En el Día Internacional contra la Erradicación de todas las formas de Violencia hacia la Mujer, referentes institucionales de los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, Defensa Nacional, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, e Interior, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Poder Judicial, la Administración Nacional de Educación Pública y organizaciones sociales, entre otros, acompañarán hoy la presentación del “Plan de Acción 2016-2019: Por una Vida Libre de Violencia de Género con mirada generacional”, que fue firmado por decreto presidencial el 16 de noviembre.

“El alto número de muertes de mujeres, señala déficits en el sistema de prevención, detección y protección”, reconoce el texto. Si bien enumera avances registrados en los últimos años, el plan identifica las numerosas fallas que concluyen en las cifras aterradoras que tiene Uruguay en el asesinato de mujeres en manos de parejas o ex parejas. Fallas que van desde la falta de una real aplicación de la legislación existente hasta la carencia de dispositivos de atención, de equipos técnicos, de un trabajo interinstitucional que considere a las mujeres, niñas y adolescentes como centro y las priorice. Falta de campañas de difusión de otros modelos de relacionamiento entre mujeres y varones, carencias en la formación de profesionales y falta de compromiso real de las instituciones para que hagan carne de la letra escrita.

El plan apunta a potenciar lo hecho hasta ahora y a cambiar la pisada. Para seguir de cerca ese compromiso, fija una serie de objetivos, resultados e indicadores, con metas cuantificables de las que se pasará raya al término de 2019.

Se buscará que al final del período haya disminuido el número de femicidios -maneja ese concepto para referirse al asesinato de mujeres por violencia de género-, así como la cantidad de mujeres que haya sufrido algún tipo de violencia basada en género.

Se prevé crear 560 cupos al año para la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato, abuso sexual o explotación sexual comercial, en modalidad de tiempo parcial, y 240 cupos al año para la atención durante las 24 horas (en esta última modalidad se incluye también a madres). Se crearán al menos 19 servicios de atención psicosocial legal que trabajen en la interinstitucionalidad en todo el territorio; cuatro servicios departamentales (en Maldonado, San José, Montevideo y Canelones) y dos regionales (Salto y Rivera) para la atención de mujeres, con medidas de uso de tecnologías por alto riesgo de vida; un servicio en Montevideo y otro itinerante para todo el territorio, para atender a mujeres víctimas de explotación sexual, y al menos un sistema de tobilleras electrónicas por departamento.

En la órbita del INAU se crearán 21 unidades de prevención y atención de la violencia y 30 comités de recepción local del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia. Se buscará responder a 100% de las llamadas recibidas por el 08004141 (violencia doméstica) y 08007272 (violencia basada en género) y brindar atención psicológica a 100% de los huérfanos por violencia doméstica. Otro objetivo será que 90% de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud cuenten con equipos de referencia en violencia doméstica y sexual, y que haya diez servicios de referencia departamental para la asistencia específica a situaciones de alto riesgo o daño de vida.

Pensando en la integralidad de las soluciones, el gobierno se compromete a capacitar a 100% de las mujeres que son atendidas en servicios de violencia doméstica y requieran capacitación laboral.

Se crearán dos centros de atención en crisis y se entregarán 200 soluciones habitacionales transitorias, y se pondrá en marcha una experiencia piloto de casas asistidas; también se construirá una casa de breve estadía en Montevideo y otra en el norte del país.

Otro de los focos está puesto en los servicios de resocialización de varones: se crearán cuatro departamentales (Maldonado, San José, Montevideo y Canelones) y dos regionales (Salto y Rivera).

El trabajo a nivel de procesos judiciales es identificado como una de las patas débiles en el tema. Se pretende crear en Montevideo, en 2016, seis fiscalías especializadas, ocho juzgados especializados en violencia doméstica y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y dos juzgados especializados en Crimen Organizado, para atender casos de redes de trata de personas con fines de explotación sexual y comercial de todo el país.

Se propone, también, presentar una Ley Integral de Violencia Basada en Género; la incorporación legislativa del delito de femicidio como figura legal, y crear una Ley Integral de Trata de Personas. Asimismo, se manifiesta la intención de incorporar textos sustitutivos a la reforma del Código Penal, para “avanzar en la tipificación de leyes penales, especialmente las referidas a la violencia sexual”.

Se cuantificarán las campañas masivas y en centros educativos, mediante la propuesta de pautas de relacionamiento no violentas. El plan incluye números de funcionarios públicos a los que es necesario capacitar y sensibilizar, de estudiantes formados con perspectiva de género, cantidad de protocolos a crear, identificación del gasto público destinado al abordaje de la temática, y se explicitan pautas de seguimiento para que el plan se cumpla.