Jerarcas del gobierno, técnicos competentes en la materia y varios legisladores oficialistas desconocen su contenido y los pormenores de su negociación. Algunos lo califican de “inadmisible” y “disparatado”. Pero lo cierto es que el “Acuerdo de asistencia técnica a través del Departamento de Energía”, suscrito en el gobierno de José Mujica entre Estados Unidos y Uruguay, sigue su curso, fue aprobado el 3 de noviembre por la Cámara de Diputados y está a estudio de la comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

El acuerdo comenzó a gestarse a partir de notas reversales intercambiadas por las cancillerías de ambos países, a propuesta de Estados Unidos, entre abril de 2011 y febrero de 2012. El gobierno de ese país se ofrece en el acuerdo a brindar asistencia para “identificar, proteger, eliminar y/o facilitar la disposición de materiales nucleares y otros materiales radiactivos de Uruguay que se utilizan en aplicaciones civiles, que están en riesgo de robo o sabotaje, y que potencialmente podrían ser utilizados en armas nucleares o dispositivos de dispersión radiológica”.

En la exposición de motivos del proyecto se sostiene que el acuerdo se ampara en convenios internacionales suscritos por Uruguay. Por ejemplo, la Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica, de 1989, que promueve que los estados firmen acuerdos bilaterales tendientes al intercambio de información y a la asistencia en emergencias radiológicas. “Contar con el apoyo del Departamento de Energía de Estados Unidos constituye sin duda un factor muy importante para el correcto manejo y cuidado de los materiales nucleares y afines y por ende para la seguridad de la población de nuestro país”, señala el mensaje del Poder Ejecutivo, firmado por el ex presidente José Mujica, el ex canciller Luis Almagro y el ex subsecretario de Industria, Energía y Minería Edgardo Ortuño.

El acuerdo habilita al gobierno de Estados Unidos, previa notificación escrita cursada con 30 días de anticipación, a “examinar el uso de cualquier equipo, suministros, materiales, tecnología, capacitación o servicios prestados de conformidad” con el convenio, “en los lugares de su emplazamiento o su uso en Uruguay”, y le da el derecho de “auditar y examinar todos los registros o documentación relacionada con el uso de los materiales o servicios prestados de conformidad con el presente acuerdo”.

En Uruguay, 90% del material radiológico se utiliza en aplicaciones médicas y odontológicas. Según explicó a la diaria Walter Cabral, director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección durante este gobierno y también durante el anterior, el organismo que encabeza ya tiene convenios de cooperación con el Departamento de Energía de Estados Unidos, que renueva cada dos o tres años, pero su alcance es más restringido. El asesor legal del organismo, Ricardo Osores, explicó a la diaria que Estados Unidos provee infraestructura en materia de vigilancia radiológica -por ejemplo, cámaras de seguridad y puertas blindadas- y que luego el gobierno de ese país tiene la potestad de inspeccionar esa infraestructura para verificar si está funcionando bien, pero su actuación se limita a esa tarea, que sólo se lleva a cabo si el particular que utiliza la infraestructura lo autoriza. En el caso del convenio que se encuentra a estudio del Senado, el campo de acción abarca a todos los materiales radiactivos, y las potestades de examen se extienden a cualquier equipo e incluso a documentación objeto de la asistencia. Tanto Cabral como Osores señalaron que no están al tanto del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados y que no participaron en su negociación.

Lo mismo señaló un jerarca del gobierno anterior, que prefirió no identificarse pero que calificó el acuerdo de “disparatado” e “inadmisible”. “En los países que no tienen centrales nucleares, hay una cantidad de fuentes radiactivas, como las de uso médico y oncológico. Las preocupaciones que tiene un gobierno respecto de esas fuentes es que haya un mal uso, o la posibilidad de que te roben esas fuentes radiactivas para usos delictivos. Existen tratados internacionales en los que los países habilitan a que el OIEA [Organismo Internacional de Energía Atómica] haga controles de diferentes tipos. No parece una mala idea que un país desarrollado pueda ayudar y asistir a un país como Uruguay para utilizar las mejores prácticas posibles para que no haya riesgos de robos, pero permitir a otro país entrar a hacer cualquier cosa en tu territorio es inadmisible. Es una demencia”, consideró la fuente.

Edgardo Ortuño, uno de los firmantes del acuerdo, dijo a la diaria que no lo recuerda, pero que si fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, debe de haber habido necesariamente “un informe técnico favorable de la dirección respectiva, o un informe favorable de la cancillería que el ministerio [de Industria] avaló”.

Los diputados frenteamplistas Roberto Chiazzaro (Partido Socialista) y Jorge Meroni (Movimiento de Participación Popular), ambos integrantes de la comisión de Asuntos Internacionales, tampoco recuerdan los contenidos del acuerdo votado por la Cámara de Representantes el 3 de noviembre. El miembro informante por el oficialismo fue el diputado de Asamblea Uruguay Silvio Ríos, quien recordó que el proyecto ya había sido aprobado por el Senado en el período pasado, pero le faltó la otra media sanción, y por eso se reflotó en este período. “Nosotros repetimos los términos en los que había sido acordado por el Senado en el período pasado. A mí me llamó la atención, porque tengo la sensación de que es un acuerdo de otro momento histórico, pero que igual puede utilizarse ahora”, señaló Ríos. Consultado respecto de la potestad que el acuerdo da a Estados Unidos para inspeccionar equipos y documentación, Ríos señaló que tiene entendido que “eso se puede hacer a pedido de Uruguay”. El acuerdo indica que basta con que Estados Unidos realice la notificación para que adquiera el derecho de inspección sobre los servicios o el material objeto de asistencia técnica.