En marzo de 2005 Uruguay ratificó la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional y protocolos adicionales, entre ellos el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. En enero de 2008 el país tipificó el delito de trata y tráfico de personas en la Ley de Migraciones (Nº 18.250); y en setiembre hizo suyo el acuerdo contra el tráfico ilícito de inmigrantes entre los estados partes del Mercosur. A casi ocho años de aquella ley que por medio de un “mecanismo extraño” -según el fiscal de Corte, Jorge Díaz- le puso nombre y definió una de las formas de menoscabar la dignidad humana, hoy sigue habiendo grandes falencias para detectar, ayudar y atender a las víctimas.

Ayer se llevó a cabo el IV Encuentro Universitario de Género, Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar). En la mesa de debate sobre trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, Díaz, la antropóloga social Susana Rostagnol, la jefa de promoción de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, Daniela Sena, y la directora de la organización no gubernamental El Paso, Andrea Tuana, dejaron en evidencia varias fallas en el accionar del Estado ante una situación de trata y/o tráfico de personas.

Díaz señaló que la mencionada ley sanciona la circulación ilícita de personas y, por otro lado, la trata, que es un delito de lesa humanidad, y sostuvo que la norma tiene como fin proteger el derecho innato de cada persona. A su vez, aclaró que todos los participantes en el delito, ya sea reclutando, transportando, transfiriendo, acogiendo o recibiendo a las personas tratadas, son autores del crimen, porque la finalidad es la explotación. Sin embargo, para tener una “idea de lo afectados que están los criterios de privilegio de los legisladores”, señaló que la Ley de Migración prevé que quien “favorezca o facilite la entrada, el tránsito interno o la salida de las personas del país será castigado con una pena de dos a ocho años de penitenciaría”, mientras que para quien cometa el delito de copamiento, contra la propiedad privada, se estipulan ocho años como mínimo. Aunque “la tipificación es correcta desde el punto de vista jurídico, la pena es excesivamente baja”, afirmó, y exhortó a modificarla.

El fiscal de Corte dijo que el “gran problema” de la Justicia radica en “poder probar” la comisión de este delito. “Es difícil probarlo porque las organizaciones criminales utilizan medios de comunicación sofisticados, en un país que discute cinco años si utilizar o no El Guardián… cuando lo implementemos ya va a ser viejo”, explicó. Agregó que “en todos los países entre 70% y 80% [de los juristas] están acostumbrados a partir desde el testimonio de la víctima”, cuando en realidad se debe desterrar ese proceder porque es “muy difícil que colabore, sobre todo cuando es recién rescatada, porque el grado de vulnerabilidad es impresionante”. En ese sentido, identificó otro “desafío” para la fiscalía: entender que “muchas veces hay que renunciar [a la investigación], porque lo más importante es rescatar a la víctima ”, indicó. Díaz aseguró que cuando la persona pasa de “víctima a victimario, el lío es fenomenal: [los juristas] no saben para dónde salir”, porque las situaciones son “altamente complejas”. Aseguró que nunca se puede imputar delitos a las personas víctimas de trata, porque “ni siquiera se trataría de agarrar al eslabón más débil, sino sólo una parte blanda de la organización”.

Rostagnol identificó algunas de las “condiciones propiciatorias” para la trata: gobierno, Justicia y Policía corruptos, institucionalidades débiles, zonas de alto analfabetismo. También incide que haya un índice alto de violencia doméstica, porque se deja a las mujeres en un lugar de vulnerabilidad, en el que “pasar a sufrir más violencia no es muy difícil”; esto se agudiza en el caso de personas que no tienen un “horizonte en la vida, con falta de perspectivas, de futuro”. Señaló que la globalización y las tecnologías de información y comunicación sirven para propiciar los sistemas de trata. Por último, destacó que el incremento del consumo como valor ciudadano muchas veces implica cosificar a las personas como bienes de consumo y “entrar al sexo comercial”. También reconoció que en países “donde las condiciones son malas, aceptar condiciones de vida también terribles es una opción”.

Por su parte, Tuana planteó que a pesar de tener una ley, es necesario volver a discutir la prostitución, porque implica una forma de violencia de género que les da a los “varones la posibilidad de acceder al cuerpo de las mujeres” y ser “altamente vulnerables a la captación para trata”. También discutir el “consentimiento” de las personas, tanto de las niñas y adolescentes que tienen relaciones con hombres mucho mayores, como de las extranjeras que “se ven caminando por 18 de Julio, aparentemente libres”, pero que en realidad están controladas por una red y tienen deudas con ella.