Por cuarto año consecutivo, el viernes marchó por la principal avenida montevideana un conjunto de gente que aumenta en número año a año, aunque sigue siendo ínfimo si se consideran las estimaciones que indican que una de cada cuatro personas va a tener un trastorno mental a lo largo de su vida. Sin importarles el qué dirán y las caras de asombro de los transeúntes, cantaban: “Hay que cerrar, hay que cerrar el manicomio en la República Oriental”. Vestidos o caracterizados con ropa y figuras a rayas -porque “rayados estamos todos”, recordaban-, saltaban y volvían a entonar otra de las consignas: “No más electroshock, menos trato abusivo, necesitamos un poco de amor”.
La IV Marcha por Salud Mental y Vida Digna, organizada con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, fue convocada por la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna. Participaron estudiantes, docentes, integrantes de organizaciones de usuarios -Asumir y el Movimiento Salud para Todos-, de familiares -Caminantes, Grupo de la Esperanza-, el colectivo Radio Vilardevoz, Proderechos, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay y la Unidad de Bioética de la Facultad de Medicina, que este año, a partir de la discusión de una nueva ley de salud mental, formó un subgrupo de trabajo que articula entre salud mental y bioética.
Entre los participantes estaba Daniel Diverio, dirigente del SUNCA, quien aseguró que la salud mental es un tema central para el sindicato. En diálogo con la diaria, opinó que es una problemática que se ha ocultado durante muchos años y que “hay mucha hipocresía”; el dirigente dijo que “el tema es cómo hacer que el pueblo lo tome como suyo” y señaló que el movimiento sindical puede servir para amplificar la difusión sobre esta problemática.
Marchó también el diputado Gerardo Núñez (Frente Amplio, FA), quien previamente había participado, junto a otros legisladores del FA, del Partido Colorado y de Unidad Popular, en una mesa de diálogo organizada por la Asamblea Instituyente. Transmitió a la diaria que los parlamentarios “mostraron sus niveles de acuerdo con el objetivo de transformar la situación en materia de salud mental en Uruguay” y aseguró que la movilización “va a poder desatar nudos que se han generado en el ámbito de la creación del anteproyecto, que se tienen que resolver con la lucha de los distintos colectivos”. Entre esas tensiones destacó las diferencias en torno al órgano revisor que se prevé crear con la nueva ley de salud mental; de acuerdo con los lineamientos entregados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) al Parlamento (ver “El otro modelo”), el órgano dependerá del MSP, algo que no es acompañado por varios movimientos sociales. Al igual que ellos, Núñez piensa que ese organismo debe ser “independiente, autónomo y con capacidad financiera”, y anunció que antes de la presentación del proyecto, la bancada del FA discutirá las dos propuestas.
El otro modelo
En marzo el Ministerio de Salud Pública (MSP) convocó a organizaciones sociales para elaborar los lineamientos de un proyecto de ley de salud mental que sustituya las normas que rigen desde 1936 y 1948. Participaron instituciones gubernamentales, la academia, usuarios y familiares, la Asamblea Instituyente, Vilardevoz, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Psicoanalítica del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, entre otras. Luego de tres meses de trabajo, el MSP elevó al Parlamento los lineamientos del anteproyecto y continuó trabajando en la redacción del proyecto. El diputado Gerardo Núñez dijo a la diaria que el texto podría llegar en un mes y que el objetivo es que antes de fin de año reciba media sanción.
El titular del MSP, Jorge Basso, explicó el viernes a la prensa que además de la ley es necesario dar “pasos concretos en materia de gestión asistencial, para que sea superadora del modelo asilar”. Habló de incorporar “dispositivos que habiliten a que no todas las personas que padecen trastornos mentales terminen en hospitales especializados, menos aun en hospitales tipo colonias, asilos que son del siglo XIX”, e hizo énfasis en que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene que incorporar casas de medio camino y hogares alternativos.
Al llegar a la plaza Cagancha, los manifestantes fueron recibidos por Marcos Carámbula (FA), presidente de la Comisión de Salud del Senado, a quien le entregaron las primeras 9.400 firmas de una campaña de adhesión iniciada hace tres meses por la Asamblea Instituyente, en reclamo de que no se postergue la discusión y aprobación de una nueva ley de salud mental, que la búsqueda de soluciones sea en conjunto con las organizaciones sociales, que se cambie el paradigma de atención de acuerdo con estándares internacionales, que de aquí a 2020 se cierren las estructuras asilares y monovalentes, que se creen ámbitos interinstitucionales e intersectoriales, con participación de usuarios y familiares, para acceder a oportunidades de vivienda y trabajo, que el órgano revisor sea autónomo e independiente y que se garantice la producción y disponibilidad de información pública para monitorear la aplicación de la política de salud mental.
Fiesta antimanicomial
Al día siguiente, como todos los sábados, Radio Vilardevoz desarrolló su fonoplatea. Era un día especial: con motivo del Día de la Salud Mental, organizó una “fiesta antimanicomial”; la actividad no fue en el estudio radial sino en el patio que da a la calle. La cita, como siempre, era a las 10.00, pero los funcionarios, que el jueves habían tachado los muros que anunciaban la actividad y habían escrito “Los funcionarios queremos a nuestros pacientes y nuestro hospital!!!”, citaron, también a las 10.00, a una concentración en la puerta del centro, en contra del “cierre del Vilardebó”.
Los grupos estaban a escasos 50 pasos uno del otro. Los funcionarios permanecieron toda la mañana en la escalinata de acceso por la puerta principal, mientras que la fiesta era en la entrada de la policlínica. La distancia era grande y la puja no sólo se sentía por las pintadas, sino porque los funcionarios impidieron inicialmente que concurrieran a la fiesta usuarios que tenían la autorización del psiquiatra para salir de sus salas. Era la primera vez que ocurría algo así; luego los dejaron salir, pero antes de que terminara la fiesta se los llevaron.
El diputado Gerardo Núñez fue a hablar con los funcionarios, que aseguraron que nunca se los había citado a una instancia de diálogo y cuestionaron el anteproyecto, que dijeron no conocer. Núñez les dio una copia y criticaron especialmente el artículo que habla de prohibir la creación de nuevos establecimientos asilares, adaptar el funcionamiento de los existentes, redireccionar recursos humanos y financieros hacia las alternativas de atención en la comunidad y prohibir la internación de nuevos usuarios a establecimientos asilares. “¿Usted nos asegura que no se va a cambiar un gran depósito por pequeños depósitos?”, le preguntaban los funcionarios a Núñez, reconociendo implícitamente una de las grandes fallas del modelo actual. El diputado catalogó como “un error” que los funcionarios no hayan sido convocados a participar en la redacción del anteproyecto y se comprometió a llamarlos a una reunión con otros legisladores para esta semana.
Los funcionarios desconfían de que vaya a haber dinero para implementar el nuevo modelo y criticaron que el proyecto fue hecho por personas que “no conocen a los pacientes”, porque no están todo el tiempo con ellos. El enojo era grande; el muro de Facebook de la filial del Hospital Vilardebó de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) reúne duros comentarios; incluso un funcionario anunció el viernes: “Mañana incendio esa maldita radio”.
Beatriz Fajián, dirigente de la FFSP, concurrió el viernes a la actividad organizada por el MSP y sentada en la escalinata del hospital dijo a la diaria que no le había gustado lo que habían dicho las autoridades, que hablaban “del inminente cierre de las colonias”. “No es que nos preocupemos por el cargo nuestro, con toda la falta de personal que hay en ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] nos llevan a cumplir nuestra tarea en otro hospital, pero ¿qué van a hacer con los pacientes?”, preguntó.
Un rato después, tres funcionarios accedieron a ir a una de las mesas de la fonoplatea. En la presentación, Adhemar, uno de los participantes, dijo que usuarios y funcionarios tenían en común querer cambiar el hospital, y que “extirpar el concepto de manicomio” iba a ser beneficioso para ambas partes. Aseguró que los funcionarios mejorarían sus condiciones de trabajo si ya no estuvieran en “un régimen de cárcel” y si se pudiera transformar el hospital “en un centro de rehabilitación de salud mental”. Los funcionarios agradecieron el espacio y saludaron compartir el objetivo de lograr un “mejor tratamiento para los usuarios”. Reconocieron que el nivel de atención “no es el que se merece el paciente” y manifestaron su voluntad de formar parte de la discusión del proyecto de ley. Confiaron en que serán citados por el Parlamento, por ASSE y el MSP. El resto de los funcionarios vinculados permaneció en la entrada del hospital.
A todo eso, la prometida fiesta fue tal. Los participantes de la radio bailaron y cantaron. Tempranito, a las 8.30, habían vuelto a pintar los muros de ingreso, donde transcribieron una de las ocho razones para crear una nueva ley de salud mental en Uruguay, la número seis, que dice: “Queremos una ley de salud mental con participación de los trabajadores, que incluya espacios de formación y cuidado desde una perspectiva de derechos humanos”.