Hoy la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) continuará con su discusión interna sobre el Presupuesto, y se espera que mañana se llegue a un acuerdo final que contemple todas las posibles modificaciones al proyecto de ley. A las propuestas de cambios realizadas por el Partido Socialista, el Partido Comunista del Uruguay y el Movimiento de Participación Popular (MPP) se le sumarán hoy las de la lista 711, liderada por el vicepresidente Raúl Sendic.

Este sector del FA propondrá, al igual que lo hizo el MPP, utilizar 60% de los incrementos destinados para imprevistos de todos los incisos (poco más de 40 millones de dólares) para otros ítems que no tienen presupuesto. El sector no realizará ninguna modificación en lo que atañe al Ministerio de Defensa Nacional ni al Ministerio del Interior, debido, en este último caso, al compromiso del gobierno de reducir 30% las rapiñas.

La 711 también propone modificar los salarios de algunos cargos de confianza que se crean en el Presupuesto, ya sea introduciendo cambios en los salarios de estos cargos o suprimiendo algunos puestos para generar una “bolsa de ahorro”. Por ejemplo, se bajaría el sueldo del futuro director del Instituto Uruguayo de Meteorología (que era igual al de un senador) y se pospondría el aumento de los directores del Ministerio de Desarrollo Social para la Rendición de Cuentas de 2017. Se supone que con esta medida se conseguiría un ahorro de unos 500.000 dólares anuales.

Otro de los puntos propuestos por el sector refiere a suprimir 50% de los gastos en la renovación de la flota de vehículos de todos los incisos, salvo en el caso de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y de otros organismos con “énfasis en el tema vehicular”. El ahorro, se espera, llegaría a cerca de 58 millones de dólares y se destinará principalmente a la educación, la salud, la implementación del Consejo de Comunicación Audiovisual, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay, entre otros.

Rescate

El gobierno destinará este año una partida de cuatro millones de pesos (138.000 dólares) de ayuda a Cinemateca Uruguaya. Ante la delicada situación que atraviesa, la institución había lanzado una desesperada campaña en busca de ayuda parlamentaria. El monto fue confirmado el miércoles por el director general de secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Jorge Papadópulos, durante la comparecencia de las autoridades de la cartera a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que estudia el proyecto de Presupuesto Quinquenal. La cifra corresponde a una reserva presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas.

Papadópulos informó además sobre el borrador de convenio entre su cartera, la Intendencia de Montevideo (IM) y Cinemateca Uruguaya, que implicará la transferencia de dinero relacionado con actividades educativas del MEC, en acuerdo con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que implicarán unas “cuatro exhibiciones para 800 chicos por semana”, en un año, más “un paquete de películas para ser distribuidas y trabajadas en el interior del país”.

Pero el convenio irá más lejos. Papadópulos dijo que se está planteando la conformación de una comisión tripartita con la IM, Cinemateca y la Unidad Financiero Contable del MEC, con el propósito de efectuar un cambio que permita lograr un nuevo “modelo de gestión” de la institución. El jerarca sostuvo que esta comisión estudiará “con mucho cuidado” qué hacer con el archivo fílmico de la institución, y expresó que “no todo el material que está allí debe ser preservado”. “Si el dinero es finito, habrá que tomar decisiones -no yo, sino quienes saben, los que integren dicha comisión-, para saber qué debe o no preservarse”, sostuvo.

Luego de un pedido del diputado del Partido Independiente Iván Posada para que el apoyo a Cinemateca quedara de alguna forma expreso en el proyecto presupuestal, Papadópulos se comprometió a “enviar una redacción en ese sentido”.

Más intervención

En la misma sesión, la titular del MEC, María Julia Muñoz, fue consultada por el nulo aumento de fondos que recibiría el IIBCE. “Creemos que debe haber una intervención de las necesidades de investigación de distintos organismos del Estado, no para cercenar las posibilidades de investigación del instituto, que es de alta calidad, sino para que vayan en consonancia con lo que se desarrolla, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas”, dijo la ministra.

Así, la jerarca justificó la idea de crear una dirección en el IIBCE en la que participaran los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Salud Pública, y Economía y Finanzas. “La investigación que promueve el Estado debe estar en consonancia con el país productivo y el desarrollo que se quiere dar al país”, resumió. Pero según agregó, como no hubo tiempo para debatir sobre el tema, se decidió no incluir estas reformas en el presupuesto. En tanto, Papadópulos sostuvo que sólo las unidades ejecutoras referidas a educación recibieron incrementos presupuestales y negó que la falta de incremento se debiera a la no aceptación del nuevo “modelo de gestión”.

Durante la sesión, Muñoz anunció que enviará un proyecto de ley para traspasar la actual Dirección de Ciencia y Tecnología del MEC a la futura Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, prevista en el proyecto de Presupuesto, una vez que éste sea votado.

Más educación

Ayer concurrieron a la comisión las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP. El diputado Jorge Gandini arremetió contra el artículo 619, que autoriza a redirigir partidas salariales de esta institución al rubro “inversiones” si no se llega a un acuerdo entre el Codicen y los gremios de la educación. Gandini sostuvo que esta disposición es inconstitucional, ya que el Poder Ejecutivo “no puede tener la facultad de decirle al Parlamento que si no se cumple una condición, pasa para la otra”.

El miércoles un grupo de parlamentarios del FA se reunió con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien defendió el artículo, sostuvo que se trata de una pieza clave en la negociación colectiva y dijo que, si no es aprobado, se dinamitará todo el sistema de negociación público y privado, lo que volvería inútil todo esfuerzo que pudiera hacer su cartera y, por lo tanto, su participación en ella.