El sistema fue elaborado por el Instituto Nacional del Adulto Mayor (Inmayores) y la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), con el fin de producir y sistematizar información. Los datos fueron tomados del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Mides, el Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento de la Universidad de la República (Udelar) y del Banco de Previsión Social, entre otros organismos. La información será actualizada, de acceso público, y se podrá hacer diferentes cruces de datos.

Si bien Uruguay “tiene más de medio siglo de acumulación de envejecimiento”, como expresó el investigador Juan José Calvo, “estuvo muy desatento a políticas de investigación en temas poblacionales”.

La titular del Mides, Marina Arismendi, y la directora de Inmayores, Adriana Rovira, expresaron que la producción de información es fundamental para diseñar políticas públicas, despojándose de prejuicios. En referencia a la proporción de los adultos mayores en Uruguay, Denise Cook, del UNFPA, dijo que es una buena noticia porque implica que las personas viven más, pero advirtió que requiere una adecuación de las políticas, porque supone desafíos fiscales debido a que es menor la población activa y mayor la carga del sistema de salud y de cuidados.

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Los datos, compilados en una publicación, señalan que los adultos mayores son 14% de la población. Predominan las mujeres (60%). La esperanza de vida de las mujeres es de 80 años y la de los varones de 73; las principales causas de muerte son las enfermedades del aparato circulatorio (33%), tumores (20%) y enfermedades respiratorias (10%).

Las diferencias de género transversalizan todos los indicadores. Cobra jubilación 83% de los varones y 62% de las mujeres; en cambio, son ellas quienes cobran más pensiones, producto de las interrupciones en sus actividades laborales, o por haber dependido de sus maridos, explicó Valentina Perrotta, de Inmayores. A nivel general, 2% vive en hogares pobres, y 23% tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Perrotta dijo que es necesario investigar para conocer cómo se distribuye dentro de cada hogar el ingreso de los adultos mayores, que sostienen muchos hogares, y saber si deciden respecto de sus propios ingresos.

Un tercio de los hogares tienen a personas mayores como jefe o jefa de hogar, y el arreglo familiar más frecuente (33%) es vivir en pareja y sin hijos; 26% vive solo. 85% se comunica al menos una vez por semana con sus hijos. Inmayores recomienda que no sólo se vinculen con sus familias, y buscará la forma de medir la participación. En ese plano también hay diferencias de género; Perrotta dijo que las mujeres se dedican mayoritariamente a actividades filantrópicas y recreativas, mientras que los varones participan más en organizaciones reivindicativas.

Hasta agosto el Mides había relevado 1.030 establecimientos de larga estadía, una tarea que asumió en 2014 y que antes era realizada por el MSP. En Montevideo y el área metropolitana residen 8.529 personas en 485 establecimientos; 77% son mujeres.

Perrotta subrayó la necesidad de investigar para cuantificar el deterioro cognitivo, la autopercepción de la salud y la calidad de vida, estudiar la imagen social de la vejez, la prevalencia de abuso y el maltrato, mejorar instrumentos de medición de los cuidados y medir el tiempo dedicado a cuidados no remunerados.

Al cierre de la presentación, Margarita Percovich, ex legisladora y fundadora de la Red Pro Cuidados, saludó la compilación de datos que hasta ahora estaban dispersos, pero comentó que Uruguay llega tarde a esta investigación, porque “esta transición demográfica hace mucho tiempo que empezó”. Percovich cuestionó que el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal derogue el artículo de la ley que traspasó al Mides “las competencias de regulación, habilitación y fiscalización” de establecimientos de larga estadía. De acuerdo a lo propuesto, el Mides mantendrá “la rectoría y fiscalización en material social”.

En diálogo con la diaria comentó que cuando integraba la Comisión de Salud del Parlamento recibió muchísimas denuncias por mala atención o malas condiciones habitacionales, y que “el MSP nunca cerró una casa de salud, nunca estableció un plazo de condiciones para la mejora: eso lo empezó a hacer el Mides por intermedio de Inmayores, que formó gente especializada y con una mirada mucho más integral de las condiciones de las personas mayores que vivían en esas casas”. Además, dijo que “el problema” del MSP es que la mayoría de los establecimientos de larga estadía son propiedad de médicos o tienen médicos como asesores técnicos, “y eso es una complicación cuando hay que llamarles la atención”.