La comisión convocada por el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) para sintetizar una propuesta de reforma constitucional encomendó a algunos de sus integrantes la tarea de redactar un informe para presentar, en diciembre, ante ese organismo de la fuerza política. Manuel Laguarda (Partido Socialista, PS), Alberto Castelar (Movimiento de Participación Popular), Margarita Percovich (Casa Grande), Felipe Michelini (Nuevo Espacio), Daoiz Uriarte (Vertiente Artiguista), Manuel Ferrer (representante de las bases de Montevideo) y el secretario de la comisión, Eleazar de León (PS), se reunieron ayer para avanzar en la elaboración del documento que incorpora las propuestas presentadas por todos los sectores.

El cronograma previsto marca que este informe será presentado primero ante la comisión, que está integrada por delegados de todos los grupos con representación en la Mesa Política, del Secretariado del FA y de las bases, para ser aprobado, y luego pasará a la Mesa Política para que lo incluya en el orden del día a tratar de el Plenario Nacional del 5 de diciembre. Según Castelar, el informe va a contener “las propuestas en las que hay acuerdo, y quizás también incluya aquellos puntos en los que no hay acuerdo”.

Por su parte, Ferrer afirmó que a partir de las discusiones que tuvieron lugar en la comisión se llegó a la conclusión de que “el nivel de acuerdo es gigante”. “Esto es sorprendente porque habíamos partido de puntos muy distantes”, agregó. También se dejará constancia de “algunos disensos” sobre los que “hay que seguir trabajando”, explicó el militante frenteamplista.

Los puntos en los que se llegó a acuerdo han sido expuestos en distintas charlas por los miembros de la comisión. La reforma implicará cambios en el sistema electoral, estableciendo la posibilidad de que el triunfo en la primera vuelta de las elecciones nacionales se pueda alcanzar no sólo por obtener la mitad más uno de los votos, sino por conseguir una diferencia determinada sobre el segundo. Fuentes del FA dijeron que el sistema argentino, en el que el partido ganador debe alcanzar 45% de los votos o 40% con una diferencia mayor a 10% sobre el que le sigue, es uno de los que tienen más adeptos en la fuerza política.

También se plasmarán en la nueva carta magna aquellos derechos sobre los que se ha legislado en los últimos años, como el matrimonio igualitario, que introduce un nuevo concepto de familia, así como el derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización.

Asimismo, hay acuerdos en cuanto a equilibrar los poderes del Estado, disminuyendo los del presidente y otorgando mayores facultades al Poder Legislativo. También se buscará incorporar la normativa internacional sobre derechos humanos y modificar la estructura del Poder Judicial. Se acordó además la importancia de garantizar el voto de los uruguayos en el exterior, incorporar la descentralización por medio de la figura de los municipios (en la Constitución actual el término “municipal” refiere a los gobiernos departamentales) y reformular el concepto de derecho de propiedad.

Ferrer aclaró que en ningún caso se discutió la redacción que tendrá la propuesta de carta magna, sino que el propósito fue primero “llegar a los acuerdos políticos” y derivar después esa tarea a especialistas jurídicos. “Entre los grandes acuerdos hay matices de implementación que no es potestad de la comisión determinar”, agregó. El representante de las bases indicó que también acordaron no debatir sobre los mecanismos para concretar y aprobar la reforma. Según Ferrer, en el FA hay dos posturas: la convocatoria rápida a una convención nacional constituyente, propuesta que tiene como inconveniente la premura de los tiempos, ya que el FA debería resolver sobre el tema a principios del año que viene; y el mecanismo de la iniciativa popular, menos exigente en los tiempos, ya que implica que la reforma se estaría plebiscitando junto con las elecciones nacionales de 2019.

La Constitución uruguaya, de 1967, es una de las más viejas del continente y sólo fue modificada en materia electoral en 1996, por lo que siguió siendo denominada “Constitución de 1967”.