Si que hablen mal de alguien es mejor que la indiferencia, no se puede decir que Uber entró a Uruguay por la puerta chica: cuando la empresa empezó a operar oficialmente en Montevideo, el viernes, había generado ya un mes de discusiones entre todos los actores del transporte público, y los debates se siguen extendiendo hacia otros ámbitos sindicales y estatales. Hoy de tarde, a pedido del edil blanco Javier Barrios, la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental de Montevideo se reunirá con el colombiano Gonzalo Araújo, gerente de la empresa para Asuntos de América del Sur, para analizar el tema. Según dijo Barrios a la diaria, la idea era coordinar, además, una instancia con representantes del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (CPATU), pero a pedido de los ediles del Frente Amplio se agregó un tercer encuentro con el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT).

En paralelo, la Asesoría Jurídica de la Intendencia de Montevideo (IM) sigue estudiando la carpeta que Uber presentó al intendente, Daniel Martínez, y que un comunicado de la comuna calificó de “copias simples de folletos explicativos e informaciones de prensa internacionales sin una propuesta concreta”. El jueves la IM amenazó con multas y retiro de chapas a los conductores vinculados con la empresa que circulen por la ciudad. Barrios aclaró que la Junta Departamental no tuvo acceso a esos documentos, pero adelantó que, en su opinión, la actividad de Uber no se ajusta a la reglamentación actual.

El presidente Tabaré Vázquez también se pronunció sobre el tema. Fue ayer, en rueda de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, en Durazno. “La discusión más importante se debe dar en el marco del Congreso de Intendentes”, dijo, pero eso no significa que el gobierno nacional se quede al margen, y ya hay una comisión para discutir el tema, que involucra también a trabajadores y usuarios.

Por ahora, la Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial (Ancosev) no fue convocada, dijo a la diaria Manuel da Fonte, integrante del grupo, pero le interesaría serlo. El sindicato y la patronal del taxi, por su lado, ya dejaron clara su oposición a la actividad de la empresa, por la amenaza que representa a las fuentes laborales. Desde Ancosev ven la llegada de Uber con entusiasmo; Da Fonte opina que sería un servicio de mejor calidad que el taxi, lo que generaría más viajes y más trabajo para los conductores.

Uno de los reclamos más firmes por parte de los usuarios es el retiro de la mampara de los taxis, que el vocero de Ancosev califica como “un elemento ajeno a los automóviles que fue introducido sin pruebas”, que no cumple su función de evitar las rapiñas y que este año dejó un saldo de tres pasajeros muertos. En la tarde de ayer, los presidentes de CUTCSA y CPATU, Juan Salgado y Óscar Dourado, se reunieron para estudiar la llegada del nuevo jugador del transporte. La patronal del taxi se pronunció dispuesta a eliminar la mampara y a hacer un “recambio” de la flota, dijo Salgado en declaraciones a Subrayado. Por su lado, la Unidad Nacional de Seguridad Vial tendrá mañana la última de una serie de reuniones para intercambiar posiciones sobre las ventajas y desventajas de la muralla de acrílico, en un ámbito que funciona desde junio.

“Si la IM amaga con sacar la mampara nosotros vamos a la huelga”, dijo ayer a la diaria Carlos Silva, dirigente del SUATT. El tema se coló en un plenario que se había convocado para la noche de ayer con la idea de discutir sobre Uber. El vocero del sindicato dijo que hay una comunicación fluida con Daniel Martínez y la junta de Montevideo. Silva adelantó que el SUATT está de acuerdo con que la IM haya salido a fiscalizar -y a multar-. “Lo que Dourado quiere es defender su monopolio, y lo responsabilizamos a él por oponerse a regular el rubro”. Al cierre de esta edición, el sindicato aún estaba reunido en asamblea, pero la posición es clara: Uber no.