La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), que entró en vigencia en diciembre de 2014, establece como un derecho de la audiencia acceder, por medio de la televisión abierta, a los partidos de las selecciones uruguayas de fútbol y básquetbol en los torneos internacionales y en la etapa clasificatoria. En ese sentido, aplica a la presencia de Uruguay en las Eliminatorias, que comenzó la semana pasada con el partido frente a Bolivia. En esa instancia, el encuentro no se pasó por televisión abierta. Por este motivo, tres organizaciones -la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo)- presentaron el viernes una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y solicitaron que se exigiera la transmisión del partido de ayer, contra Colombia.

La ley de SCA dispone que el control del cumplimiento de la norma quede a cargo del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), que aún no se ha conformado. De hecho, el Poder Ejecutivo resolvió no prever ningún fondo en el Presupuesto para su conformación, porque prefiere aguardar la resolución que tome la Suprema Corte de Justicia (SCJ) respecto de la constitucionalidad de la norma. En los recursos de inconstitucionalidad presentados por los canales de televisión, el artículo que regula los “eventos de interés general” -aplicable en este caso- está entre los impugnados. La bancada del Frente Amplio resolvió modificar la propuesta inicial del Ejecutivo y resolvió prever un monto de dinero en el Presupuesto para la conformación del CCA. Esta disposición aún no se ha votado en la Cámara de Diputados, que discute el proyecto de ley de Presupuesto desde el domingo, que es probable que sea considerado hoy. La ley también establece que, en ausencia del CCA, algunas de sus competencias se transfieren a la INDDHH; por este motivo, las organizaciones radicaron la denuncia allí.

Ayer, la INDDHH emitió una resolución que dispone una “medida provisional urgente”, en el entendido de que la denuncia era de recibo y que la institución era competente para actuar en el tema. En un oficio dirigido al titular de la Secretaría Nacional del Deporte, Fernando Cáceres, la INDDHH le solicitó a la empresa Tenfield, cesionaria exclusiva de los derechos de televisación de las Eliminatorias en Uruguay, que habilitara a los canales abiertos a transmitir el partido. También solicitó a “los organismos competentes que se adopten las medidas necesarias” para transmitir el partido de ayer. Los canales privados no llegaron siquiera a formular el pedido -los grupos económicos dueños de los canales de televisión abierta son prácticamente los mismos que controlan las empresas de cable en Montevideo-. Cáceres dijo a la diaria que el director de TNU, Joaquín Constanzo, envió una nota a la empresa Tenfield en la que expresaba que el canal estatal estaba en condiciones de emitir y solicitaba autorización. Pero los responsables de Tenfield se negaron a darla. El diario El Observador informó ayer, citando fuentes de la empresa, que Tenfield se negó alegando que la ley no estaba reglamentada, y advirtió que si no se respeta su contrato no le pagará a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Martín Prats, presidente de Cainfo, manifestó que “se está incumpliendo con la ley” y que “hay un desconocimiento” del rol de la INDDHH. Consideró, de todos modos, que el problema también radica en “la omisión del Poder Ejecutivo” de reglamentar la norma y constituir el CCA. “Hay falta de previsión de hacer aplicar una ley que está vigente. Eso está suscitando problemas. Habría que pensar qué podemos hacer frente a esta nueva situación”, manifestó. Remarcó que la disposición en cuestión no necesita reglamentación, pero sí habría necesitado que el CCA “estuviera existiendo para poder prever estos problemas e implementar las medidas pertinentes”. Las organizaciones que presentaron la denuncia se reunirán en breve para definir las acciones a tomar.