“Territorios inclusivos y sustentables” es el título de la primera edición del Premio Nacional de Urbanismo. Habrá seis categorías: Instrumentos del ordenamiento territorial y desarrollo sostenible; Proyectos urbanos; Ensayos e investigaciones; Trabajos de estudiantes; Comunicación social; Premio a la trayectoria.
-¿A qué apunta el premio?
SS: -A todo lo que tiene que ver con la planificación y la gestión de las ciudades; el proyecto urbano y territorial es un campo que ha estado poco visible para la ciudadanía y que tiene mucho que ver con las condiciones de vida de la gente. Se le quiere dar visibilidad y reconocimiento a un esfuerzo que se viene realizando a partir de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible [LOT], que ha permitido que se despliegue un gran desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial, planes urbanos, locales, directrices departamentales, estrategias regionales, y poco a poco, los gobiernos departamentales han ido desarrollando su propia planificación. Nos interesa todo lo que tiene que ver con la reflexión crítica, la creación de conocimiento y con la difusión, abrimos un espacio a todos aquellos que han generado espacios también para la denuncia, la propuesta y el debate.
-¿Por qué el énfasis en la inclusión?
SS: -Porque es uno de los grandes desafíos de la sociedad contemporánea. Mediante los instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial se puede estimular la inclusión o profundizar los procesos de exclusión social. Los principios rectores de la LOT son muy claros en términos de generar espacios de encuentro, de diversidad, de integración, pero muchas veces existen fuerzas que van en dirección contraria, espacios especializados tanto en lo funcional como en lo social, es decir, tanto en la guetización de la pobreza como la guetización de la riqueza, guetos de ricos y guetos de pobres. La separación en el territorio es uno de los generadores de mayor conflictividad.
-¿Cómo se articula el ordenamiento del territorio y de las aguas?
SS: -Es a todo nivel. En el caso del ordenamiento urbano hay un mapeo de las aguas y un mapeo de riesgo que genera la Dinagua y que se toma en cuenta al elaborar los planes y los proyectos.
DG: -En la medida en que se planifique, se logra una adecuada vinculación y se evitan inundaciones o problemas asociados a la interferencia de infraestructura. Estamos resolviendo problemas históricos, consecuencia de no haber tenido una planificación con una conceptualización de las aguas en ciudades.
-Usted decía que el ordenamiento territorial era un tema poco visible para la ciudadanía, pero también lo fue para el propio Estado.
SS: -Por supuesto, o se tomaban en cuenta sólo ciertos elementos. Hay que tener en cuenta que el desarrollo del conocimiento es relativamente reciente, y otra dimensión que coloca en agenda estos temas: el cambio climático y la variabilidad, la ocurrencia de eventos extremos cada vez con mayor frecuencia. Ahora hay inundaciones en el norte del país; ése es un problema que encontramos en la mayoría de las ciudades de Uruguay.
DG: -El agua necesita un abordaje integral para poder entender los fenómenos y resolverlos en conjunto, mientras que antes cada institución hacía su parte pero complicando a otras. Tener un abordaje integral y asociado a las actividades que tienen que ver con el ordenamiento del territorio es lo que estamos haciendo, las ciudades están empezando a tomar conciencia.
-En los últimos años han surgido propuestas para declarar departamentos libres de fracking o de minería. ¿Cuál es el poder de decisión que tienen los gobiernos departamentales?
SS: -Eso está regulado por la Constitución y por numerosas leyes. Hay competencias concurrentes entre el gobierno departamental y el nacional. En el caso del ordenamiento territorial pueden surgir conflictos o visiones que no necesariamente sean coincidentes, y un departamento puede pretender que determinadas actividades no se admitan. Para eso existen instancias superiores, como el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial, previsto en la LOT, que está integrado por el Poder Ejecutivo y del Congreso de Intendentes.
-¿Dónde van a estar los principales énfasis de su gestión?
SS: -Se va a hacer un trabajo transversal con las cuatro direcciones nacionales, particularmente con la Dirección Nacional de Vivienda en la implementación del Plan de Vivienda y el suelo para los programas de vivienda social, y con el área ambiental del ministerio en lo que tiene que ver con la integración de las tres direcciones -de Aguas, de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial- en una visión común. Se va a cooperar con los gobiernos departamentales para que continúen fortaleciendo sus capacidades para desarrollar el ordenamiento en cada uno de los territorios.
-¿Cuáles son los principales problemas de ordenamiento territorial?
SS: -Uno de los grandes problemas, y creo que todavía estamos lejos de hincarle el diente, es el tema de la intensificación del uso del suelo urbano y el control de los procesos de expansión de las ciudades. Uruguay es un país que no crece en población y, pese a ello, se sigue expandiendo el suelo urbano a costa de suelo rural productivo o afectando áreas ambientalmente frágiles o paisajísticamente valiosas. Son procesos que están ocurriendo a escala global.
-¿Se prohibirá el uso de determinados espacios?
SS: -Los gobiernos departamentales ejercen la policía territorial, que tiene todas las competencias para prohibir, sancionar y revertir procesos indeseados de ocupación del territorio.
-Pero ¿se sanciona?
SS: -Depende de cada caso. Hay gobiernos departamentales que históricamente están dotados de recursos y a otros los estamos tratando de apoyar para fortalecer esas capacidades. El ministerio está recorriendo intendencias, y uno de los temas que afloran es el de las dificultades que tienen para ejercer la policía territorial y cómo podemos apoyarlos.
-¿Cuál es la problemática en el área rural?
SS: -En la última década y media el país ha intensificado su producción agrícola, ganadera y de algunas industrias extractivas. Estamos ejerciendo una máxima presión sobre el suelo rural y los ecosistemas, y estamos viendo cómo eso se está reflejando en situaciones como la disponibilidad del agua potable; este proceso está trayendo consecuencias no del todo evaluadas. Pero hay menos tradición de planificación del suelo rural que del suelo urbano, y éste es uno de los grandes desafíos.
-Hay discrepancia porque la Ley de Presupuesto modifica el artículo 47 de la LOT, que plantea que los instrumentos que refieran a proyectos de más de diez hectáreas no tienen por qué tener autorización ambiental previa.
SS: -La LOT introduce la Evaluación Ambiental Estratégica [EAE], que es superadora de la Evaluación del Impacto Ambiental [EIA]. La EIA estudia los proyectos caso a caso: tú presentás una industria y yo evalúo qué impactos genera en el ambiente y cómo debo hacer acciones de mitigación; si al lado otro presenta otra industria, repito el proceso. La EAE lo que hace es mirar el conjunto. En la redacción de la LOT se deja implícito que primero hago la EAE del instrumento y luego la intendencia tiene que presentarlo como proyecto a una EIA. Prácticamente se duplica el mismo trámite, es decir, la intendencia desarrolla un plan local, parcial o sectorial; luego de que está aprobado y que recibió la EAE, se interpreta que tiene que presentar, como si fuera un particular, el plan como un proyecto, y el plan en realidad no es un proyecto, es un plan. Con la modificación estamos dejando claro que se hizo la EAE y no hay que duplicar el proceso. Eso no deroga la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. No es que estemos eliminando controles ambientales: estamos clarificando qué tipo de control y autorización ambiental corresponde en qué momento.