La capacidad del proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal de alterar a los actores sociales no se limita a la especie humana. La semana pasada, un conjunto de organizaciones en defensa de los animales convocó a una concentración en la plaza Independencia para el 23 de octubre, en rechazo a una seguidilla de artículos (del 270 al 275) que establecen algunos cambios en la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal (Conahoba). El más importante: el pasaje de la comisión del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
“Actualmente la Conahoba tiene un montón de cometidos que no se están cumpliendo o hay dificultades”, fundamentó Enzo Benech, subsecretario de Ganadería, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados. El ministro Tabaré Aguerre agregó que la normativa actual “está elaborada con cabeza de mascota”, o sea, con el foco en los animales domésticos, dejando de lado los aspectos ganaderos. Ese último punto es, justamente, el que no comparten las asociaciones que convocaron la concentración: Caninos y Equinos, Animal Help, Libera y For The Animals; Animales sin Hogar no adhirió. “Estábamos empezando a trabajar en una nueva ley para presentar al Parlamento, que tipificara el maltrato de animales como un delito, pero esto es un paso enorme hacia atrás. Es un modelo productor, no protector”, lamentó la coordinadora de Libera, Karina Kokar, que propone que se incluyan artículos que prohíban los circos y el ingreso de animales exóticos al país. Con la normativa actual, la Conahoba está autorizada a confiscar animales, prohibir su tenencia y poner multas de hasta 500 UR.
“Para poder trabajar con animales se precisa un conjunto de capacidades que en el MEC no tenemos”, explicó en diálogo con la diaria Jorge Papadópulos, director general de Secretaría del MEC, que opina que otros organismos, como la Comisión Nacional de Zoonosis (que depende de Salud Pública) o el Ministerio del Interior, tienen infraestructuras que facilitan las funciones inspectivas y represivas, respectivamente. En disonancia con los militantes, el jerarca no cree que el modelo que se propone deje de ser protector.
Los militantes no están conformes con el funcionamiento actual de la comisión (“no se hizo nada”, dice Kokar), pero critican los cambios en la integración del organismo que propone el Presupuesto: quedarían un representante del MGAP -que oficia de presidente, con doble voto en caso de empate-, uno del Ministerio del Interior, uno de Salud Pública y uno del Congreso de Intendentes. Se eliminarían los delegados de la Universidad de la República, de la comunidad veterinaria y de las ONG, que quedarían como consultores. Papadópulos justifica las exclusiones: “Son actores que tienen funciones de educación. Van a estar presentes, pero la idea es que decidan quienes tengan capacidad para ejecutar”.