Las personas con discapacidad han estado históricamente en un lugar social marginal también en materia de las políticas públicas de deporte y recreación. Mientras que muchos colectivos han conquistado derechos, las personas con discapacidad todavía enfrentan serias dificultades para acceder a ellos.

En materia de educación física, se necesita cada vez más participación y menos exoneración; la situación de discapacidad de una persona o las deficiencias de los docentes en materia de formación no pueden ser barreras para el ejercicio del derecho. Debemos formar más y mejor para la inclusión, y en eso trabajan, afortunadamente, centros de formación como el Instituto Superior de Educación Física y la Asociación Cristiana de Jóvenes.

El deporte adaptado tiene precursores que han avanzado en el desarrollo de deportes paralímpicos; sin embargo, todavía se necesita mucho más apoyo en cuanto a su orientación política, estratégica y presupuestal. Existen en el mundo orientaciones para transitar un modelo de desarrollo del deporte adaptado, eficiente y justo.

Los países ricos muchas veces han organizado federaciones únicas de deportistas con discapacidad, articulando con las federaciones convencionales. Ese modelo ha tenido importantes avances, pero también implica un esfuerzo financiero importante (además de otras dificultades, relacionadas con su impronta “separatista”).

En cambio, existen otros modelos basados en la inclusión de los deportes adaptados en las federaciones deportivas convencionales; puede decirse que se trata de propuestas más integrales o inclusivas.

Esta estrategia implica que en las federaciones coexistan los deportes convencionales y los adaptados. De esa manera es posible abordar al deporte y su institucionalidad como un único elemento, evitando la fragmentación institucional y las tristes disputas de fondos.

Desde esta perspectiva es posible integrar los objetivos federativos y deportivos, las metas y los logros, los cronogramas de competencias, los materiales, las identidades y la “camiseta”. El deporte se estructura de esa manera como un elemento democratizador para la población, facilitando los procedimientos administrativos, económicos, legales, de los derechos y la vinculación de la población con el acceso a los fondos públicos de financiamiento federativo y su transparencia.

Algunos ejemplos: la Unión de Rugby del Uruguay apoyó el desarrollo del Quadrugby y la Federación de Handball, en su momento, ayudó a conformar la Federación de Handball en Sillas de Ruedas. Caminos similares podrían tomar deportes como la boccia, el esgrima, el football powerchair y el fútbol ciego, entre tantos otros.

Estamos en un momento crucial para la definición de las acciones de gobierno, que determinarán las políticas públicas para los próximos cinco años y también por más. Es importante, para eso, tener en cuenta la acumulación de conocimientos y prácticas, tanto en las instituciones públicas como en la sociedad civil organizada. La política pública deportiva tiene la oportunidad de marcar un histórico punto de inflexión en materia del acceso al derecho al deporte por parte de las personas con discapacidad. La participación más amplia es, sin dudas, un muy buen remedio para enfrentar los inventos iluminados, que no convocan ni logran sostenerse.

El compromiso ético de las organizaciones sociales, las personas con discapacidad, sus familias y la apertura de las federaciones deportivas con el impulso del Estado son garantías para comenzar a escribir un cambio que dará frutos en el corto plazo, y que además serán el abrigo y el abrazo de las generaciones futuras.