Los beneficios fiscales ayudaron, pero Vallcorba cree que la expansión de los medios de pago electrónicos fue producto, más que nada, del “mayor conocimiento” y la ampliación de las terminales POS (Point of Sale en inglés, el aparato electrónico por el que se deslizan las tarjetas para hacer efectivo el pago) en la red de comercios. Mientras que en 2011 había unas 13.157 terminales, en junio de 2015 la cifra se había más que triplicado, elevando la cantidad a 40.428.

Consideró que “el mayor avance se ha dado en un colectivo que usa mucho la tarjeta de débito, pero hay otros que todavía no la utilizan”, algo que estimó que se debe al retraso en la incorporación al “ecosistema digital” de las micro y pequeñas empresas y la utilización de algunos POS que en vez de agilizar el trámite, terminan haciéndolo más tedioso.

Para impulsar el uso de estos medios, la secretaría de Estado lanzará “en un par de semanas” un “paquete promocional” que aspira a facilitarles la transición a las micro y pequeñas empresas mediante otros beneficios: la prorrogación de los subsidios para el arrendamiento de POS (hoy en día vigentes en 70% hasta fines de 2015 y en 40% hasta 2016), y la generación de condiciones que “faciliten la transición de los regímenes tributarios especiales como los literal E o los monotributistas a los regímenes generales”.

Otro plan sobre el que “se está trabajando” es el de “hacer más sencillo” el uso de los medios electrónicos para los consumidores: “Que al usar la tarjeta de débito me pidan el PIN (clave de protección) y sólo eso, y que no me hagan firmar ni colocar datos como dirección, teléfono o documento de identidad”, apuntó Vallcorba. Además, se estima que una vez que los comercios integren el POS al sistema de facturación, esto también facilitará su utilización porque reducirá los tiempos de espera, ya que “al evitar que quien factura ingrese manualmente los datos en el POS, la transacción se vuelve más rápida”.

Respecto de la aparente meseta en el crecimiento del uso de los medios de pago, Vallcorba sostuvo: “Hay comportamientos estacionales de por medio que hacen muy difícil sacar una conclusión precisa. En la evolución más reciente hay un cierto amesetamiento, y la realidad es que hay un momento en el que el crecimiento del uso de medios electrónicos tiende a enlentecerse, pero nosotros creemos que están dadas las condiciones para que los medios de pago sigan creciendo”.

Esfuerzo colectivo

El asesor del MEF hizo hincapié en que hoy la mitad de los trabajadores cobran su sueldo en cuentas bancarias. “El foco de la competencia se traslada de las empresas a los usuarios, en términos de mayores y mejores servicios”, remarcó ayer en una conferencia organizada por la revista Somos Uruguay. En este sentido, insistió en la necesidad de una “actitud proactiva de los sectores privados”.

En una entrevista con Portal AEBU, el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), Elbio Monegal, anunció que el sindicato orientará a trabajadores no bancarios de todos los gremios para que negocien con los bancos, para “aprovechar la oportunidad legal de optar entre diferentes instituciones a la hora de cobrar sus sueldos”. Sostuvo que en una primera instancia se hará “un relevamiento de las necesidades de productos financieros; por ejemplo, crédito de vivienda, crédito automotriz o para una segunda casa” entre los trabajadores, y a partir de esos datos se armará una agenda para proceder a “negociar condiciones con todos los bancos y aquellas empresas no bancarias que también paguen sueldos”. “Vamos a hablar con todos los bancos y a decirles que nosotros queremos saber qué nos pueden ofrecer, y a partir de eso le vamos a hacer recomendaciones a nuestra gente”, agregó Monegal. Consideró, por otra parte, que “es importante hacer esto de manera colectiva”, porque un trabajador aislado, si va a preguntar, se va a enfrentar a los beneficios “estándar”.

Al respecto, Vallcorba advirtió que hay dos aspectos que “relativizan” un acuerdo de este tipo. Por un lado, como la ley prevé que “cualquier beneficio acordado con un particular tiene que estar disponible para todo el colectivo”, sean trabajadores, pasivos o quienes reciben beneficios sociales, “este esfuerzo de los sindicatos termina siendo una negociación para todos los trabajadores, aun cuando no estén afiliados”. También sostuvo que “no se puede obligar” a los pertenecientes al gremio, sino que cada integrante “deberá evaluar los beneficios que se ofrecen en el mercado, y elegir acorde a sus necesidades”.