El titular de la Intendencia Departamental de Rivera (IDR), el colorado Marne Osorio (Espacio Abierto), y varios integrantes de su equipo de gobierno estaban citados a declarar hoy en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera en la causa iniciada por una denuncia por la “comisión de hechos con apariencia delictiva cometidos” contra la comuna y “por ella, a través de sus gobernantes”, el intendente y su “equipo directriz”. La denuncia fue presentada por tres técnicos y ex directores comunales pertenecientes al Partido Colorado (PC), el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN), el 4 de mayo de 2015, pocos días antes de que Osorio fuera reelecto jefe comunal. Sin embargo, ayer el juez Diego Saravia postergó la indagatoria a los denunciados debido a que uno de los denunciantes, que “iba a presentar pruebas”, no pudo asistir a dar testimonio porque se encuentra en el exterior.
El magistrado explicó a la diaria que Osorio “ya prestó declaración” por otra causa que se encuentra “acordonada” con ésta, por “estar vinculada”. Saravia aclaró que el proceso se encuentra “en presumario”, y, por lo tanto, no brindó más información. Aclaró que una de las dificultades de la denuncia presentada es que “no identificaba a los denunciados”.
Dos de los denunciantes prestaron declaración ayer ante el juez y la fiscal Patricia Sosa; se trata del frenteamplista Ariel Valmaggia, que ocupó la Dirección General de Obras (DGO) de la IDR durante la administración de Asdrúbal Vázquez, que asumió como intendente tras la renuncia de Walter Riesgo, en 1995, y el nacionalista Mario Cúparo. El tercer denunciante no pudo comparecer porque se encuentra de viaje; es el colorado Francisco Iriondo, que fue titular de la DGO durante la primera administración del intendente colorado Tabaré Viera (Espacio Abierto), que en las últimas elecciones departamentales apoyó la candidatura del blanco Gerardo Amarilla (Todos hacia Adelante).
Los ex jerarcas denunciaron una serie de “hechos” que constituirían “un cúmulo de apartamientos a normas legales y de conducta en la función pública”, y que ocasionaron “notorio perjuicio” a la IDR, “en favor de sociedades anónimas; a título de ejemplo, Ramón C Álvarez SA y Coral Safiro SA, que serían parte de un mismo grupo económico”, pero se agrega que “existen muchas otras empresas que forman el ‘equipo’ que utiliza la IDR en su tercerización generalizada”.
También se denuncian irregularidades en el Presupuesto Quinquenal, en el que se presentaron dos planes de inversión en obras, uno de la Dirección General de Hacienda y otro de la DGO, con una diferencia de 168 millones de pesos entre ambos, así como una docena más de denuncias concretas en materia presupuestal y sobre lazos familiares incompatibles dentro de la administración.
Osorio y el ex secretario general de la IDR Abilio Briz ya declararon el 17 de setiembre por una causa vinculada, a partir de una denuncia presentada por Valmaggia, que refiere a la demolición sin razón del viaducto que existía en el Autódromo, construido en el año 2000 por la IDR “por administración”, para levantar otro, “sin llamar a licitación y por una empresa particular que casualmente es la empresa Ramón C. Álvarez SA”. Esta causa y la generada por la denuncia de mayo se unificaron en el mismo proceso.