto de 2011. Si esa masa enorme de dinero que se vuelca al mutualismo fuera utilizada para brindar una atención de salud mental de calidad y seriedad, evitaríamos que muchos pacientes terminaran en una internación psiquiátrica. Ésa debe ser la función de rectoría de MSP. Los ciudadanos esperamos que se cumpla.