Como parte del ciclo “A 30 años, más democracia”, organizado por las presidencias de ambas cámaras del Parlamento, se desarrolló ayer el seminario denominado “Los derechos y la democracia”, en el que uno de los temas tratados fue la perspectiva de la ampliación de derechos.
El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo), dijo que hay que preguntarse si se pretende establecer la agenda de derechos sólo desde la institucionalidad del gobierno del Frente Amplio (FA), porque “sin un proceso de movilización social será muy difícil el proceso de profundización de esa agenda”, y explicó que “todas las iniciativas” partieron de los movimientos sociales. El diputado sostuvo que no se puede “alcanzar una verdadera democracia “sin verdad y sin justicia”, y que “la impunidad jurídica” se puede volver “una impunidad fáctica”. Puso como ejemplo el fracaso de la unidad auxiliar del Ministerio del Interior en el intento de ubicar a los 13 militares citados por la Justicia para declarar en la causa que investiga la muerte de Humberto Pascaretta. “Si no logramos avanzar en ese plano, está comprometido el futuro democrático del país”, agregó.
Luego, el director de Promoción Socio Cultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña (Partido Comunista) repasó los avances en la agenda de derechos, pero también enumeró todo lo que resta; para ello, narró algunos pasajes de la vida de su abuela, “una luchadora” por esos derechos, fallecida recientemente. “El Estado reconoció la trata de esclavos y el racismo, por ejemplo, pero nos falta a todos empezar a hacerlo en la práctica”, dijo. Graña mencionó que los militantes políticos pudieron contar su historia de persecución por parte del aparato represivo del Estado, pero cientos de personas trans que fueron perseguidas, golpeadas y violadas sistemáticamente por el mismo aparato no pudieron hacerlo, “y eso la izquierda nunca lo vio”. El jerarca informó que a partir de 2016 “julio será el Mes de la Equidad Racial”, y dijo que hay que atender a un grupo numeroso de personas trans que tienen más de 50 años y no van a poder “entrar en el mundo del trabajo”.
Por su parte, Néstor Silva, integrante de Organizaciones Mundo Afro, reclamó que la Ley de Acciones Afirmativas, que promueve medidas en los ámbitos públicos dirigidas a personas afrodescendientes, no “quede en una declaración”, e insistió en que la norma requiere “medidas profundas” en materia de educación, “que es un hueso duro de roer”.
Enseguida, Mónica Michelena, asesora de la Unidad Micro Racial de Asuntos Indígenas del Ministerio de Relaciones Exteriores, habló sobre el “ideal de homogeneidad” y la “concepción monocultural” que impuso el Estado uruguayo históricamente, y criticó a los presidentes que en sus discursos dicen que “los uruguayos bajaron de los barcos”, dejando de lado a “los pueblos originarios y los afrodescendientes”. Finalmente, reclamó que el Estado uruguayo reconozca “el genocidio” de los pueblos originarios, tal como lo hizo con los del pueblo judío y el armenio, y celebró la incorporación de un módulo de autoidentificación de ascendencia étnico racial en el Censo de 2011, que reveló que 159.319 personas se consideran de ascendencia indígena.
La edila nacionalista Cristina Ruffo, electa por el Partido de la Concertación (Lista 22014) e integrante de la Comisión de Equidad y Género de la Junta Departamental de Montevideo (JDM), se encargó de ponerle cifras a la participación femenina en política. Entre otros datos, informó que desde 1985 sólo seis de las 19 juntas departamentales “han mantenido o aumentado” la cantidad de edilas.
El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Faustino Rodríguez, se refirió a las casi 50 leyes aprobadas en los últimos diez años “en favor de los trabajadores”. Dijo que hay varios proyectos de ley en el Parlamento para “seguir ampliando los beneficios y derechos”, entre ellos uno de protección a los discapacitados, otro que asegura el cobro de los créditos laborales a los trabajadores de empresas que cierran, y el que permite que viviendas desocupadas puedan volcarse al mercado inmobiliario para su usufructo.
La actividad, que se efectuó en el recinto de la JDM, fue clausurada por el presidente de ese órgano, el edil frenteamplista Martín Nessi (Movimiento de Participación Popular, MPP), el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez (MPP) y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez.
“Somos solamente una parte de los que luchan y los que dan batalla. Hay que recordar que esos derechos son producto de las luchas anteriores y van cambiando con el tiempo. Nos dimos la democracia para consagrar esos derechos que creemos que son justos en determinado momento histórico”, reflexionó Nessi. Para el edil, los derechos “no se otorgan gratis” y tampoco se acumulan siempre al avanzar. “Los derechos también se pueden perder”, agregó.
Sánchez señaló que las organizaciones saben que para conseguir un derecho “primero se tiene que pelear mucho, contra el olvido, la indiferencia y exponiendo razones”, y “muchas veces se votan en los parlamentos”, lo que implica también prepararse para esa discusión, que puede ser “muy larga”. Recordó que la Ley de Ocho Horas entró al Parlamento en 1906 y se votó en 1915, y que tuvieron que pasar “13.000 leyes más” para que ese derecho se consagrara para los asalariados rurales. “Pero después de que se aprueban las leyes hay que aplicarlas, y ésa es otra etapa muy importante, porque es la posibilidad real de ejercer los derechos que están consagrados formalmente. Para eso hay que seguir peleando”, agregó.
Finalmente, el intendente capitalino recordó la resistencia a la dictadura y dijo que los que piensan que los derechos que tienen en la mano no se les van a escapar “se equivocan”. “Tenemos que trabajar en todas y cada una de estas áreas, para aplicar el marco legal, y espero que nunca más volvamos atrás en ese marco legal y que hagamos el cambio cultural para ser una nación que no discrimine a nadie”, concluyó.