Aunque el sistema de protección social uruguayo se destaca entre los de la región por sus altos niveles de calidad y cobertura social, las autoras del cuaderno Protección social y género en Uruguay sostienen que éste muestra “desde hace ya un buen tiempo, señales claras de fisuras”, que surgen por el beneficio mayor que otorga a los hombres respecto de las mujeres.

Diversas transformaciones productivas, demográficas y laborales que ocurrieron en las últimas décadas modificaron la imagen de las “familias nucleares”, conocidas como “el hombre que trae el pan a la casa y la mujer a cargo de las tareas domésticas y el cuidado de los niños”. Este proceso implicó la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, cambios en la nupcialidad y el aumento de los divorcios, y el descenso de la fecundidad, que en conjunto generaron la consolidación de una “nueva estructura de riesgos” de las mujeres respecto de la protección social. Los cambios fueron procesados de manera diferente en los diversos sectores y grupos de la sociedad, lo que llevó a que las más jóvenes y menos educadas, con carga familiar y jefas de hogar, terminaran siendo un grupo especialmente vulnerable.

Un primer “nudo crítico” de este sistema refiere a la “enorme desventaja” que presentan las mujeres en la afiliación a la protección social. Este fenómeno es, según Salvador y Rossel, “un reflejo claro de las desigualdades de género en los mercados laborales, donde las mayores tasas de inactividad, desempleo e informalidad entre las mujeres contribuyen negativamente a consolidar su vínculo con la seguridad social”. A modo de ejemplo, la tasa de desempleo de las mujeres estimada por el Instituto Nacional de Estadística osciló en el último año entre 7,7% y 9,9%, mientras que la de los hombres lo hizo entre 4,5% y 6,7%. A esto se suman las pautas discriminatorias, la inserción laboral intermitente y las brechas salariales que impactan negativamente en la densidad y el nivel de cotización a la seguridad social.

Pero “la desventaja no afecta a todas por igual”. Las trabajadoras del primer y el segundo quintil de ingresos -el 40% más pobre- presentan problemas de cobertura muy superiores a los del resto de las mujeres y, más aun, al de los hombres en general. Según las autoras, el sesgo se explica fundamentalmente por la “sobrerrepresentación femenina en empleos en sectores donde la cobertura de seguridad social ha sido históricamente más baja”: el de los cuidados y el trabajo doméstico.

El sistema uruguayo también presenta sesgos importantes entre géneros en la protección a la vejez. Más allá de las flexibilizaciones de los criterios y cálculos de jubilación que se han dado en la última década en reconocimiento a los derechos de las mujeres, “la pauta histórica de predominio masculino en las jubilaciones no se ha modificado significativamente”. En todo caso, las autoras entienden que la reducción en la brecha de cobertura de jubilaciones de hombres y mujeres se explica por el aumento relativo de ingreso al sistema de aquellas con mayores ingresos, y no por una mejora extendida en mujeres de todos los sectores sociales. “El acceso de las mujeres más pobres a la jubilación no se ha modificado en las últimas dos décadas, lo que da como resultado que el acceso a las jubilaciones entre las mujeres es hoy más desigual que hace diez años”, afirman en el documento. Otra consecuencia del mismo fenómeno se percibe en la brecha de ingreso entre las jubilaciones de ambos géneros: las mujeres perciben aproximadamente 70% de lo que perciben los hombres. Las autoras sostienen esto “no se ha modificado significativamente en los últimos diez años”.

Un último “nudo” se presenta fuera del “paraguas” de la seguridad social, donde los esfuerzos para compensar las desigualdades que se derivan del modelo contributivo y de la reproducción de los sesgos de género en los mercados laborales son “aún insuficientes” y la vulnerabilidad de las mujeres es mayor. Al respecto, el programa de Asignaciones Familiares constituye “una medida fundamental para ir al encuentro de las necesidades de mujeres pobres con hijos pequeños, sin ingresos o con inserciones laborales precarias”. No obstante, sin perjuicio de esto, las autoras señalan que “el debate sobre el grado en que políticas de este tipo refuerzan los roles tradicionales de género al poner sobre las beneficiarias la responsabilidad del cumplimiento de los trámites y condiciones asociados a la política está todavía abierto y muy poco recorrido”.

Para intentar ir rellenando estas fisuras, las autoras sugieren que las políticas de protección social “no deberían operar asumiendo que los recursos se distribuyen en forma equitativa entre hombres y mujeres o que la realidad en la que buscan incidir es neutral”, porque “ni el terreno en que las políticas sociales operan es neutral en términos de género, ni las políticas -aunque frecuentemente no lo expliciten- lo son”.

La presentación del documento se llevará a cabo hoy a las 11.00 en la sala de conferencias de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.