Mayor participación, transparencia y difusión en la discusión de la reforma del Código Penal. Eso reclaman y dejaron en claro en el petitorio que realizaron el 22 de diciembre más de 40 organizaciones sociales al Poder Legislativo: no votar el proyecto y retomar “discusiones serias y abiertas para lograr un Código Penal que realmente garantice los derechos de todas las personas”.
Después de que por críticas de organizaciones sociales se detuvo la votación de la reforma en el período pasado, ahora, mediante el plan Justicia e Inclusión, el gobierno intenta dar cabida a la segunda parte de dicha demanda. Ayer, en el anexo del Palacio Legislativo se dio a conocer la convocatoria dirigida a la sociedad civil para que envíen sugerencias, modificaciones y propuestas con el objetivo de clasificarlas por tema y discutirlas en una “jornada de reflexión”, que será el jueves 3 de diciembre. Los colectivos ciudadanos podrán presentar sus informes hasta el 20 de este mes.
El plan, que tiene como finalidad “contribuir a la mejora de un sistema de justicia penal eficiente y respetuoso con la protección de los Derechos Humanos”, según aparece en su página web, prevé varias actividades para generar “insumos” para los parlamentarios y la sociedad en general de cara a la inminente reforma de un código que rige desde la época terrista. Según explicó el coordinador de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pablo Álvarez, el plan es gestionado por la OPP y financiado por la Unión Europea, y surgió a pedido de la Escuela de Gobierno. Se enmarca en el programa de apoyo a la reforma de la Justicia penal, que finalizará en marzo de 2016 con la sistematización de las demandas recogidas de la sociedad civil, de partidos políticos con representación parlamentaria, y la opinión de expertos nacionales e internacionales sobre los “aspectos en los que Uruguay necesita avanzar en la calidad y precisión de su legislación”; a su vez, catalogarán las casi 100 leyes extra Código que se han aprobado en los últimos años y que ahora deberían ser incluidas en la reforma.
Cecilia Bottino, que integra la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja, sostuvo que se trata de una iniciativa “muy importante” porque es un acto de democratización. “Se da la oportunidad de expresarse a las organizaciones que quieran”, señaló. Sobre la comisión de legisladores del Frente Amplio que está estudiando la reforma del Código desde junio, aseguró que hay “grandes avances” respecto de delitos relacionados al género y la informática, pero que aún no tienen una redacción final.